SISTEMA DE JUSTICIA

Sin dinero para los jueces de paz

Un total de 6.8 millones de dólares se requerirá para ejecutar la justicia comunitaria de paz. El dinero será solicitado al Ejecutivo.

Un trámite simple y libre de formalismo

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En el distrito capital funcionan 27 corregidurías y laboran 120 personas. En el distrito capital funcionan 27 corregidurías y laboran 120 personas.
En el distrito capital funcionan 27 corregidurías y laboran 120 personas. Gabriel Rodríguez

Cuando faltan dos meses para que que entre en vigencia la justicia comunitaria de paz en el Primer Distrito Judicial, las autoridades involucradas carecen del presupuesto y los mecanismos para que el nuevo modelo funcione de la mejor forma.

La renovada metodología de resolución de conflictos comunitarios está contemplada en la Ley 16 del 17 de junio de 2016 y reemplaza la función que desempeñan las corregidurías.

Según el cronograma aprobado en la ley, a partir de junio próximo los 18 municipios de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y de las comarcas indígenas Guna Yala, Emberá Wounnan y Wargandí deben comenzar a aplicar el sistema.

Sin embargo, el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, manifestó que habrá inconvenientes para implementar la Ley 16, ya que existe un problema de interpretación respecto al presupuesto que se necesita para ejecutar la norma.

EL PROBLEMA

El jefe de la Dirección de Asesoría Legal de la Alcaldía de Panamá, Agapito González, explicó que en el distrito capital funcionan 27 corregidurías, en las que laboran 120 personas y se destina un presupuesto anual de aproximadamente 1.2 millones de dólares.

Detalló que para poner en vigencia la nueva normativa se necesitaría un monto adicional mínimo que ronda los 250 mil dólares, lo que, dijo, cubriría la adecuación de las instalaciones y la contratación adicional de unas 36 personas.

En el capítulo II de la Ley 16, que consta de 170 artículos, se establece que en cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria de paz y que cada una de estas tendrá el siguiente personal mínimo: un juez de paz; un secretario, que lo reemplazará en sus ausencias; un mediador comunitario; un notificador y cualquier otro personal que requiera el despacho, según las necesidades del corregimiento y niveles de conflictividad.

González también detalló que como parte de este trabajo se requeriría crear una segunda instancia, denominada Comisión de Apelación y Ejecución, en la que se presentarán las apelaciones de las decisiones que adopten los jueces de paz.

De acuerdo con la normativa, debe haber una por cada tres corregimientos.

Por otro lado, se establece la creación de los funcionarios de cumplimiento, quienes estarían encargados de tramitar los expedientes de los casos que son competencia del alcalde.

En la Ley 16 se fija que debe haber un funcionario de cumplimiento por cada nueve corregimientos. En el caso del distrito de Panamá, debería haber un mínimo de tres.

Además, se tienen que crear las corregidurías de descarga, que se ocuparán de dar respuesta a todos los procesos que actualmente están en trámite y que operarán tal y como lo realizan hoy en día.

González manifestó que es una situación amplia y compleja, y que a pesar de las limitaciones, la Alcaldía de Panamá es la que menos recursos necesitaría para poder operar.

Desde su punto de vista, “es necesario que el Gobierno Central haga una transferencia directa para que se puedan cubrir todas las demandas y el costo operativo del nuevo sistema”.

EVALÚAN SITUACIÓN

Por su parte, la subdirectora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, Karen Palacios, manifestó que ha recibido las inquietudes de las autoridades que componen los 18 municipios del Primer Distrito Judicial y que los diferentes temas están siendo evaluados.

Detalló que desde hace varios meses se está trabajando en la “mesa técnica del Pacto de Estado por la Justicia”, desde la que se diseña y coordina cómo hacer posible la implementación de la Ley 16.

En respuesta a la situación actual, se ha planteado la necesidad de solicitar al Ejecutivo la aprobación de un crédito extraordinario de 6.8 millones de dólares para implementar la medida en el Primer Distrito Judicial durante el período comprendido entre junio y diciembre de este año, explicó Palacios.

