El curso del agua

Fue el 31 de octubre de 1996 cuando la entonces ministra de Salud, Aida de Rivera, presentó a la Asamblea Legislativa, para su discusión, un anteproyecto de ley que permitía la participación de la empresa privada en la prestación de servicios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Eran los tiempos en que gobernaba Ernesto Pérez Balladares, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y la privatización de activos públicos estaba a la orden del día.

Ya avanzaban la privatización del servicio telefónico y de la electricidad, pese al malestar de los antiguos trabajadores y de ciertos sectores de la población.

Tras intensas negociaciones y el compromiso de pagos de indemnización a los antiguos empleados, esas privatizaciones habían avan-zado con relativo éxito.

Pero cuando se habló de que el servicio de agua potable y alcantarillado correrían la misma suerte, la resistencia se hizo sentir.

Marchas y manifestaciones se sucedieron como muestra de rechazo a esta intención.

El último día del año, el anteproyecto fue aprobado en primer debate por la Asamblea.

El proyecto de ley No. 27, “por el cual se dicta el marco regulatorio e institucional para brindar el servicio de agua potable en la república de Panamá”, constaba de 86 artículos.

Sin embargo, tras la decisión del Ejecutivo de legislar a partir de enero de 1997 con decretos ley en algunos temas, la norma para la privatización del Idaan tendría paso expedito. El 11 de enero fue expedido el Decreto No. 2, que definía la materia.

La entonces directora del Idaan, Elida Díaz, argumentaba que la privatización del servicio de agua potable en Panamá era “necesaria para que nuestro país siguiera siendo objeto de crédito y para hacer más atractiva la inversión privada”.

Sin embargo, a finales de ese año no se había avanzado mucho. El Idaan esperaba contar para mediados de 1998 con los resultados y recomendaciones de las consultorías que se contrataron para examinar el proceso de privatización.

Un año más tarde, las fisuras políticas que tal proyecto había causado, comenzaban a verse. Por ejemplo, el abogado ex perredista Darío Morrice hizo un llamado a sindicalistas, gobierno y oposición para consolidar un frente contra la privatización del Idaan.

Ello sucedió luego de que Pérez Balladares perdiera un referendo convocado para que se aprobara o descartara la reelección presidencial.

En noviembre, el también legislador perredista Miguel Bush dijo que presentaría a la Asamblea un anteproyecto de ley por medio del cual se pedía la derogación del Decreto Ley No. 2 del 7 de enero de 1997.

En 1999 ganaría el control del gobierno la arnulfista Mireya Moscoso.

Un año después, en noviembre de 2000, el nuevo director del Idaan, Carlos Sánchez, revelaría que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había desistido finalmente en sus pretensiones de que Panamá privatizara la institución. En contrapartida, Panamá no recibiría 104 millones de dólares de un crédito que el organismo internacional había concedido a Panamá.

Con la Ley 77 de 2000 se creó un marco institucional que buscó enmendar los puntos que quedaron pendientes tras el fallido intento de privatización del Idaan.

En junio de 2001, el Gobierno anunció que podría utilizar 210 millones de dólares del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), en concepto de préstamo, para la modernización de la entidad.

En mayo de 2003, el director del Idaan, Laurencio Guardia, denunció que el Ente Regulador de los Servicios Públicos estaba otorgando concesiones “disfrazadas” para distribuir agua a empresas privadas.

En 2009, la insostenibilidad financiera del Idaan era evidente. Había terminado el año con una pérdida de 23 millones 572 mil dólares.

Para 2010, ya en pleno gobierno de Ricardo Martinelli, el Idaan se proponía a realizar una reestructuración financiera y administrativa.

Martinelli había señalado que para lograr los cambios que requería la entidad, era necesario llevar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional.

Todo esto ocurría en medio de la grave crisis de diciembre de ese año que dejó a la ciudad de Panamá sin agua por 40 días, a causa de las lluvias que provocaron el enturbiamiento del lago Alajuela, de donde toma el líquido la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, cuya capacidad colapsó.

Abdiel Cano, nuevo director del Idaan tras la crisis, dijo en mayo de 2011 que, pese a los cambios que se avecinaban “nadie está pensando en privatización”.

En 2012 ya avanzaba un proyecto para crear la Autoridad del Agua, una entidad que eventualmente reemplazaría al Idaan. El proyecto lo impulsaba el ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Roux.

Sería solo hasta el 1 de febrero de 2013 que el proyecto de la Autoridad del Agua entraría a la Asamblea Nacional. Al defender su proyecto, Roux insistió que habría “cero privatización” de la institución.

El proyecto ha recibido críticas porque no se incluye a la sociedad civil en su junta directiva, y gremios como la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos han dicho que se le permite al nuevo ente dar concesiones para manejar agua potable y alcantarillados, lo que implicaría a mediano plazo “convertirse en un servicio privado”.

Una nueva autoridad en busca de mejoras

Mejorar la calidad de los servicios de acueductos y alcantarillados del país, la cobertura y el desempeño operativo del Idaan, remontar los graves problemas actuales de morosidad, y en general las malas condiciones financieras del ente que hoy maneja el agua potable, se cuentan entre algunas de las pretensiones de la nueva Autoridad del Agua.

El Estado “otorgará a la Autoridad un fondo con el fin de realizar inversiones para mejorar los equipos y las herramientas de trabajo”, se señala. En parte, esta sería una de las razones por las cuales las tarifas de los usuarios no aumentarían con la nueva institución. Los trabajadores, si bien no serán indemnizados, ingresarán a un “régimen especial” basado en méritos.

El Gobierno señala que el proyecto ha sido fruto de meses de consultas con diversos sectores del país, gremios y trabajadores. No obstante, ambientalistas, comunidades del interior y opositores políticos lo cuestionan.

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