ENTREVISTA

Por el derecho a opinar

Cuando se violenta la libertad de expresión, cuando se atemoriza a un periodista, cuando hay autocensura, cuando no existen garantías para transmitirle a la sociedad una información relevante en materia de interés público, el primer perjudicado es la sociedad, porque la gente no va a poder tener herramientas para tomar decisiones, dijo la relatora especial para la libertad de expresión.

No era ninguna desconocida cuando en julio de 2008, Catalina Botero Marino fue escogida entre 69 aspirantes como relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). En ese entonces tenía 43 años de edad y se movía como pez en el agua en un mundo dominado por hombres: el de las altas esferas judiciales colombianas. Era magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, defensora a ultranza de la Constitución y especialista en derechos humanos con un largo camino recorrido en esta materia. Desde su puesto en la CIDH le ha tomado el pulso a la libertad de expresión en América Latina de carteles que impiden el libre ejercicio del periodismo, y de Presidentes populistas que controlan los medios. Sus informes han tenido eco en el Congreso estadounidense, y en los altos círculos del poder en Latinoamérica.

En Panamá estuvo cuatro días. Se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, periodistas, catedráticos, estudiantes y miembros de la sociedad civil. A un año para que acabe su periodo (octubre de 2014), aún no tiene definido planes para su vida lejos de la CIDH, mientras tanto sigue advirtiendo sobre temas candentes como la censura indirecta y el premio y castigo, esa vieja fórmula que utilizan algunos gobernantes para manejar a su conveniencia la publicidad oficial, un tema que ella define como “grave”.

¿Qué piensa de la frase ´no hay periodistas presos, hay libertad de expresión´?

La libertad de expresión no solamente se afecta cuando metes a la cárcel a una persona. Hay muchas formas de violentar la libertad de expresión, la primera es la censura, la censura previa.

La segunda es la violencia, la tercera tiene que ver con consecuencias exorbitantes totalmente desproporcionadas para castigar a una persona porque ha dicho algo que a los poderes -de cualquier naturaleza, económicos o políticos- no les interesa que se publique. Esas consecuencias desproporcionadas tienen que ver, por ejemplo, con la cárcel, pero también porque un periódico tenga que cerrar por una sentencia civil desproporcionada. Eso no lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso, el de [Santander] Tristán Donoso, respecto de Panamá, en donde la Corte dijo claramente que las sanciones civiles particularmente tienen que ser proporcionadas porque cuando un periodista honesto se ve abocado a perder todo su patrimonio por haber hecho una denuncia de corrupción, es una forma gravísima de limitar la libertad de expresión.

¿Cuáles son los primeros síntomas que se evidencian cuando un país empieza a limitar la libertad de expresión?

El principal afectado es la sociedad... lo que las personas saben del funcionamiento de lo público, lo saben a través de la prensa. Por supuesto, lo ideal es que exista una prensa plural, que existan distintas voces, que se pueda armar un debate público y que las personas puedan escoger entre distintas alternativas, pero sobre todo que exista información sobre lo que está sucediendo. Información a la que la gente no podría acceder sino a través de los medios de comunicación. Cuando se violenta la libertad de expresión, cuando se atemoriza a un periodista, cuando hay autocensura, cuando no existen garantías para transmitirle a la sociedad una información relevante en materia de interés público, el primer perjudicado es la sociedad porque la gente no va a poder tener herramientas para tomar decisiones.

¿Cuál es el balance del estado de la libertad de expresión?

Felizmente no estamos en la época más oscura de la libertad de expresión, la de los conflictos armados en Centroamérica, de las dictaduras, cuando evidentemente no había ninguna garantía para el ejercicio libre del derecho a expresarse, del derecho a pensar diferente (...). Lamentablemente en los últimos años se ha visto un retroceso, un retroceso que está asociado por un lado con el crimen organizado, y por el otro con el debilitamiento de garantías importantes en materia de libertad de expresión.

¿Qué piensa de la práctica de algunos gobiernos de usar entidades de recaudación, o judiciales, como elementos en contra de la libertad de expresión?

