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ENFOQUE

Las etapas del proceso de extradición

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Expresidente Ricardo Martinelli. Expresidente Ricardo Martinelli.
Expresidente Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo

ANÁLISIS. Para entender el proceso de extradición que se desarrolla actualmente en la Corte Federal de la ciudad de Miami, Florida, hay que conocer las etapas de esta tramitación:

1. La solicitud de extradición panameña estuvo en manos del Departamento de Estado, que es el equivalente a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. La evaluación que se realizó en esta entidad cumplió con un aspecto de análisis de la formalidad de los documentos que Panamá envió, verificándose si los mismos cumplían con los requisitos de las leyes estadounidenses, y si no existían razones de seguridad nacional de Estados Unidos, o de su política exterior, para evitar la extradición de Ricardo Martinelli. El Departamento de Estado envió entonces la solicitud al Departamento de Justicia para que continuara con el proceso.

2. El Departamento de Justicia es el equivalente a nuestro Ministerio Público. Allí, la Oficina de Asuntos Internacionales realizó una nueva evaluación del expediente y verificó que la persona solicitada no era parte de una investigación penal en Estados Unidos, ya sea una investigación activa con un encausamiento sellado, o incluso como testigo protegido que estuviera colaborando en alguna causa criminal. De no formar parte de proceso criminal alguno, el expediente es asignado a una Fiscalía Federal del sur de la Florida.

3. Con la detención de Martinelli empezaron sus oportunidades de defensa. También el Gobierno de Panamá tiene la obligación de contratar abogados para representar los intereses del país y proveer de análisis jurídico-político al juez, de ser necesario.

La audiencia de ayer, martes, fue simplemente para considerar si se establecía una fianza que permitiera a Martinelli estar en libertad mientras el proceso de extradición avanza. Esta audiencia y la del próximo martes 20 de junio no tratan en forma alguna la parte sustantiva del proceso de extradición. Una vez decidido el tema de la fianza, se fijará la fecha para la audiencia de fondo, y allí los defensores de Martinelli tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos.

De perder en esa instancia, es seguro que el equipo de la defensa legal del expresidente apelará y su caso será conocido por un panel de jueces federales del Quinto Circuito Judicial, con sede en Atlanta. Una vez esta apelación sea decidida, el caso pudiera ser enviado a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pero usualmente este tribunal rechaza conocer este tipo de casos.

4. El argumento que la defensa aparentemente quiere usar es el de la persecución política. Este argumento ya le habría fallado a Martinelli en una audiencia de asilo político algunas semanas atrás. De todas formas, vale la pena explorar el concepto. Los abogados de Martinelli deben generar dudas y cuestionamientos razonables acerca de la naturaleza de los delitos por los que es investigado. Seguramente, se presentarán peritos e informes de diversos expertos que podrán calificar al gobierno de Juan Carlos Varela como otro régimen autoritario latinoamericano que persigue a sus enemigos políticos.

Aunque la principal responsabilidad de construir y articular el contraargumento recae sobre la fiscalía estadounidense, el Gobierno de Panamá puede colaborar identificando presuntas víctimas de los abusos del gobierno anterior y encontrando expertos internacionales que validen la naturaleza del régimen que presidía Ricardo Martinelli. Todo esto ocurriría si el juez federal Edwin Torres permite este tipo de argumentación.

Sobre el tema de la extradición se han difundido muchas medias verdades. Aunque la principal fuente jurídica es el Tratado de Extradición de 1904, existe una multiplicidad de tratados multilaterales a nivel interamericano y de Naciones Unidas que han ampliado el rango de delitos sujetos a la extradición. El concepto principal es que la conducta investigada sea delito en los dos países. La intervención telefónica ilegal es delito en Panamá y en Estados Unidos. Basta recordar el caso Watergate, que llevó al presidente Richard Nixon a renunciar en 1974.

Mientras transcurran los meses que tomará la extradición, la Corte Suprema de Justicia de Panamá debe agilizar los otros procesos que se le siguen a Martinelli para que Panamá presente solicitudes adicionales de extradición que favorezcan el caso. Es clave comprender que cuando se concede la extradición por un delito, o por una lista de delitos, la persona solo puede ser juzgada por esos casos. Hipotéticamente, de concederse la extradición de Martinelli, solo se le podría juzgar por el caso de los pinchazos.

Según el artículo 495 del Código Procesal Penal, se necesita que en la Corte Suprema de Panamá seis de nueve magistrados dictaminen la culpabilidad de un diputado para condenarlo a prisión. De lo contrario, el diputado queda exonerado de cualquier responsabilidad penal y no se le podrá juzgar por ningún otro delito, salvo que el juez que autorizó la extradición acepte que Panamá lo juzgue por otros delitos, según lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 548.

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