VESTIGIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

La despedida de la contralora

Gioconda Torres de Bianchini pasó de ser la jefa de auditoría de Ricardo Martinelli a fiscalizar el dinero estatal. Hoy se termina su gestión.

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En la biblioteca de la Contraloría General resalta el cuadro de Gioconda Torres de Bianchini por su sonrisa, sus joyas y su vestido rojo encendido. En la biblioteca de la Contraloría General resalta el cuadro de Gioconda Torres de Bianchini por su sonrisa, sus joyas y su vestido rojo encendido.

En la biblioteca de la Contraloría General resalta el cuadro de Gioconda Torres de Bianchini por su sonrisa, sus joyas y su vestido rojo encendido.

Torres de Bianchini fue nombrada por la Asamblea Nacional en octubre de 2009. Torres de Bianchini fue nombrada por la Asamblea Nacional en octubre de 2009.

Torres de Bianchini fue nombrada por la Asamblea Nacional en octubre de 2009.

A partir de mañana, la institución pasa a manos del empresario Federico Humbert. A partir de mañana, la institución pasa a manos del empresario Federico Humbert.

A partir de mañana, la institución pasa a manos del empresario Federico Humbert.

Gioconda Torres de Bianchini regresa al anonimato. Cinco años después de ser nombrada durante la gestión de Ricardo Martinelli, la contadora entregará hoy, a las 10:00 a.m., su oficina de amplios ventanales en el piso 16 de la institución al empresario Federico Humbert, elegido por el mandatario actual, Juan Carlos Varela.

Sale en silencio, una de las principales características de su administración. La última vez que habló fue a finales de octubre pasado, cuando presentó su estimación presupuestaria en la Asamblea Nacional. “Sabía que iba a ser duro, fue duro y creo que cumplí con lo que el pueblo necesitaba de un contralor”, dijo.

Un mes después, Torres de Bianchini sería hospitalizada por una enfermedad sin revelar. El subcontralor, Luis Icaza, asumió las riendas de la institución hasta que su jefa saliera del hospital y entregara las llaves de su oficina a su sucesor.

LA CONTADORA

El último día de Torres de Bianchini fue como cualquier otro: llegó a las 9:30 a.m. a bordo de uno de los tres vehículos que utiliza para despistar: dos camionetas negras marca Ford, y otra marrón, marca Honda. Entró por la parte de atrás y de ahí subió a su oficina.

Sus subalternos, en cambio, ya trabajaban desde las 8:00 a.m., una hora y media antes que llegara la contralora. Entraban y salían del edificio a través de un aparatoso operativo de seguridad, con registros de nombres y revisión física. Una de las medidas implementadas por la contralora saliente.

Torres de Bianchini fue nombrada como contralora por la Asamblea Nacional, en octubre de 2009, con 43 votos. El segundo lugar, con 19 votos, le correspondió al diputado Abraham Martínez, quien en ese momento formaba parte del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Meses más tarde, Martínez saltaría a las filas de Cambio Democrático (CD).

La contralora era una vieja conocida en el oficialismo. No solo era miembro de CD –con el que militó, incluso, cuando ejerció el cargo público– sino que trabajó durante 15 años como jefa del Departamento de Auditoría Interna de Importadora Ricamar, una de las empresas de Martinelli.

También acompañó al líder de su partido cuando este fue director de la Caja de Seguro Social, en 1994, como directora de auditoría de la institución. Su lealtad con Martinelli era comprobada, y por ello, según diversas voces del país, fue premiada con el control de las finanzas del país.

Uno de sus hijos, Al Bianchini Torres, también formó parte de la generosidad del Presidente, y fue nombrado cónsul en Argentina, unos meses después de que su madre asumiera el control de la institución e instaurara sus métodos.

LA DAMA DE ROJO

La biblioteca de la institución es más que un lugar de consultas. Durante la era de Torres de Bianchini, este espacio se dedicó también a una sala de espera para quienes acudían a la entidad por una entrevista. Si la solicitud era para conversar con la contralora, usualmente se resolvía en la oficina de Relaciones Públicas con una respuestas constante: “ella está ocupada en estos momentos”.