La cifra cubriría aspectos, como la capacitación del personal, el mobiliario, las estructuras para que operen las casas de paz, entre otras necesidades.

Aportó que hoy habrá una reunión interinstitucional, en la que se abordará el tema presupuestario, lo relacionado con la aprobación de los lineamientos generales para la selección del personal que componen los nuevos juzgados; se discutirá el currículum del curso de capacitación que deben recibir los aspirantes a jueces de paz e incluso se evaluará la posibilidad de postergar la entrada en vigencia del nuevo modelo.

A juicio de Palacios, la nueva metodología de resolución de conflictos comunitarios, que está basada en la justicia de paz, los métodos de solución de conflictos, la equidad, la práctica de círculos de paz y la participación ciudadana tiene un 50% de avance.

RECLAMAN ACCIONES

Para Juan Carlos Araúz, presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados, la situación denota una “falta de compromiso y responsabilidad” por parte del Ejecutivo para garantizar la justicia en el país.

Comentó que al momento de sancionar esta normativa se debió ver también si era viable presupuestariamente y su cronograma de implementación, asegurando desde un inicio la ejecución de esta importante norma.

Los dos puntos anteriores siempre quedan en último lugar y así quedó evidenciado en la ejecución de la Ley 51 de 2015, sobre carrera judicial y del sistema penal acusatorio, acotó.

Araúz señaló que el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad, solucionar las deficiencias que existen y no postergar el inicio de la metodología.

Mientras, Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que el tema presupuestario no es lo más importante, sino el aspecto de la capacitación y los tiempos para escoger a los jueces de paz.

Lee profundizó que en la Ley 16 se establecen parámetros para la formación de la Comisión Técnica Distrital, que es la responsable de evaluar los perfiles y seleccionar a los aspirantes a jueces de paz, así como la capacitación obligatoria que esos jueces deben tener.

“Lo que nos da temor es que no haya participación ciudadana y que los corregidores sean puestos como jueces de paz”, expresó Lee, quien agregó que esta situación desviaría el objetivo fundamental de la nueva norma, que es la participación ciudadana, por lo que urge que se tomen decisiones.

Un trámite simple y libre de formalismo

JUSTICIA.  La Ley 16 de 2016 estableció la justicia comunitaria de paz en Panamá como un sistema que actualiza y moderniza la denominada justicia administrativa, que aplican los corregidores y  jueces nocturnos y que es considerada generalmente como arbitraria, y coloca en la indefensión a los ciudadanos frente a la autoridad, intensificando los conflictos vecinales.

Con la nueva ley, se sustituyen las corregidurías por Centros Comunitarios de la Justicia de Paz, dentro de los cuales un juez de paz actúa como facilitador de la solución de conflictos entre las partes, ofreciéndose, incluso, las opciones de mediación y conciliación para evitar nuevos conflictos en las comunidades.

El trámite ante el juez de paz está diseñado para ser simple y libre de formalismos, no siendo  obligatoria la presencia de abogados para actuar ante el juez  de paz.

Las sanciones pecuniarias o de cárcel son restringidas a un mínimo, destacándose en su lugar medidas de servicio comunitario, resarcimiento del daño a la víctima y otros mecanismos de bienestar a la comunidad, que sean los menos onerosos a las partes involucradas.

Los jueces de paz pueden conocer todos los conflictos hasta por un monto de mil dólares y las contravenciones o faltas de policías,  derivadas de lesiones con incapacidades de hasta 30 días.

La justicia comunitaria de paz es común en la mayoría de los países europeos y se fortalece en América Latina. En Panamá, este es el sistema que viene a acompañar como contraparte al sistema penal acusatorio. No es tolerable que prácticas que han sido erradicadas en los jueces y fiscales todavía se mantengan en las corregidurías y juzgados nocturnos. La justicia de paz homologa, bajo un solo estándar garantista, la justicia administrativa con la justicia penal actualmente imperante en el país.

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