MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS

Los derroches de la Defensoría

Sombreros a $200, juegos de abrecarta y bolígrafo a $150 y un sofá a $3 mil, son parte de las compras de la Defensoría del Pueblo.
SEDES. En su antiguo local principal (en la foto), la Defensoría pagó el año pasado $300 mil anual en alquiler. En la nueva sede, la anualidad es de $634 mil. LA PRENSA/Luis García SEDES. En su antiguo local principal (en la foto), la Defensoría pagó el año pasado $300 mil anual en alquiler. En la nueva sede, la anualidad es de $634 mil. LA PRENSA/Luis García
SEDES. En su antiguo local principal (en la foto), la Defensoría pagó el año pasado $300 mil anual en alquiler. En la nueva sede, la anualidad es de $634 mil. LA PRENSA/Luis García

El contrato entre la Defensoría del Pueblo e Imaginarium Studio, S.A. por $250 mil para el desarrollo de un nuevo logotipo y una página web fue criticada por la sociedad civil. Sin embargo, este es apenas uno de la larga lista de gastos de la administración de Patria Portugal al frente de esta institución, a la que llegó el 3 de marzo de 2011.

Un sofá por $3 mil, juegos de abrecarta y bolígrafo a $150 cada uno y sombreros a $200, son otros de los desembolsos ejecutados por Portugal, que también llevó a cabo la mudanza de la sede de la institución, por la que ahora paga el doble de lo que costaba el alquiler en el primer edificio.

Las transacciones, según los documentos que reposan en PanamáCompra, se efectuaron entre enero y marzo de este año.

UN MUEBLE TRIANGULADO

En marzo pasado, la Contraloría General le aprobó una partida a la Defensoría por $2 mil 998 con 14 centavos para la compra de un “sofá tamaño grande de la marca Ralf Laurens (sic)” al Bazar Pico Pico.

No obstante, este almacén es de textiles y no vende ningún tipo de muebles, según constató este medio durante una visita a ese local. Un vendedor, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, señaló que dicho sofá fue adquirido por ellos en la mueblería Furniture City, empresa que según constató este diario no vende muebles de marca Ralph Lauren.

Un par de semanas antes, a finales de febrero y comienzos de marzo, la Defensoría también adquirió 10 sombreros Panamá por $2 mil 140 (a razón de $200 cada uno más Itmbs) y 10 juegos de abrecarta y bolígrafo, con grabados en láser, por mil 950 dólares.

La institución justificó la compra explicando que fueron obsequios para los participantes en el Consejo Centroamericano de Procuradores de los Derechos Humanos que se realizó en Panamá el 19 y 20 de marzo pasado.

CAMBIO DE SEDE

Desde su creación, en 1997, la Defensoría del Pueblo tuvo como sede principal tres locales en el edificio Don Camilo, en calle 50. En el último año de contrato de arrendamiento (2012), la institución pagó $300 mil 883, con impuestos incluidos, en concepto de alquiler. En su nueva sede, en el PH Seguro Chagres, también en calle 50, la Defensoría ahora paga una anualidad de $634 mil 809 por alquilar 12 fincas.

Para trasladar sus enseres, Portugal contrató a la empresa Surtidora Isamar, S.A. por $14 mil 350 para el alquiler de siete camiones y 40 personas para cargar el mobiliario y demás.

En la nueva sede, además, la defensora pactó con NS Technology, Inc. por $76 mil 879 para adquirir e instalar “cableado estructurado categoría 6, para 210 puntos, y equipos de comunicación y sistema de videovigilancia”.

Este medio le envió un cuestionario a Patria Portugal para que explicara estas compras, y dijera a qué obedece el cambio de la sede de la entidad. Sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido la respuesta.

NO ES ÉTICO

Si bien los representantes de la sociedad civil consultados no advierten de sobrecostos en estas compras de la Defensoría, sí consideran que no van de acuerdo con la gestión administrativa de Portugal en la lucha por los derechos humanos y la transparencia.

“Los gastos y presupuesto de una institución reflejan sus prioridades. Parece que las de la Defensoría del Pueblo se han trastocado”, señaló Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana pro Justicia. “No es ético despilfarrar los pocos recursos que destina el Estado a la defensa y protección de los derechos humanos, en cosas superfluas”, agregó.

Por su parte, Angélica Maytín, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional, aseguró que el comportamiento de la defensora es inapropiado. “Si Portugal no entiende que su labor es defender a los ciudadanos, y no satisfacer sus antojos consumistas, debería renunciar al cargo”.

Luego del escándalo generado por el contrato otorgado a Imaginarium Studio, S.A., 30 grupos de derechos humanos lamentaron “el cuestionable” uso de fondos en la entidad. “Reconocemos el enorme esfuerzo que realiza todo el recurso humano de la institución, y por ello lamentamos que esta cuestionable decisión en el uso de los fondos haya afectado la imagen de una institución que está llamada a jugar el papel más preponderante en la protección, defensa, promoción y vigencia de los derechos humanos”.

La institución en cifras

$5.7

Los millones en presupuesto que maneja la Defensoría en 2013.

$635

Mil es la anualidad de arrendamiento de esta institución este año.

$250

Mil fue el contrato con Imaginarium Studio, S.A. para el desarrollo de un logotipo y una página web.

Denuncian a Patria Portugal

El abogado José Antonio Moncada presentó este lunes, a título personal, una denuncia por peculado y malversación de fondos públicos contra la defensora del Pueblo, Patria Portugal.

Moncada explicó que la acción se fundamenta en el hecho de que Portugal usó de forma irregular fondos públicos para contratar a la empresa Imaginarium Studio, S.A. con el fin de que diseñara un logotipo y una página web por $250 mil.

Según Moncada, es evidente que el trabajo encargado no alcanza los costos por los cuales la defensoría suscribió el contrato.

Consideró que la defensora del Pueblo debe explicar en detalle cómo se realizó esa contratación y si se convocó a algún acto público para seleccionar la empresa a la que se adjudicó el contrato.

Sostuvo que entregó al Ministerio Público una serie de evidencias en las que se establece que la elaboración de un trabajo así, en el mercado local, tiene costos inferiores a los asignados en el contrato suscrito por la defensora.

Juan Manuel Díaz C.

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