Una crisis, dos Caracas

´Luchamos por décadas por calidad de vida, justicia social, educación, salud, trabajo. El Gobierno debe cumplir, no se trata de regalar las cosas´.

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La noche del miércoles en Caracas fue una de las más oscuras que se recuerden. Los episodios de violencia callejera, represión y vandalismo que venían sucediéndose –y habían ido in crescendo– en las últimas noches llegaron a su clímax cuando los habituales grupos de opositores se enfrentaron a decenas de hombres armados en motos que disparaban sin ningún control o criterio. Los tiros pegaban en las ventanas y paredes y se escuchaban por toda la ciudad.

A eso se sumaron reportes de represión policial sin precedentes. Aún hoy la información es confusa –compuesta de videos de YouTube y testimonios personales– pero, como escribió Audrey M. Dacosta en el blog Caracas Chronicles, “no se necesitan medios para oír los gritos de tus vecinos”. Y según se escribe esta nota, la plaza Altamira ya está llena de jóvenes listos para otra noche de batalla.

Y no es solo Caracas, cuyas calles y (rotas) aceras exhiben las cicatrices de la furia con que sus hijos se hacen la guerra. Ciudades como Mérida, Valencia y San Cristóbal viven situaciones iguales o peor que la de la capital, completando un cuadro de violencia que –para muchos– no se había visto en este país desde 1989.

Lo curioso, sin embargo, es que la gran mayoría de los medios internacionales no pareció notarlo. Francisco Toro, el fundador de Caracas Chronicles, notaba con impotencia cómo los medios más importantes del mundo –desde The New York Times a Fox News, pasando por Al Jazeera, la BBC y The Guardian– estaban demasiado ocupados con la situación en Ucrania como para mirar más hacia el sur. Y los que hablaban de Venezuela seguían concentrados en Leopoldo López y su proceso legal.

Pero Leopoldo, que comienza en el penal de Ramo Verde a recorrer el laberinto de la justicia venezolana, se vio obligado ayer a compartir protagonismo mediático. “Confieso que estoy aterrorizada”, decía Vicky, una caraqueña de 30 años. Otra, recordando también los episodios de violencia y odio en las inmediaciones del Palacio de Justicia ese mismo día, confesó que “ayer sentí por primera vez el olor de una guerra civil en Venezuela”. Para ellas y miles de venezolanos, ese olor se está haciendo tan fuerte que todo lo demás, a su lado, parece perder importancia.

Y para esa misma gente, en las profundidades de la violencia se encuentran los llamados “colectivos”, organizaciones sociales típicas de algunos barrios –especialmente del 23 de Enero– cuyas labores van desde los medios comunitarios hasta la defensa armada. Desde que el fallecido Hugo Chávez los convirtiera en su versión de nuestros Batallones de la Dignidad, sin embargo, han sido ampliamente responsabilizados por la violencia contra los manifestantes. Los colectivos –y el gobierno–, por supuesto, lo niegan todo, incluso tener ningún tipo de armas.

Lupe en la Coordinadora

En la sede de la Coordinadora Simón Bolívar, uno de los colectivos más fuertes y mejor organizados del 23 de Enero, la mañana transcurre con absoluta tranquilidad. La señal de VTV –el canal estatal– está sintonizada en la televisión del salón principal, de cuyas paredes cuelgan cuadros de distintos personajes tanto venezolanos (Simón Bolívar, Alí Primera y Hugo Chávez) como extranjeros (El Che y Farabundo Martí).

En una esquina, una enorme estatua de un soldado arrodillado apuntando un fusil yace a poca distancia de un trofeo de fútbol y una bandera venezolana. La gente del barrio entra y sale, llevándose ejemplares del periódico comunitario –y gratuito– Ciudad CCS, hecho por la alcaldía del municipio Libertador y cuyo lema es “revolución a diario”.