Las personas que hicieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos fueron sabias. En el artículo en el cual se protege la libertad de expresión, que tiene cinco incisos, el tercero claramente se refiere a ese tema. Prohíbe las restricciones indirectas a la libertad de expresión, y dice que está prohibido el uso de mecanismos como, por ejemplo, el control del papel periódico, la asignación arbitraria de las frecuencias de radio y televisión, y otros tipos de mecanismos que tiene el Estado, o incluso terceras personas, para presionar a los medios o a los periodistas a que publiquen una información digamos afín, y castigar a los que critican o a los que cuestionan. Eso es lo que se ha denominado, en el sistema interamericano, censura indirecta.

En América Latina están en boga los llamados medios paraestatales, estos que son controlados por el Gobierno o por sus allegados, ¿qué piensa de eso?

Aquí son claves dos cosas. La primera es que es muy importante que el Estado pueda comunicar, que tenga medios porque, por ejemplo, el derecho de acceso a la información exige que los Gobiernos puedan explicar y puedan contarle a la sociedad sobre cómo están operando, cómo funciona la cosa pública, que puedan dar explicaciones y que puedan incluso controvertir algo con lo que no están de acuerdo.

Directamente, de buena fe, de forma franca, sin violentar los derechos de una persona, sin intimidar a nadie, explicando claramente las posturas y las cosas que consideren que son inadecuadas. Es muy importante tener también medios de interés público, que no sean controlados por las mayorías políticas, que sean medios de interés público, aparte de los mecanismos de comunicación estatales normales o institucionales, medios que patrocinen por ejemplo documentales históricos, música, literatura, cosas que son importantes para la sociedad. Otra cosa distinta es cuando hay una concentración de la propiedad, o el control indirecto de los medios de comunicación por parte de los Gobiernos o de sectores privados. La Convención Interamericana tuvo una declaración en el año 2000 que dice que afectan la libertad de expresión los monopolios, los duopolios, el control de la propiedad de los medios, y en este caso puede ser por parte de los poderes políticos, o poderes económicos.

Y cuando se utilizan medios estatales para fines políticos, como promover candidaturas por ejemplo...

Tenemos un documento sobre publicidad oficial que se refiere también a este tema. Los medios estatales son importantes para que comuniquen a la población información de interés público, no para hacer propaganda.

¿Cómo evalúa el tema de la repartición de la publicidad estatal en América Latina?

Hicimos un informe completo sobre publicidad estatal. Básicamente es que los Estados deben adoptar reglas que permiten una distribución objetiva, razonable, que impida el uso discrecional de la publicidad oficial, de manera tal que la publicidad esté en aquel medio que va a llegar a la audiencia a la cual esa publicidad tiene que llegar. Por ejemplo, si hay una campaña de vacunación en las zonas alejadas, esa publicidad debería estar en los medios de esa zona, en las radios comunitarias del área. La publicidad debe asignarse de manera objetiva, no puede utilizarse como un mecanismo de premio y castigo.

¿Y cuando se castiga a un medio precisamente por ser crítico de una gestión gubernamental, quitándole la publicidad oficial?

Hay que investigar cada caso. Lo que nosotros podemos decir es que cualquier uso de las herramientas del Estado para premiar o castigar según líneas editoriales es incompatible con el derecho a la libertad de expresión. Es importantes que los Gobiernos entiendan que en sociedades democráticas, el pluralismo, la crítica y la controversia hacen parte de la democracia. Y que no pueden utilizar su poder para premiar a los que lo aplauden y castigar a los que lo critican.

¿Cómo se le puede sacar provecho a una ley de acceso a la información en países donde impera la poca transparencia?

Divulgando, hablando de la importancia del acceso. Concienciando a los funcionarios sobre la importancia de entregar la información y a quienes tienen que ejercer el control de manera seria y rigurosa. Aprendiendo de buenas prácticas. Acudiendo a los recursos que la propia ley establece, no se les puede olvidar que ese es un derecho fundamental. En un sistema democrático hay que hablar hasta el cansancio del tema para que logre permear nuestro ADN cultural como sociedad.

¿Qué se le debe pedir a los políticos en tiempos de campaña?

Lo que dice la ley modelo de la Organización de Estados Americanos es que todo aquel que utilice recursos públicos debe rendir cuentas, por lo menos sobre esos recursos. En México, por ejemplo, se exige que los partidos rindan cuentas de todos los gastos, de toda la financiación que tienen. Y en Estados Unidos, donde no se limita la financiación privada, lo único que se exige es total transparencia y nosotros hemos adoptado ese principio que nos parece fundamental.

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