Fallos Precedentes

Los dilemas del magistrado

La ´Constitución´ establece que la Corte solo puede intervenir en el tema electoral cuando se trata de demandas de inconstitucionalidad.
Las críticas al sistema de administración de justicia se han recrudecido a raíz del fallo emitido la semana pasada, en el cual la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo suspendió una resolución del Tribunal Electoral. LA PRENSA/Archivo. Las críticas al sistema de administración de justicia se han recrudecido a raíz del fallo emitido la semana pasada, en el cual la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo suspendió una resolución del Tribunal Electoral. LA PRENSA/Archivo.
Las críticas al sistema de administración de justicia se han recrudecido a raíz del fallo emitido la semana pasada, en el cual la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo suspendió una resolución del Tribunal Electoral. LA PRENSA/Archivo.

Tres fallos emitidos por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia dejan al descubierto serias contradicciones de criterio entre los magistrados integrantes de dicha corporación con respecto a los recursos de protección de derechos humanos que tienen relación con materia electoral.

Esto se desprende de los fallos públicos del 10 de febrero de 2009 del magistrado Víctor Benavides, otro del 18 de febrero de 2009 del magistrado Winston Spadafora y otro elaborado por la magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera el 30 de marzo de 1995.

El fallo de Benavides resolvió un proceso de protección a los derechos humanos presentado por el abogado Aurelio Robles en representación de Javier Víquez, Olmedo Beluche, Antonio Méndez y Raúl González para que se declare nulo por ilegal el acuerdo No 7 de la Sala de Acuerdos No 84 de 16 de diciembre 2008, emitido por el Tribunal Electoral (TE), que rechazó una solicitud presentada por ellos para participar como candidatos principales y suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en las elecciones de 2009.

En esa ocasión el magistrado Benavides no admitió el recurso presentado por considerar que la demanda de protección de los derechos humanos es una especie de amparo legal que se limita a revocar la orden violatoria del derecho y restablecer la libertad y el derecho violado a su estado natural, es decir, a la situación existente antes de la violación.

Para Benavides el caso en estudio es de carácter electoral, toda vez que el Acuerdo No 7 de Sala de Acuerdos No 84 de 16 de marzo de 2008 fue emitido por el TE, corporación que tiene competencia privativa sobre esta materia.

Señala que la Constitución en su artículo 143 plantea que “decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y una vez cumplidos los trámites de ley serán definitivos, irrevocables y obligatorios”.

Además, que “contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad”.

En el fallo de Benavides plantea que “la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte no le está permitido entrar a conocer respecto de la interpretación y aplicación de la materia electoral, correspondiendo a la Corte Suprema de Justicia la facultad para conocerla en cuanto a la inconstitucionalidad de los actos”.

OTRO CASO

Otro fallo precedente en el que los magistrados de la Sala Tercera rechazaron un recurso de protección a los derechos humanos relacionado con un tema electoral, fue el manejado por el magistrado Winston Spadafora el 18 de febrero de 2009 dentro de una demanda presentada por Juan Antonio Jované De Puy, para declarar ilegal el acuerdo No 6 de la Sala de Acuerdos 84 del 16 de diciembre de 2008 del TE.

La demanda atacaba el acuerdo por el cual el TE rechazó una solicitud presentada por Juan Jované para iniciar trámites como candidato a la Presidencia de la República por libre postulación para las elecciones generales de mayo de 2009.

En su decisión, Spadafora plantea que en cuanto a la facultad de interpretación y aplicación de la norma electoral esto constitucionalmente le corresponde de forma privativa al TE.

Además consideró que del artículo 142 de la Constitución se infiere que los actos emitidos por el TE, “por razón del proceso electoral son de carácter jurisdiccional y que esto es así por tener su origen en un procedimiento especial regulado por la legislación, que solo corresponde interpretar y aplicar a dicho tribunal y en consecuencia no puede revisarse ni impugnarse ante la jurisdicción contencioso administrativa”.

En tanto, en la demanda resuelta por la magistrada Mirtza Franceschi de Aguilera en marzo de 1995 y que fuera presentada por el abogado Luis Alberto Palacios en representación del contralor de la República para que se declarara nulo el nombramiento vía elección popular de Juan Magdaleno Valerín como Alcalde del distrito de Remedios y la entrega de las credenciales que lo acreditaban como tal.

En esa ocasión, la magistrada Aguilera de Franceschi alegó que el nombramiento impugnado no es un nombramiento sino un acto político de elección popular.

También plantea que la vía para impugnar la elección de Juan Magdaleno Valerín como Alcalde de Remedios está regulada en el Código Electoral y el TE es la autoridad jurisdiccional con competencia para conocer de tales nulidades.