En la gran mesa en el centro del salón, varios miembros del colectivo conversan sobre las noticias del día, en específico sobre una cuyo titular rezaba “Esposa de López dice que Gobierno lo protegió”. La noticia, que seguía adentro, explicaba cómo Lilian Tintori, esposa del líder opositor, aseguró en CNN que su esposo había recibido amenazas de muerte y que el Gobierno, particularmente el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, había ofrecido garantizar su seguridad.

Para los miembros de la Coordinadora –y todo el chavismo– la noticia era un triunfo en la guerra mediática que mantienen con la oposición. “La derecha lo iba a matar”, asegura uno de ellos con ese aire de quien confirma tener la razón. Del otro lado la noticia no cayó tan bien.

Al lado del gran salón, en una oficina llena de cuadros y otros objetos referentes a casi todas las luchas “revolucionarias” del planeta –desde la causa vasca hasta los zapatistas–, se encontraba Guadalupe Lupe Rodríguez, una de las líderes de la Coordinadora. Para ella, está bien que López esté siendo procesado porque –como esgrime gran parte del chavismo– “la impunidad está matando esta revolución”. Rodríguez, que pasó muchos años luchando en el barrio contra los gobiernos de la llamada “Cuarta República” (1958-1999), recuerda cómo “cuando en el ´23´ se hacía cualquier cosa, aquí entraba la policía a las casas y nos hacían de todo”. Ahora, “Leopoldo y su gente hacen lo que les da la gana y nadie va preso. Aquí también hay muertos, hogares esperando que se haga justicia”.

Su referencia a la supuesta violencia de los opositores contrasta con la versión de que son colectivos como el suyo los responsables de las batallas nocturnas. Por eso, cuenta, la Coordinadora decidió no participar en la marcha convocada por varios colectivos y otros organizaciones para ese mismo día.

Lupe, por otro lado, reconoce que el país atraviesa por un período delicado. Y si bien comienza con la retórica de la “guerra económica” y el “acaparamiento” de los empresarios, deja bien claro que los objetivos de la Coordinadora y los del Gobierno no siempre están alineados.

“El Gobierno no tiene por qué subsidiar tantas cosas, hay que ser más selectivos en eso”, dice. “Nosotros luchamos por décadas por calidad de vida, justicia social, educación, salud, trabajo y cosas esenciales. Es con eso con lo que el Gobierno debe cumplir, pero no se trata de regalar las cosas”.

“Mira la gasolina”, continúa. “Aquí hay que aumentarla, al igual que el agua y el metro. La gente tiene que aprender el valor de las cosas, hay que hablarles con la realidad del país. Y eso solo se logra con educación”.

A priori, las palabras de Lupe parecen sugerir que entre (algunos) chavistas y (algunos) opositores podría haber más cosas en común de lo que parece. Sin embargo, en Venezuela la historia pesa mucho.

Al hablar de la oposición –y en especial de la facción de Leopoldo López–, su tono cambia. “Espero que no se les ocurra llegar a un golpe de Estado, porque va a ser lamentable. Si sucede, aquí va a haber una guerra civil. Esto lo vamos a defender con la vida”.

David en Altamira

Al otro lado de la ciudad, David Smolansky, alcalde de El Hatillo –uno de los cinco municipios de Caracas–, conversa con periodistas y activistas en la sede de VP. Al concluir, se sienta con este diario para responder a unas preguntas. Pide que los “gobiernos de América Latina sigan apoyando a los que queremos vivir en libertad y en democracia, quienes no queremos seguir teniendo la inflación más alta de América Latina y el Caribe y a quienes no queremos seguir siendo víctimas de la violencia”.

Además, explica que “en Venezuela no se puede hablar de democracia cuando no hay garantías de derechos humanos, cuando no hay libertad de expresión, cuando la mayoría de los periodistas no tiene acceso a la fuente oficial y sobre todo cuando no hay separación y autonomía de los poderes públicos”. Smolansky se mantiene centrado en el mensaje. Anuncia nuevas medidas de protesta –hoy habrá marchas hacia las defensorías del pueblo de todo el país y el sábado una gran concentración– y reconoce la responsabilidad de líderes como él en mantener el momentum logrado hasta ahora, en mantener a la gente en la calle.

