RECURSOS PARA COMPARACIONES DE ADN NO HAN SIDO APORTADOS A MEDICINA LEGAL

Una década sin identificar restos de desaparecidos

El presidente, Ricardo Martinelli, prometió $45 mil en 2010 y el Ministerio Público aportó $90 mil en 2005, pero los recursos no han llegado.

El proceso de identificación de las 60 osamentas halladas por la Comisión de la Verdad, que se sospecha pertenecen a víctimas de la dictadura militar, cumple una década y su terminación parece seguir en un limbo.

Mientras el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Humberto Mas, alega falta de dinero para efectuar pruebas de ADN mitocondrial a los restos –valoradas en unos 300 dólares cada una–, el Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa HG) denuncia falta de voluntad política para otorgar los recursos.

Y es que para esta fecha el Imelcf no ha recibido ni los 45 mil dólares prometidos por el presidente, Ricardo Martinelli, el 27 de julio de 2010, ni los 90 mil dólares ofrecidos por el entonces procurador Giusseppe Bonissi, el 8 de noviembre del mismo año.

Los restos óseos, mientras tanto, permanecen en un depósito bajo la custodia del Imelcf.

De acuerdo con Mas, debido al recorte hecho al presupuesto de la entidad no se tiene dinero para la realización de las pruebas de ADN, cuya cuantía en general no ha sido calculada, pues además de las experticias como tal, las comparaciones requerirán de “toda una logística”.

Explicó, por ejemplo, que durante la vigencia de la Comisión de la Verdad el Imelcf extrajo muestras biológicas a un grupo de familiares para compararlas con los restos hallados, pero las pruebas no se hicieron y muchas de las muestras deben ser revisadas otra vez para ver si aún sirven.

Mas detalló que las pruebas no fueron practicadas en aquella fecha porque en el país no existía un laboratorio especializado.

Aun así, se suscribió un acuerdo con el laboratorio privado Reliagene Technologies, que sin embargo no se materializó y algunos restos quedaron en manos de dicha empresa y ahora deben ser recuperados.

Más allá de los temas estrictamente técnicos, el funcionario opinó que la identificación de las osamentas tomará varios años, ya que es necesario el establecimiento de una mesa de diálogo entre el Estado y los familiares de los desaparecidos, y que se produzca el desembolso del dinero prometido tanto por el Órgano Ejecutivo como por el Ministerio Público.

Argumentos

La subdirectora de Asuntos Jurídicos y encargada del departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, Mariela Vega de Donoso, informó que los 45 mil dólares prometidos por el Presidente fueron desembolsados y depositados en la cuenta que creó el Ministerio Público para este proceso.

Detalló además que desde junio de 2010 y hasta el 14 de este mes se han reunido ocho veces con los miembros de Cofadepa HG.

Dijo que el 9 de diciembre de 2010 se reunieron también con la Cruz Roja, que se comprometió a aportar la logística necesaria para realizar las pruebas de ADN. La antropóloga forense Ute Hofmeister, presente en el encuentro, fue designada coordinadora del proceso.

De acuerdo con Vega, el análisis de los restos comenzará en enero próximo y estará a cargo de la Asociación de Antropólogos Forenses Argentinos.

Mientras tanto, el Ministerio Público informó que los 90 mil dólares mencionados por Bonissi, que forman parte de un fondo creado por la exprocuradora Ana Matilde Gómez en 2005, siguen depositados en una cuenta de la entidad.

Aclaró, sin embargo, que el uso de esos recursos depende de la instalación de la mesa de entendimiento, que debe ser convocada por la Cancillería y de la que formarían parte Cofadepa HG y el Imelcf.

Según el Ministerio Público, la mesa es la que eventualmente tomará la decisión de cómo se usarán los fondos.

En la administración de Bonissi (2010) los familiares de los desaparecidos también pidieron que se diera protección a los sitios donde se hallaron restos, aceptaron la cooperación de la Cruz Roja y la intervención de los antropólogos argentinos, que además deben revisar dichos lugares, entre estos el cementerio de El Marañón, en la isla penal de Coiba, donde se sospecha están sepultados otros desaparecidos de la dictadura.

Reclamos

Maritza Maestre, miembro del Cofadepa HG, reiteró que es el Órgano Ejecutivo, a través de un decreto del Consejo de Gabinete, el que debe formalizar la instalación de la mesa de entendimiento, que una vez en operación deberá analizar las solicitudes de los familiares de los desaparecidos, entre las que figuran, además, la declaratoria del 9 de junio como Día del Desaparecido; la creación de una Plaza de los Desaparecidos, y una reparación económica para las familias de todos aquellos que fueron víctimas de la dictadura.

Maestre precisó que la creación de la mesa de entendimiento fue propuesta en 2001 por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego de que los familiares de los desaparecidos presentaran una denuncia por denegación de justicia ante ese organismo internacional.

Sin embargo, detalló que el Estado nombró al expresidente Aristides Royo como su representante en la mesa, pero este se negó a todas las reclamaciones hechas por las familias y desde ese momento se han hecho pocas reuniones; denunció que este Gobierno tampoco ha mostrado interés en activar la mesa y en asignar los recursos suficientes para establecer la identidad de los restos y permitir que sus familiares les den sepultura, al tiempo que se determine quiénes fueron los responsables de su desaparición y muerte.

Maestre agregó que a pesar de que en 2005 el Ministerio Público creó una fiscalía especial para investigar los casos de desapariciones y homicidios de la dictadura, no hubo “resultados de justicia para la víctimas”.

Este despacho estuvo a cargo de la fiscal Jeanette Rovetto, en cuya gestión el Órgano Judicial declaró prescritos 11 expedientes de personas desaparecidas durante la dictadura, y en solo cinco expedientes se llegó al llamamiento a juicio de los imputados.

El 20 de diciembre de 2006 Panamá ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, por lo que los miembros del Cofadepa HG analizan volver a solicitar la reapertura de los casos declarados como prescritos.

De hecho, la Sala Penal de la Corte ha adoptado la no prescripción de los crímenes de la dictadura en por lo menos ocho fallos desde 2003.

Para los miembros de Cofadepa HG, la llegada al país del exdictador Manuel Antonio Noriega serviría para esclarecer estos crímenes.

“Como jefe del G-2, Noriega tiene información sobre las detenciones, desapariciones y muertes en la dictadura”, dijo Maestre.

Planteó que es necesario que las autoridades le pidan a Noriega revelar todo lo que sabe sobre estos casos, para que los familiares de las víctimas sepan lo que les ocurrió y de ser posible ubiquen sus restos.

Hasta ahora, en ninguno de los juicios por desapariciones ocurridas en la dictadura los militares acusados han aceptado la comisión de los hechos.

Noriega recibe visita en víspera de Navidad

Al cumplir ayer, víspera de Navidad, 13 días recluido en el centro de rehabilitación El Renacer, el exdictador Manuel Antonio Noriega recibió la visita por segunda vez de sus dos hijas menores, Thays y Sandra Noriega, confirmaron fuentes del Sistema Penitenciario.

De acuerdo con las fuentes, las hijas del militar llegaron al penal aproximadamente a las 10:30 a.m., una media hora después de que comenzara la jornada de visitas de las secciones 1 y 2 del reclusorio, programada hasta las 3:00 p.m.

No se informó sobre otras visitas a Noriega, cuyas primeras dos semanas en Panamá han transcurrido sin mayores novedades.

Juan Manuel Díaz C.

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