A la vez señala que el acto de entrega de credenciales como Alcalde de Remedios para el período 1984-1999 se trata “de la correspondiente credencial entregada a quien ha sido elegido por votación popular, acto regulado por el Código Electoral y que este acto al igual que el primero son consecuencia de la elección por sufragio universal de Valerín como Alcalde de Remedios, ambos bajo la jurisdicción del TE, por lo que dicho acto no es susceptible de ser impugnado por la vía contencioso administrativa.

Retiran Demanda

El Movimiento Panamá Avanza decidió retirar la demanda que interpuso en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra el TE, luego que este le suspendiera la emisión de una cuña por considerarla ofensiva.

La asociación, presidida por Alfredo Prieto, exsecretario de Comunicación del Estado, tomó la decisión de suspender el proceso en la Sala Tercera al considerar que lograron “desenmascarar a los magistrados del TE y hacer respetar a la Corte”.

“Los magistrados del TE no están sobre la Corte”, destacó Carlos Zabala, vicepresidente del Movimiento Panamá Avanza.

El miércoles pasado, luego que se diera a conocer el fallo de la Sala Tercera, Erasmo Pinilla, magistrado presidente del TE, aseguró que el mismo ponía en riesgo el proceso electoral de mayo de 2014. “Es un día triste y funesto para nuestra democracia”, aseguró.

Una fuente que prefirió el anonimato señaló que Panamá Avanza no desestima presentar una demanda contra Pinilla, a menos que el magistrado del TE rectifique su lectura jurídica sobre la cuña. Incluso, señaló que podrían acudir a instancias internacionales.

Sin embargo, los abogados de Panamá Avanza no pudieron hacer efectivo el desestimiento de la demanda, porque se les solicitó la firma en el poder del líder de esa organización, Alfredo Prieto, por lo que procederán el próximo martes en horas de la mañana.

“Pinilla no nos puede violar nuestros derechos humanos. El debido proceso tiene que seguir. Pinilla puede ser demandado ante todo. Nosotros no estamos jugando, si alguien cree que nosotros estamos jugando, que no duerma de ese lado”, manifestó Zabala.

Mientras que en la Corte se informó que el recurso de nulidad por falta de competencia presentado por el abogado Olmedo Sanjur, en representación de los magistrados del TE, contra la resolución emitida por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo que originó una ola de protestas al dejar en suspenso una resolución del TE que suspendía una cuña publicitaria de Panamá Avanza contra el candidato presidencial Juan Carlos Navarro, aún no ha sido repartido.

Fuentes del Palacio de Justicia Gil Ponce informaron que el recurso presentado el pasado miércoles 6 de noviembre aún permanecía en la secretaría de la Sala Tercera, y este será resuelto por el magistrado Alejandro Moncada, ponente de la demanda.

>>> Quintero: Denuncia está en Credenciales

La denuncia penal por extralimitación de funciones interpuesta por el presidente del Partido Popular (PP), Milton Henríquez, en contra del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, por presuntamente interferir en asuntos electorales, fue remitida a la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

El secretario general de la Asamblea -instancia que recibió la queja-, Wigberto Quintero, informó que ya fue remitida a dicha comisión, la cual es presidida por el diputado Mario Miller, del oficialista Cambio Democrático (CD).

No obstante, Quintero precisó que dependerá de la comisión darle el trámite respectivo a esta denuncia. El diputado Manuel Cohen, miembro de esta comisión, precisó que hasta el momento no han sido convocados para atender este caso y explicó que esto requiere un proceso.

Detalló que después de ser remitida la denuncia a la comisión, la misma es analizada por sus asesores, los que luego de tal revisión determinan internamente si hay mérito o no para abrir una investigación y finalmente el presidente de la comisión convoca a los miembros para definir si acogen la denuncia o la archivan.

El presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, manifestó desconocer cuándo la comisión de Credenciales analizará este tema y dijo no creer que el caso sea tratado con trámite de urgencia durante el receso legislativo. “Todo va a depender del criterio de los miembros de la comisión, yo no tengo injerencia en eso”, afirmó.

El presidente del PP, Milton Henríquez, expresó sus dudas de que la Asamblea Nacional investigue su denuncia, pero mantiene la esperanza de que los diputados que serán elegidos para el próximo periodo, en julio de 2014, sí lo hagan.

Ya esta comisión ha archivado denuncias contra el magistrado Moncada, una de ellas por supuestamente no atender con prontitud una petición de hábeas corpus presentada por el abogado Carlos Herrera Morán, y otra querella penal por el delito contra la administración pública, corrupción y tráfico de influencias, por los fallos que llevaron a la destitución de la procuradora Ana Matilde Gómez.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene pendientes en esta instancia cerca de seis denuncias penales en su contra.

Gustavo A. Aparicio O.

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