Investigaciones en italia

Un triángulo de corrupción: Investigan nexos de Valter Lavítola con Odebrecht

Fiscalía de Nápoles determinó un supuesto acuerdo corruptivo entre Valter Lavítola, el empresario Rogelio Oruña y el expresidente Ricardo Martinelli.

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Valter Lavítola, preso en Italia, enfrenta varios procesos judiciales. Valter Lavítola, preso en Italia, enfrenta varios procesos judiciales.
Valter Lavítola, preso en Italia, enfrenta varios procesos judiciales.

“Está probado que hubo un acuerdo corruptivo tramitado por Rogelio Oruña y Valter Lavítola para conducir coimas a Ricardo Martinelli”. Alto y claro. Así lo ha asegurado el fiscal jefe del Tribunal de Nápoles, Vincenzo Piscitelli, ante el Colegio de Jueces de la Sexta Sección C, presidido por la magistrada Giovanna Cepalluni.

Con el estilo propio de la narración forense, Piscitelli ha recapitulado cronológicamente las pruebas que evidencian la extorsión a Impregilo para que costeara la construcción del hospital pediátrico de Veraguas, valorado en unos $22 millones, a cambio de futuras licitaciones de obras públicas que le adjudicaría el gobierno de Martinelli.

No solo eso. De las tres horas de exposición de conclusiones, el fiscal ha usado, al menos, dos para explicar otros comportamientos ilícitos atribuidos al imputado Lavítola que tienen que ver con Panamá. Entre ellas, su intermediación en el presunto desvío de $25 millones en coimas en las adjudicaciones de contratos a Finmeccanica o sus supuestas maniobras en la trama corruptiva ligada a la frustrada construcción de las cárceles modulares por parte de la empresa Svemark.

En un ejercicio de unión de los puntos del rompecabezas, el fiscal ha determinado que Lavítola fue el protagonista, junto con el empresario Rogelio Oruña y el expresidente Ricardo Martinelli, de una red de flagrante corrupción mucho más compleja, que deja en segundo plano los chantajes y amenazas a Impregilo.

Al final de su intervención, el fiscal ha abierto un nuevo escenario corruptivo: Panamá–Brasil. Ante la mirada rabiosa de Lavítola –flanqueado por sus dos abogados– ha puesto de manifiesto ante los jueces indicios de corrupción en la licitación del Metro de Panamá, “la mayor adjudicación del país después del Canal”, en julio de 2010.

No solo ha puesto en duda que el proyecto presentado por el consorcio de la española FCC y la brasileña Odebrecht fuera superior técnicamente al de Impregilo, sino que ha afirmado que Lavítola “ejerció un canal corruptivo en Brasil” al mediar a favor del gigante carioca de la construcción.

“Que el proyecto era mejor, no lo creo. Martinelli prefirió a los brasileños. Quién sabe lo que consiguió con ello”, se preguntó.

En este sentido, el fiscal ha sacado a colación la conversación que mantuvo Lavítola, mientras estaba en arresto domiciliario, con el periodista Joan Solés, cuando le reveló que el total de las coimas que habría gestionado sumaban entre $850 millones y $900 millones, y que una buena parte provenía del Metro de Panamá.

En aquella ocasión, Lavítola añadió que él se encargó de transferir el dinero de las coimas en cuentas cifradas en bancos de paraísos fiscales, operaciones por las que debía recibir un 20% en concepto de comisión.

La Fiscalía de Nápoles ha abierto otra investigación a partir de estas revelaciones que, al momento, sigue bajo secreto del sumario.

Además, Piscitelli ha entregado a los jueces notas de prensa que recogen la reciente macroinvestigación que implica a Odebrecht en un millonario esquema de corrupción y soborno de la estatal Petrobras, que habría favorecido a políticos y empresarios del país carioca.

Otro año de prisión

El delito de extorsión –recogido en el artículo 629 del Código Penal italiano– somete a penas de prisión de 5 a 10 años. Sin embargo, el fiscal ha aplicado atenuantes genéricos y –según ha explicado– ha pedido una pena reducida de tan solo 12 meses y $6 mil 200 de multa de cárcel porque Lavítola tiene otros frentes abiertos en un rompecabezas de coimas e intereses oscuros –que ya están bajo la lupa de la justicia italiana–.

Lavítola ha sido condenado a un año y cuatro meses de prisión por haber intentado extorsionar al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, y a dos años y ocho meses por malversación de fondos. Las dos fiscalías que le juzgan (Roma y Nápoles) tienen previsto solicitar, en total, otros cinco años y 11 meses de cárcel para el acusado: 11 meses por corrupción internacional y un año por extorsión en casos ligados a la frustrada construcción del hospital de Veraguas, además de otros cuatro años por corrupción por las adjudicaciones a Finmeccanica.

Por otro lado, está pendiente de inicio de juicio por corrupción en la construcción frustrada de las cárceles modulares de Svemark y por inducción a la prostitución.

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