¿Y qué hay de los demás? ¿Qué hay de la otra Venezuela?

Para Smolansky, la clave está en “conquistarlos con el trabajo social y la lucha pacífica” y en “hacerles entender” que es posible no tener inflación, escasez e inseguridad. “Esa lucha –concluye– la estamos dando, y cada vez son más personas que se han sumado. Pero también hay muchos otros que sufren de miedo”.

La última pregunta es sobre los colectivos. ¿No cree que podrían tener más cosas en común con ellos de lo que se piensa? Quizá, responde, “pero para que haya diálogo con ellos en primer lugar tienen que dejar las armas por fuera. Ojalá sucediera, pero en Colombia no ha sucedido por más de 50 años”.

Mientras eso sucede, los venezolanos siguen haciéndose la guerra noche tras noche.

Tensión entre Panamá y Venezuela

La crisis de Venezuela ha generado una tensión diplomática entre el Gobierno de ese país y su homólogo panameño.

El presidente Ricardo Martinelli anunció ayer que llamó a consultas al embajador de Panamá en Venezuela, Pedro Pereira, para que rinda un informe sobre la situación que se vive en el país sudamericano. El mandatario agregó que su Gobierno deplora la situación de violencia en el país petrolero. “Esperamos que las partes puedan resolver mediante el diálogo cualquier diferencia que puedan tener”, sostuvo Martinelli.

El anuncio de las consultas con el embajador Pereira se da poco después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusara a Panamá de injerencia en sus asuntos internos y llamara a consultas a Caracas a su embajadora en Panamá, Elena Salcedo.

La decisión del Gobierno venezolano fue dada a conocer por el jefe de la diplomacia de ese país, Elías Jaua tras argumentar que “no le vamos a aceptar a nadie que nos venga a dar recomendaciones de cómo enfrentar a grupos violentos que están atentando contra la paz de Venezuela”.

La Cancillería de Panamá emitió el martes un comunicado que al día siguiente reprodujo la delegación de ese país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en su sede en Washington, lo cual “nos obliga a tomar esta medida con un país con el cual habríamos querido tener buenas relaciones”, afirmó Jaua.

El pasado martes el Gobierno panameño, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, exhortó a la sociedad venezolana a entablar un diálogo “sin precondiciones” como “vía idónea” para solucionar la crisis.

Se expresó que para Panamá es esencial que se favorezca la libertad de expresión, así como el ejercicio de la plena participación ciudadana, valores fundamentales de los derechos humanos, esperando que las autoridades diriman las responsabilidades de rigor, en razón de las víctimas fatales y los heridos que se han dado. Por su parte, el canciller Francisco Álvarez de Soto dijo que Panamá no tiene –por política– la injerencia en los asuntos internos de otros países. Álvarez de Soto recordó también que Panamá siempre ha expresado su respeto al Gobierno de Venezuela y a otros Estados. “La República de Panamá, al expresar su deseo de que en Venezuela impere el diálogo, la tolerancia y la buena voluntad, considera que no ha injerido en los asuntos internos de esa nación suramericana”, dijo el funcionario.

Por otro lado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá rechazó “la desestabilización” que se vive en Venezuela que ha desatado protestas y hechos de violencia en el país, a la vez que manifestó su solidaridad con el sector empresarial de ese país y con todos los hermanos venezolanos. “Lamentamos profundamente la evidente realidad de una Venezuela dividida, en la que no se están respetando las garantías fundamentales de sus ciudadanos, que ha dejado un saldo de pérdidas de vidas humanas y la tranquilidad ciudadana”, indicó José Luis Ford, presidente del gremio.

En tanto, venezolanos residentes en Chiriquí se manifestaron ayer en el parque Miguel de Cervantes Saavedra para clamar por la paz y la reconciliación en su patria.

GUSTAVO O. APARICIO A.

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