AUTORIDADES GUARDAN SILENCIO SOBRE HOMICIDIO DEL CIUDADANO ESPAÑOL

El etarra que vivía en Chepo

Una semana después del asesinato de Ion Mikel Illarramendi Zabaleta, en Chepo, la policía no tiene sospechosos ni detenidos.

¿Qué hacía en Panamá un miembro del aparato logístico del grupo terrorista ETA como Ion Mikel Illarramendi Zabaleta?, ¿desde cuándo vivía en el país?, ¿cuál era su estatus migratorio?

Más allá, ¿sabían las autoridades de su permanencia en territorio nacional?, ¿la avalaban?

Las anteriores son interrogantes pendientes de respuesta desde el sábado 18 de este mes, cuando Illarramendi Zabaleta, de 46 años, fue asesinado de dos puñaladas por supuestos ladrones en su residencia de La Higuera, en el distrito de Chepo.

La personería de Chepo, que abrió una investigación por el homicidio [y luego la pasó a la Fiscalía Auxiliar de la República], pidió información de la víctima al Servicio Nacional de Migración (SNM) y solicitó a Interpol investigar si Illarramendi Zabaleta era requerido por la justicia de su país.

Y es que las autoridades que están por encima de la personería de Chepo no han aportado hasta ahora información sobre este hombrey lo poco que se sabe fue difundido a través de un despacho de la agencia de noticias EFE, según el cual Illarramendi Zabaleta vivía en Panamá desde hacía por lo menos dos años, estaba tramitando su residencia permanente y se dedicaba a la pesca, para lo cual tenía tres botes.

Pero sobre él pesaba una condena a 10 años de prisión dictada por las autoridades judiciales francesas, que lo detuvieron en el año 2003 junto con otros miembros del aparato logístico de la banda terrorista ETA, incluyendo a su jefe en aquella fecha, Félix Ignacio Esparza Luri.

Algunos antecedentes

Según información publicada por el diario español El Mundo y el diariovasco.com, Illarramendi Zabaleta era buscado por las autoridades españolas desde la década de 1990, pero información de la época lo sitúa entonces como fugitivo en Latinoamérica.

Con el nuevo milenio, Illarramendi Zabaleta volvió a Europa y se instaló en Francia, donde se unió al aparato logístico del grupo separatista, entre cuyas funciones destacaba “garantizar la seguridad de sus miembros desde la retaguardia francesa y facilitar el trabajo de los comandos que en España estaban encargados de cometer los atentados”.

Al mismo tiempo, “mejorar la capacidad operativa de ETA mediante el suministro de fondos procedentes de robos”, con miras a extender las actividades terroristas de la banda a toda España.

Se calcula que el grupo de Illarramendi Zabaleta manejaba al menos 50 mil euros al mes, o lo que es lo mismo 30% de las finanzas totales de ETA.

Illarramendi Zabaleta y dos de sus compañeros de una célula conocida como Los Daltones fueron apresados el 30 de julio de 2003 en Cahors, Francia, con 448 kilos de material para la fabricación de explosivos y armas.

Después de su captura, el resto del aparato logístico de ETA fue arrestado, y en un proceso posterior, Illarramendi Zabaleta fue condenado a 10 años de cárcel.

Esparza Luri recibió una sentencia a 19 años de prisión, mientras que la mujer y mano derecha de este, Laurence Guimon, fue condenada a 17 años.

Los demás miembros del grupo de 11 etarras recibieron penas de entre 3 y 15 años. Entre ellos también figuraba Iñigo Elizegi Erbiti, experto en bombas.

Después de cumplir siete años en prisión, Illarramendi Zabaleta fue liberado y expulsado de Francia, por lo que regresó a España, y en mayo de 2011 se radicó en la localidad de Eskoriatza, desde donde, según los medios de comunicación citados, solía viajar a Panamá por razones de trabajo.

Una semana después de su asesinato en el distrito de Chepo, las autoridades panameñas no tienen sospechosos ni detenidos, y hasta ahora creen que el robo fue la motivación del crimen.

De hecho, los autores materiales del hecho robaron el dinero en efectivo que portaba Illarramendi Zabaleta (no se especificó cuánto), así como otras pertenencias.

Los dos hombres que lo acompañaban, de ascendencia indígena, cuyas identidades no han sido dadas a conocer a los medios de comunicación, fueron golpeados.

Uno de ellos ya declaró ante las autoridades y dijo no poder identificar a los ladrones. El otro no ha podido hablar, ya que tiene la mandíbula fracturada a causa de un fuerte traumatismo.

Este diario pidió información del caso al Ministerio Público, a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y al SNM, pero no obtuvo respuestas oficiales.

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Cortesía/Sinaproc

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