fiscalía General Electoral

11 denuncias contra 4 ministros

La oposición política señala que el hecho de que el fiscal Eduardo Peñaloza provenga de CD, le resta credibilidad para investigar a los ministros.

21 denuncias por supuestos delitos de utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado, y por violación del fuero electoral fueron presentadas durante 2012 ante la Fiscalía General Electoral (FGE).

Entre los expedientes activos hay 11 denuncias contra ministros del Estado, según detalla un informe de la entidad.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, que también es subsecretaria general de Cambio Democrático (CD), es una de las funcionarias que tienen la mayor cantidad de denuncias en la FGE.

Tres de las cuatro denuncias presentadas en su contra ante el fiscal electoral y exintegrante de CD Eduardo Peñaloza guardan relación con su participación en una entrevista concedida a Telemetro durante horas laborables para hablar de temas políticos.

Cortés se ha defendido asegurando que en el noticiero solo abordó asuntos institucionales.

La otra denuncia penal electoral contra Cortés fue presentada por miembros del Partido Panameñista por, supuestamente, “utilizar bienes y recursos del Estado a favor del partido CD y en contra del panameñismo”.

La acción legal se dio luego de que la exdirectora de Trabajo del Mitradel Ada Romero revelara que las imágenes que aparecían en una cuña televisiva que atacaba al presidente del Partido Panameñista, Juan Carlos Varela, fueron grabadas por personal de la institución durante una inspección a la empresa Varela Hermanos, S.A., propiedad de la familia del también Vicepresidente de la República.

Por su parte, la ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burillo, mantiene dos denuncias por el presunto delito de utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado.

La FGE busca determinar si Burillo utilizó recursos estatales para la confección de suéteres y gorras para una actividad política en el interior del país, donde anunció su candidatura presidencial para 2014 por el gobernante CD.

Burillo argumentó que las gorras y suéteres fueron donados por sus amigos para promover su candidatura.

Además, el titular de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias, tiene abiertos cuatro procesos por la supuesta violación al fuero laboral electoral.

Danilo Arias Quijada, Anay Marín Guardia, Edgardo Lasso Villalaz y Enrique Morales son los denunciantes.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, mantiene una denuncia activa por violación del fuero electoral, que fue interpuesta cuando ocupaba el cargo como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aunque Henríquez destaca que el proceso ya fue resuelto, la FGE lo mantiene como expediente activo y fue enviado con una vista fiscal al Tribunal Electoral el pasado 12 de diciembre.

directores, en la mira

Arturo Alvarado, director del Sistema Nacional de Protección Civil, es investigado por la supuesta utilización ilegal de recursos del Estado.

La denuncia, que está en etapa de averiguación, fue presentada en septiembre de 2011 por Lisímaco López, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, porque, según él, se usó un helicóptero de la institución para transportar al presidente del partido del gallo, Sergio González Ruiz, para que hiciera proselitismo político cuando buscaba los votos para la fusión de su partido con CD.

El director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), José Pablo Ramos, también es investigado por presuntamente violar el fuero electoral a una funcionaria que fue destituida.

Contra el director de la Lotería Nacional, Sergio González Ruiz, se mantiene activa una investigación por el supuesto delito de violación de fuero electoral.

CUESTIONAN a fiscal

El diputado panameñista Alcibiades Vásquez cuestionó a la FGE, pues aseguró que “me extraña mucho ver una acción de la Fiscalía Electoral, porque hasta ahora su labor ha sido invisible”.

Sostuvo que en los casos que involucran a ministros, el fiscal Peñaloza ha tenido una actuación indiferente.

Mientras que el vicepresidente del Partido Popular, Aníbal Culiolis, afirmó que el trabajo de Peñaloza está entre lo negligente, cómplice y entorpecedor.

“El hecho de que se haya nombrado a un fiscal electoral proveniente de un partido de gobierno resta confianza y credibilidad”, dijo.

De la FGE no hicieron comentarios con respecto a las críticas de los opositores.

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Cortesía/Sinaproc

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