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La deuda que arrastra un negocio que no cuajó

Hay por lo menos $65 millones en compromisos acumulados que se deben recuperar en medio de la declaración de quiebra de R.G. Hotels.
El proyecto inmobiliario Las Perlas, bajo la modalidad de ‘condohotel’, está cerrado. El proyecto inmobiliario Las Perlas, bajo la modalidad de ‘condohotel’, está cerrado.

El proyecto inmobiliario Las Perlas, bajo la modalidad de ‘condohotel’, está cerrado. Foto por: Alexander Arosemena

El proyecto inmobiliario, bajo la modalidad de ‘condohoteles’, está cerrado. Entre las deudas, hay $150 mil en gasto de energía eléctrica, al tiempo que se ven los signos del deterioro en las áreas verdes. El proyecto inmobiliario, bajo la modalidad de ‘condohoteles’, está cerrado. Entre las deudas, hay $150 mil en gasto de energía eléctrica, al tiempo que se ven los signos del deterioro en las áreas verdes.

El proyecto inmobiliario, bajo la modalidad de ‘condohoteles’, está cerrado. Entre las deudas, hay $150 mil en gasto de energía eléctrica, al tiempo que se ven los signos del deterioro en las áreas verdes. Foto por: Alex Arosemena

Los propietarios han denunciado irregularidades cuando el proyecto estaba en manos de Rugiere Gálvez, hasta derrumbarse la administración con los nuevos dueños. Los propietarios han denunciado irregularidades cuando el proyecto estaba en manos de Rugiere Gálvez, hasta derrumbarse la administración con los nuevos dueños.

Los propietarios han denunciado irregularidades cuando el proyecto estaba en manos de Rugiere Gálvez, hasta derrumbarse la administración con los nuevos dueños. Foto por: Alex Arosemena

Con la venta del grupo R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón queda una deuda acumulada que alcanza a inversores de bonos, compradores de apartamentos y crédito con bancos locales.

Se trata de por lo menos $65 millones que se deben recuperar en medio de la declaración de quiebra, con efecto retroactivo, que hizo el Juzgado Primero de Circuito de Coclé. Vendedor y comprador llevan el caso a los tribunales.

El fracaso de una transacción

La venta del conglomerado R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón irrumpió la aparente tranquilidad del mundo financiero local.

Comprador y vendedor se acusan mutuamente por el fracaso de la transacción, y a su paso, han quedado al menos $65 millones en deudas que afectan a bancos, casas de valores, inversionistas, compradores de apartamentos y proveedores en general.

Recuperar este dinero es el gran dilema que se plantea el mercado, luego de declararse la quiebra el 21 de octubre de 2015, pero con efecto retroactivo a partir del 31 de julio de 2012.

Precisamente, la declaración de quiebra es lo que ha expuesto las intimidades de una transacción que se fraguó a finales del año pasado.

Por una parte, está el grupo de inversionistas privado, cuya cara visible es Antonio Bonilla, que dice haber sido estafado.

Su versión es que acordaron comprar un supuesto emporio hotelero, cuyos activos en libros tenían un valor por encima de los $100 millones, pero luego de revisar los documentos y avalúos a profundidad, evidenciaron que se trataba de cifras y valores “inflados”.

Llegan a esta conclusión cuando ya estaban al frente de la operación hotelera y las acciones de R.G. Hotels y Casa de Campo Farallón habían sido transferidas a su favor a la empresa Nabali Investments.

Tal aseveración ha resultado estremecedora, porque no solo recae sobre los fundadores de R.G. Hotels. También vincula a la empresa que hizo los avalúos y a los auditores Mckenzie & Mckenzie por presuntos estados financieros irregulares, de acuerdo con los representantes legales de los que compraron R.G. Hotels.

La otra versión del pleito es la de Rugiere Gálvez, quien puso a la venta la empresa hotelera que levantó en el Pacífico panameño, una inmensa estructura hotelera de lujo con un frente de playa envidiable.

Asegura que el pacto era muy sencillo. La transacción consistía en que el comprador asumiera las deudas del grupo hasta por un monto de $65 millones y, a cambio, como contraprestación recibiría activos por $110 millones.

Según Gálvez, hizo la transferencia de las acciones esperando que las deudas existentes se pagaran paulatinamente, para así lograr la liberación de varias garantías personales que respaldaban obligaciones en diversas entidades bancarias.

