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Un ente sin claridad

SEDE. En las áreas revertidas se encuentra la sede del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, entidad consultiva que busca promover una mejor gestión pública. Ahora se le quiere dar estatus de Autoridad. LA PRENSA/Archivo SEDE. En las áreas revertidas se encuentra la sede del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, entidad consultiva que busca promover una mejor gestión pública. Ahora se le quiere dar estatus de Autoridad. LA PRENSA/Archivo
SEDE. En las áreas revertidas se encuentra la sede del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, entidad consultiva que busca promover una mejor gestión pública. Ahora se le quiere dar estatus de Autoridad. LA PRENSA/Archivo

Fue a través del Decreto Ejecutivo No. 179 del 27 de octubre de 2004 que se creó el llamado Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, organismo consultivo para las políticas de transparencia y prevención de la corrupción.

Este organismo buscaba ser un ente más efectivo de lo que había sido hasta entonces la antigua Dirección Nacional contra la Corrupción, creada en 1999 y que funcionaba a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Herbert Young, su primer director, durante la administración de Mireya Moscoso, había renunciado al cargo poco tiempo después de empezar su andadura.

No sería hasta enero de 2005 que el nuevo consejo se instalaría, con un acto presidido por el entonces presidente Martín Torrijos.

El consejo lo integraban el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real; la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez; el procurador de la Administración, Oscar Ceville; el contralor general de la República, Dany Kuzniecky, y el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada. También formaban parte del ente Carlos Sucre, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Xiomara Ambulo, en representación del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato); Walter Smith, por el Comité Ecuménico; Angélica Maytín, por las organizaciones sociales sobre Ética, Integridad y Transparencia; y Mario Velásquez padre, en representación de los medios de comunicación social.

La secretaría del Consejo estaría a cargo del abogado Cristóbal Arboleda. Pero Arboleda renunciaría poco tiempo después.

Año y medio más tarde, la nueva secretaria, Alma Montenegro de Fletcher, entregaba un informe en el que daba cuenta de que en un año abrió 108 expedientes, 73 de los cuales fueron archivados, y los 35 restantes estaban activos. Sin embargo, la propuesta de dotar con más poder a la propia secretaría, generaba malestar en el seno del Consejo.

La gestión de Montenegro de Fletcher fue criticada por el Ejecutivo, que decía que había pocos resultados. También salía a relucir la posibilidad de conflictos de competencia con el Ministerio Público.

Dos años más tarde, en mayo de 2008, era la procuradora, Ana Matilde Gómez, la que admitía que el Consejo no había “aportado los resultados que la ciudadanía esperaba”.

Según Gómez, los “altos niveles” de la administración pública no acogían como deberían las recomendaciones del Consejo.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Consejo, Alma Montenegro de Fletcher, afirmó entonces que los casos de corrupción más bien “habían disminuido”, al menos en lo que competía a su despacho. La efectividad en el combate contra la corrupción, había dicho Montenegro de Fletcher, dependía de la eficiencia de la gestión pública.

A principios de 2009 se conoció la propuesta emanada de la propia secretaría, de convertir, por ley, esta entidad en una Autoridad para el Desarrollo de la Ética y Control Institucional.

Se pretendía fusionar en una sola institución el Consejo, la Secretaría para la Innovación Gubernamental, la Dirección de Desarrollo Institucional (del MEF), la Dirección de Carrera Administrativa, la Secretaría de Metas Presidenciales, y el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública.

La iniciativa recibió muchas críticas, en especial de la sociedad civil organizada, que veía en este nuevo ente más burocracia.

Montenegro de Fletcher aseguraba que su propuesta contemplaba la mayoría de los puntos que Transparencia Internacional Panamá sugería en su agenda anticorrupción al candidato que resultara triunfante en las elecciones del 3 de mayo de ese año.

El ente propuesto promovería la transparencia e integridad de la gestión pública, y dirigiría auditorías e investigaciones de eficiencia administrativa, prevención de fraudes y abuso de autoridad.

También se establecía que el director de dicha Autoridad sería elegido por siete años y podría ser reelegido.

El director gozaría, además, de consideraciones de alta autoridad de Estado, como un salario igual al del Procurador de la Administración (10 mil dólares) e inmunidad casi legislativa.

Con el cambio de gobierno, tras el triunfo de Ricardo Martinelli, fue nombrado en el puesto de secretario del Consejo, Fernando Núñez Fábrega. Este nombramiento también fue cuestionado, por cuanto se señalaba que Núñez Fábrega era primo del mandatario.

Pronto salieron a relucir diferencias con la procuradora, Ana Matilde Gómez, que fueron zanjadas por el Presidente a favor de Núñez Fábrega.

En 2011, de las 40 denuncias que aparecían en la página web del Consejo Nacional de Transparencia, dos eran en contra de funcionarios del actual gobierno. El resto, 38, era en contra de funcionarios de la pasada administración.

Eventualmente, Núñez Fábrega dejaría la oficina, que asumiría Abigaíl Benzadón Cohen.

En septiembre de 2012, solo el 38% de las instituciones del Estado cumplía al 100% con la Ley 6 de enero de 2002, de acuerdo con el informe de la oficina del Consejo de Transparencia. El resto de las entidades no divulgaba en forma eficiente su información en la red.

A comienzos de abril de 2013 se impulsó la creación de la nueva Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a raíz, según el gobierno, de que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera un nuevo pronunciamiento sobre la necesidad de mejorar el acceso a la información pública.

Su administrador tendría un término de siete años “prorrogables por una sola vez”. Sería designado por el Presidente de la República y “tendrá la consideración de alta autoridad del Estado” además de un salario de 7 mil dólares.

La búsqueda de la transparencia

El Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción forma parte de acuerdos y legislaciones adoptadas por Panamá para el fomento de la transparencia en su gestión pública.

Por ejemplo, Panamá ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 29 de marzo de 1996.

Cuenta con la Ley No. 6 del 22 de enero de 2002 que dicta normas para la Transparencia en la Gestión Pública y establece el hábeas data.

También ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción, del 31 de octubre de 2003, mediante la Ley No. 15 del 10 de mayo de 2005.

Por otra parte, el trabajo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - capítulo panameño de Transparencia Internacional, desde la orilla de la sociedad civil organizada, ha sido constante haciendo conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de los temas de la transparencia, la rendición de cuentas y el poder del ciudadano de a pie.

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