CENTRO BANCARIO. 22 AÑOS DESPUÉS DE UNA INVASIÓN.

Las eternas amenazas

Ya no es la etiqueta de país que no honra sus deudas y que favorece el lavado de dinero, sino de poco cooperador en la lucha contra la evasión fiscal.

El 20 de diciembre de 1989, una invasión armada puso punto final a 20 años de dictadura militar. El sector bancario, uno de los principales pilares de la economía panameña y protagonista importante de esa coyuntura, enfrentó retos, que hoy, 22 años después, presentan coincidencias, principalmente en lo referente a las amenazas foráneas.

La dictadura representó para el centro financiero internacional de Panamá su primera gran crisis, desde su nacimiento en 1970. Entre 1987 y 1989 se registró una fuga de depósitos por cerca de 10 mil millones de dólares y la cartera de crédito se redujo en más de la mitad, pasando de 23 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares.

El componente internacional se redujo al punto que 15 bancos optaron por probar suerte en otros mercados y 17 redujeron operaciones –de 125 que había en ese entonces– con el consecuente despido de cerca de mil 400 empleados, que representaban 15 millones de dólares anuales en salarios y beneficios, según recuerda el banquero Luis H. Moreno.

Los bancos de capital panameño eran pocos: Banco General, Banco Continental, Banco del Istmo, Towerbank, Banvivienda y Banco Trasatlántico. Hoy son 19.

La Asociación Bancaria de Panamá, dirigida en esa época por Edgardo Lasso Valdés, fue la encargada de liderar, junto con las autoridades de gobierno, las acciones para volver a la normalidad un sistema que operaba con restricción en un país en bancarrota.

En lo externo tenían que apoyar la estrategia que llevara a recuperar la confianza en Panamá, que había quedado con el estigma de favorecer el lavado de dinero y el narcotráfico por los señalamientos que se le hacían a Manuel Antonio Noriega.

Además, el país tenía que volver a ser sujeto de crédito y ponerse al día con los organismos internacionales.

Isaac Btesh, presidente ejecutivo de Multibank (antes MultiCredit Bank), que inició operaciones justo tres meses después de la invasión, cuenta que la entidad había obtenido su licencia en noviembre de 1987, pero “era imposible abrir un banco en un sistema amenazado y con sanciones económicas”, dijo.

Luego de la invasión, y ya para mediados de 1990, el país y la actividad bancaria volvían poco a poco a la normalidad. Fue en ese momento, cuando había una gran demanda de crédito, que los Btesh se alistaron para abrir las puertas de su banco.

Las preocupaciones de los banqueros entonces eran la recuperación económica y que Panamá fuera ganando confianza en el plano internacional. Aunque todavía persisten las amenazas externas. Hoy la imagen de país poco cooperador en el combate al lavado de dinero ha pasado a la de un país con falta de transparencia fiscal.

Para Federico Humbert, presidente de Banco General (el más importante de los de capital panameño), el reto es que el país siga manteniendo su crecimiento y que logre reducir los niveles de pobreza. Esa es, según opinión de Humbert, una condición insalvable para consolidar un desarrollo sostenible en Panamá.

Btesh teme a la amenaza de la crisis de deuda de países europeos, aunque reconoce que la banca ha sabido sortear con éxito esa coyuntura. Las operaciones presentan buen desempeño, con crecimiento en los principales indicadores por arriba de 10%.

Y que hay de la banca ´off shore´

La banca offshore es aquella que lleva a cabo operaciones con clientes no residentes (fuera del país) y que trabaja en condiciones diferentes a las de la banca doméstica. Esta actividad, según los expertos, es atractiva fundamentalmente por la confidencialidad que ofrece a sus clientes.

Sin embargo, desde 1989 ya se hablaba de homogeneización de controles para estos centros financieros, entre los cuales Panamá destaca. La modalidad del negocio y el régimen de sociedades anónimas son los elementos que han contribuido a que el país sea considerado un paraíso fiscal.

Poco ha cambiado en este tema en las dos últimas décadas; los discursos son los mismos: se siguen buscando mecanismos para que la necesidad de controles y el intercambio de información sean consistentes con las regulaciones nacionales sobre protección de privacidad.

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