POLÍTICA Y RELIGIÓN

El dilema de Cumberbatch

La candidatura de Cumberbatch en San Miguelito violaría la ´Constitución´. Él dice que ´es un error desvincularse de la política´..

El artículo 45 de la Constitución Política de Panamá, establece que los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo podrán ejercer cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica. Sin embargo, el partido oficialista Cambio Democrático le apuesta a un pastor evangélico como candidato a alcalde de San Miguelito.

Se trata de Gerald Cumberbatch, ministro de alabanza y pastor de los jóvenes, asociado a la comunidad apostólica Hosanna que preside Cleotaldo Edwin Álvarez.

Cumberbatch reconoció que su aspiración política riñe con la Constitución, por lo que aseguró que tramita una licencia. “Eso no implica que mis principios, mis valores religiosos están en discusión, sino [que ] por aspecto jurídico no seguiré ejerciendo. La Biblia enseña que los nombramientos de pastores no son irrevocables”, manifestó.

Pero juristas consultados consideran que se debe respetar la Constitución. “El Tribunal Electoral (TE) ha apadrinado con su silencio cómplice la participación de algunos ministros de diferentes cultos religiosos en flagrante violación del mandato constitucional”, resaltó el abogado constitucionalista Miguel A. Bernal.

Mientras, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño asegura que los dirigentes religiosos tienen limitadas sus actividades a esas especialidades que señala la Constitución. Coincidió con Bernal en que no pueden optar por cargos públicos. “Lo que pasa es que aquí no se respeta la Constitución”, manifestó.

El propósito del artículo, dijo, es que no se utilice la fe o la creencia de la gente para manejar la cosa pública.

Cumberbatch prometió hacer llegar a este diario el documento donde certifica que pidió una licencia, pero al cierre de esta edición no lo había enviado. Explicó que su renuncia es un formalismo de la empresa, en este caso de la Iglesia evangélica a la que brinda su servicio (Hosanna).

Pablo Morales, expresidente del Comité Ecuménico de Panamá y líder de la Iglesia evangélica metodista, aseguró que en esta comunidad ninguno de sus ministros ha tomado la decisión de postularse a un puesto de elección popular.

Destacó que los ministros tienen su trabajo como guías de las comunidades, el que ejercen desde el ministerio pastoral, no aspirando a un cargo político. “Si hay que hacer cambios en la sociedad, estos no se logran con una persona que se integre al sistema, sino con la transformación de las estructuras del sistema”, precisó.

En países como México, al igual que en Panamá, la Constitución también prohíbe a los ministros religiosos ejercer cargos públicos. En esta nación consideran que una condición indispensable de la democracia es la laicidad que obliga al Estado a mantenerse ajeno a disposiciones religiosas y con ello a garantizar la libertad de cultos, la tolerancia y la pluralidad.

En años recientes, miembros de la comunidad evangélica han participado en la vida pública. Vladimir Herrera, actual director del Programa Nacional para el Desarrollo Local, es un reconocido activista de esta iglesia. Herrera fue diputado entre 2004-2009, tribuna desde la que se opuso al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Mientras que el pastor Manuel Ruiz, del Tabernáculo de la Fe, también intentó llegar a la Asamblea Nacional.

En abril de este año, el también pastor evangélico Raúl Patterson, suplente del diputado de Cambio Democrático Fernando Carrillo, se inscribió en las filas del opositor Partido Revolucionario Democrático.

Relación entre la política y la fe religiosa

Carlos Guevara-mann*

panorama@prensa.com

OPINIÓN. Uno de los rasgos característicos de la tradición constitucional liberal es la separación entre la Iglesia y el Estado. Parte de esa tradición, sobre todo en América Latina, es la prohibición que en algunas jurisdicciones se impone a los ministros de cultos religiosos de ejercer cargos públicos. La Constitución panameña vigente, así como sus antecesoras desde 1904, contiene esta prohibición que debe ser acatada por quienes ejercen funciones de liderazgo en las organizaciones religiosas que operan en la República. En décadas recientes, la Iglesia católica se ha cuidado mucho de que miembros de su clero participen como candidatos a cargos de elección popular. Algunos ministros de otros cultos religiosos han pretendido incursionar en el ámbito político, haciendo caso omiso de la Constitución.

*El autor es politólogo

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