No obstante, los representantes de Nabali Investments (Manuel Valencia, Miguel Magallón, Howard Víctor Rodríguez y Antonio Bonilla) “no cumplieron” con su parte cuando “dijeron que la empresa traería a Panamá $100 millones” para invertir, dijo Gálvez.

Los señalamientos de un lado y del otro generan varias preguntas de rigor. ¿R.G. Hotels era una empresa exitosa? ¿Por qué vender activos a la mitad de su valor? ¿Conocía el vendedor la trayectoria de los compradores? ¿Habrán hecho los compradores la debida diligencia antes de adquirir la empresa a finales de 2014, tratándose de una transacción que incluía asumir deudas millonarias, administrar un hotel, terminar la construcción de villas y una torre de apartamentos?

Según Gálvez, el negocio iba bien. Menciona como prueba los pagos de todas sus obligaciones, incluyendo los intereses de las emisiones de bonos y valores comerciales negociables que están en el mercado.

Reconoce que pese al tamaño de la operación, no conocía los antecedentes financieros de los inversionistas detrás de Nabali Investments, pero le bastó con las credenciales que presentaron, entre estas, la vinculación de Bonilla con la sociedad Vera Gold Corporation, que obtuvo una concesión minera en el gobierno de Ricardo Martinelli.

Sin embargo, el abogado Alvin Weeden, que defiende a los nuevos inversionistas en R.G. Hotels, asegura que Gálvez vendió el complejo “quebrado”.

“No tenía liquidez ni forma de seguir haciéndole frente a sus obligaciones. Por eso es que se da la venta. Los nuevos inversionistas asumieron los compromisos que mostraron en libros, pero empezaron a salir deudas no registradas por todos lados, los bienes no valían lo que ellos decían, y por más dinero que se le metiera al negocio no había forma de que fuera exitoso, porque era un fraude. Era un hoyo negro”, asegura.

En días pasados, Bonilla dijo que hicieron las investigaciones durante un año y fue en enero de 2015 cuando encontraron las irregularidades, reportadas inmediatamente a la Superintendencia del Mercado de Valores.

“Miramos tres años de estados financieros auditados, un certificado de calificación de riesgo, estaban en circulación $30 millones de emisiones y $180 millones en propiedades en un fideicomiso, [y] cómo saber que todo eso era falso. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero al final de cuentas cuando entramos a ver, todo era mentira”, afirmó.

Por su parte, Gálvez reafirma que esto es una excusa, porque el dinero que prometieron invertir “no existía”, o “sencillamente fue un engaño”.

Los bandos ahora se enfrentan en la esfera judicial con denuncias y querellas de supuesta estafa y fraude, mientras que a quienes han resultado afectados les cuesta creer los alegatos tanto del comprador como del vendedor.

En medio del pleito están los bancos que otorgaron préstamos. En Banistmo hay un crédito por $15 millones que fueron utilizados para financiar parte de la construcción del antiguo Nikki Beach, hoy Las Perlas, ubicado en Farallón.

Para financiar la compra de los PH Turístico Condo, hotel Ibiza Playa Corona y el Ibiza Playa Coronado, construido por Roberto Rollón, Gálvez solicitó en 2013 préstamos por $5 millones, de los cuales se adeudan $4.5 millones a la Caja de Ahorros.

En ambos casos las garantías son áreas comunes, como lobby, piscinas, estacionamientos y terrazas en fincas que Gálvez segmentó de los proyectos, lo que dificulta su venta en un proceso de remate.

Los bancos debían conocer los detalles de estas garantías, pero del otro lado del muro están los propietarios de los apartamentos, sorprendidos por el hecho de no contar con las áreas de uso común. Algunos pagaron al contado apartamentos de una torre que nunca se terminó y otros que ya ocupan sus propiedades no han recibido escrituras de sus bienes, pese a haber cancelado desde hace años.

Los que compraron bonos y valores comerciales negociables en 2012 hacen parte del grupo que más tiene en juego. Son $30 millones, de los que solo se han pagado intereses, mientras no han faltado cuestionamientos acerca de la calidad de las garantías que respaldan la emisión, en donde se incluyeron derechos posesorios cuya obtención está basada en una expectativa de titulación de tierras. El fisco tampoco escapó del golpe. Al Estado se le adeudan $900 mil en impuestos e igual cantidad a la Caja de Seguro Social.

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