matrimonio igualitario

'La controversia planteada guarda relación con derechos fundamentales y humanos'

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ANÁLISIS. El sistema jurídico panameño tiene la posibilidad de afrontar la importante decisión de otorgarle el reconocimiento al matrimonio igualitario, es decir, entre personas del mismo sexo, con las mismas prerrogativas que otorga la Constitución y la ley al matrimonio de parejas heterosexuales.

Lo anterior se deriva de la opinión emitida por el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, en la advertencia de inconstitucionalidad promovida por Enrique Raúl Jelenszky Carvajal, contra el artículo 26 del Código de la Familia.

En el Derecho Constitucional existe la doctrina denominada la Pirámide de Kelsen en honor al jurista austríaco Hans Kelsen, quien propuso que el orden jurídico de un país se asemeja a una pirámide que tiene en la cúspide a los tratados internacionales, por debajo de los cuales estaría la Constitución a la cual seguirían las leyes, los decretos, las resoluciones y todas las demás normas jurídicas de inferior categoría. Esta doctrina está recogida en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, el cual expresa que “La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”. Es este precepto el centro de la argumentación de la advertencia de inconstitucionalidad, y por ende, de la opinión del procurador Rigoberto González Montenegro.

Este recurso pretende que el pleno de la Corte Suprema de Justicia adopte los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que, interpretando la Convención Americana de los Derechos Humanos, ha emitido decisiones favorables al matrimonio igualitario.

La jurisprudencia internacional sostiene que no hay un fundamento para establecer restricciones al matrimonio igualitario, porque cualquier restricción a este tipo de matrimonio viola el principio de igualdad de todos los seres humanos.

En su vista 503 fechada el 11 de mayo de 2017, el procurador de la Administración respalda este argumento y lo desarrolla extensamente, en lo que seguramente se convertirá en un documento de referencia tanto para las facultades de derecho como para todos aquellos estudiosos de los derechos humanos.

En la opinión del procurador González Montenegro, el núcleo de la resistencia al reconocimiento del matrimonio igualitario radica en concepciones religiosas que deben ser ajenas a un Estado constitucional moderno. Así, la vista 503 expresa lo siguiente: “…la controversia planteada guarda relación con derechos fundamentales y humanos, la perspectiva desde la cual se ha de abordar la misma, debe ubicarse desde la óptica de lo que implica el Estado laico”.

Debido a que la Procuraduría de la Administración solo puede opinar sobre los argumentos esbozados por los abogados en este caso, se enuncian algunos criterios sumamente importantes para ser considerados por la Corte Suprema de Justicia, sin que los mismos pudieran ser desarrollados a cabalidad por las limitaciones propias de los procesos de inconstitucionalidad.

En una interpretación holística de nuestra Constitución Política se pueden encontrar dos normas que apoyan el reconocimiento del matrimonio igualitario. Por un lado, el artículo 19 prohíbe los fueros y privilegios. Al limitarse el matrimonio exclusivamente para la categoría de ciudadanos que forman parejas heterosexuales, se está creando un privilegio, que no está disponible para todos los ciudadanos. Ese mismo artículo también prohíbe la discriminación por causas religiosas; y como lo ha señalado el propio procurador de la Administración, el fundamento de la restricción existente es de naturaleza religiosa.

A su vez, el artículo 57 de la Constitución regula expresamente a la institución del matrimonio de derecho en Panamá. Este artículo no hace distinción al género de los contrayentes: “ El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley”.

Una formulación similar a la de la Constitución panameña en materia del matrimonio también existe en la Constitución del estado mexicano de Quintana Roo. La Corte Suprema de dicho estado decidió que como la Constitución no había especificado el género de los cónyuges, el matrimonio igualitario era constitucional.

Aunque el procurador de la Administración afirma que la Constitución panameña no permite el reconocimiento de este tipo de matrimonio, y que por esto hay que recurrir a la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, queda claro que todavía tenemos mucha tela que cortar porque hay una segunda advertencia de inconstitucionalidad con argumentos distintos, solicitando el reconocimiento del matrimonio igualitario en Panamá.

En todo caso, si el pleno de la Corte Suprema de Justicia no le otorgase el reconocimiento, el procurador de la Administración señala lo que puede ocurrir: “…se pone en riesgo que el Estado panameño sea demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con todas las consecuencias que ello implica”.

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