En las paredes de la biblioteca reposan las pinturas de todos los titulares de esta institución. Entre los rostros serios y los vestidos oscuros, Torres de Bianchini –pintada por el artista Iván Delgado– sobresale con su sonrisa coqueta, sus mejillas sonrosadas, su traje rojo encendido y su prendedor de brillantes. Un atuendo similar al que vistió en agosto pasado, cuando fue citada por la Asamblea Nacional para que respondiera un cuestionario sobre su actuación al frente de la institución.

Durante dos días –15 horas–, la funcionaria habló mucho y explicó poco. “No tengo esa información”, “no tenemos ese dato” e “investigaremos”, fueron las respuestas de Torres de Bianchini ante la mayoría de los cuestionamientos. Cuando se veía acorralada, alegaba que siempre actuó amparada por la ley.

La administración de Martinelli se caracterizó por el uso de fondos públicos a manos llenas, sin mayor control y fiscalización. No solo invirtió más de $13 mil millones en sus obras insignias, sino que desembolsaron varios miles de millones más en estudios, proyectos, consultorías, asesorías y otras tantas figuras legales.

Una de las claves que permitió este comportamiento fue que el Ejecutivo, a través de su rebaño en la Asamblea Nacional, modificó varias veces la ley de contrataciones públicas para flexibilizar las contrataciones directas.

Mediante este modelo, las instituciones otorgaron contratos que luego fueron investigados: la consultoría de Patria Portugal en la Defensoría del Pueblo, las capacitaciones de Giselle Burillo en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la web del millón de dólares de Salomón Shamah en la Autoridad de Turismo de Panamá, las bombas lacrimógenas de José Raúl Mulino en el Ministerio de Seguridad, el equipo de espionaje de Giacomo Tamburrelli en el Programa de Ayuda Nacional, y tantos otros. Todos llevaban el refrendo de Torres de Bianchini como máxima autoridad de la Contraloría. Una firma incuestionable.

La razón principal por la que el nombre de la contralora aparecía en contratos presuntamente irregulares era porque ella misma había eliminado la figura del control previo, que permitía analizar con detenimiento que los servicios o productos adquiridos cumplían con las necesidades del Estado.

Durante el interrogatorio en el Legislativo, la propia contralora aceptó que su función al frente de esta institución se limitaba a revisar que los contratos cumplieran los requisitos administrativos, mas no que los precios coincidieran con la oferta de mercado, ni que las empresas tuvieran una trayectoria comprobada. “Solo puedo hacer lo que la ley me dice”, repetía una y otra vez ella, vestida de rojo con su prendedor de brillantes.

A la semana siguiente, varios diputados elaboraron una carta en la que le solicitaban a la Corte Suprema de Justicia su destitución. “Se desprenden situaciones y hechos que eventualmente pueden constituir delitos contra la administración pública en cualquiera de sus modalidades... lo cual podría ameritar la remoción del cargo sin menoscabo de las responsabilidades penales o de otro orden [en] que haya podido incurrir”, señalaba la misiva que nunca prosperó.

FUTURO INCIERTO

El 6 de mayo pasado, dos días después de su triunfo electoral, Juan Carlos Varela advirtió a cuatro funcionarios que esperaba sus renuncias: “demostraron al país que no cumplieron con el Estado, lo lógico sería que dieran paso al gobierno entrante y al Legislativo”.

Se trataba de Eduardo Peñaloza, fiscal electoral; Juan Carlos Pino, gerente general de Tocumen, S.A.; Alejandro Moncada, magistrado de la Corte; y Torres de Bianchini. Del cuarteto, solo Pino cumplió la solicitud de Varela.

Torres de Bianchini, por el contrario, se mantuvo en su puesto pese a las investigaciones que han surgido poco a poco por contratos que ella firmó. No importó que su nombre apareciera en cuanto escándalo surgiera, ni que el exdirector del PAN Rafael Guardia, a quien ella le refrendó varios contratos, esté hoy en la cárcel.

Fiel al nombramiento de Martinelli, la contralora cumplió sus cinco años de gestión y aún con una enfermedad que la hospitalizó dos veces, llegó al 31 de diciembre de 2014, fin de su período. Gravitan sobre su gestión las críticas de no hacer su trabajo de control de las finanzas públicas.

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