Yanibel Ábrego

‘Ningún diputado está siendo investigado’

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, dijo que no existen pruebas ‘reales y concisas’ para investigar a un diputado por las donaciones.

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Ábrego sostuvo que no se han probado las supuestas anomalías en las donaciones. Ábrego sostuvo que no se han probado las supuestas anomalías en las donaciones.
Ábrego sostuvo que no se han probado las supuestas anomalías en las donaciones. Archivo

Activistas de la sociedad civil organizada cuestionaron las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, en torno a las presuntas irregularidades en la gestión de donaciones por $14 millones y otros $68 millones en contratos por servicios profesionales en ese órgano del Estado.

En una entrevista en RPC, Ábrego aseguró que actualmente ningún diputado es investigado en relación con las donaciones, ya que no existen pruebas. “Eso no se ha probado [irregularidades en donaciones], es lo que ha dicho un diario de la localidad. No existe una persona señalando a un diputado con pruebas reales y concisas (…). Si existe una denuncia formal con pruebas contundentes en contra de un funcionario o un diputado, que el Ministerio Público y la Corte inicien las investigaciones”, declaró.

Una investigación de La Prensa documentó que la AN gestionó $14 millones en donaciones que, en su mayoría, no fueron a parar al beneficiario original, así como $68 millones en contratos por servicios profesionales por trabajos que casi nunca se llevaron a cabo. Los dineros se repartieron entre julio de 2014 y el 3 de marzo de 2017.

‘HAY PRUEBAS SUFICIENTES’

Freddy Pittí, de la organización Juntos Decidimos, quien junto al abogado Carlos Herrera Morán denunció a 13 diputados ante la Corte Suprema Justicia (CSJ) por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, por las supuestas anomalías en las donaciones, opinó que las declaraciones de la presidenta del Legislativo “no tienen sentido”.

“Si no hay un diputado investigado es simple y llanamente porque las autoridades a las que corresponde hacerlo [la Corte] desestimaron todas las denuncias sobre este tema fundamentadas en la investigación de La Prensa, en la que se incluyeron audios de personas que presuntamente fueron estafadas”, añadió.

Según el activista, Ábrego mandó un mensaje negativo. “Ella está queriendo decir como nueva presidenta que el estatus actual es el correcto, cuando debería tener un tono de reconocer los errores”, sentenció.

Por su parte, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, manifestó que hay suficientes pruebas y méritos en la investigación publicada por este diario en lo que se refiere a detalles, números de cheques y cantidades de dinero.

“Con base en esta publicación, nosotros presentamos una denuncia [ante el Ministerio Público], fue acogida, repartida en la Fiscalía Segunda Anticorrupción y se encuentra en investigación”, argumentó.

El pasado 20 de de abril, cinco funcionarios que se presume son tramitadores de las donaciones y contratos de la AN fueron denunciados penalmente por la organización a la que pertenece De Obaldía, por la posible comisión de delitos contra la administración pública en las diferentes modalidades de peculado.

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño dijo que si no hay diputados investigados por las donaciones es debido a que la CSJ ha desestimado todas las denuncias.

“Si la Contraloría General de la República ni la CSJ juegan su papel, ningún diputado será investigado, pero esto no quiere decir que no hay suficientes señalamientos para que pueda surgir un proceso judicial”, sustentó Cedeño.

El pasado 15 de marzo, Cedeño denunció al expresidente de la AN Rubén De León por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, contra la administración pública y por delitos electorales. Esta denuncia también fue archivada.

El pasado 11 de julio, la Contraloría abrió un periodo de dos semanas para que toda persona que se sienta perjudicada o estafada por posibles actos delictivos causados por la firma de contratos por servicios profesionales o donaciones procedentes de la AN pudiera rendir testimonio voluntario.

Este diario le consultó a la entidad sobre los avances de este proceso y desde el Departamento de Comunicaciones respondieron que los temas relacionados con las auditorías que adelanta la Contraloría “no son manejados públicamente, para no entorpecer posibles procesos judiciales que pudieran emanar de nuestras auditorías”.

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