MUERTOS Y DESAPARECIDOS DE LA DICTADURA Y LA INVASIÓN

Las familias quieren saber

Han pasado más de 40 años para algunos y más de 20 para otros. Indistintamente, todos piden justicia y reparación.

Maritza Maestre es miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos, padre Héctor Gallego.

Durante cuatro décadas, dice, esperó una respuesta. La quería sobre todo de Rubén Darío Mascuñana, alias Chachi, quien desde chico fue amigo de la familia y, ya adulto, se hizo militar.

En 1971, el tío de Maestre, Alcibiades Bethancourt, fue apresado por Mascuñana en las playas de Chame y llevado al Cuartel Central.

Bethancourt formaba parte de grupos de izquierda que se oponían al militarismo y en Panamá, desde 1968, mandaban los militares tras el golpe de Estado contra Arnulfo Arias.

Hasta 1989, la familia de Bethancourt logró poco. Luego de la invasión del 20 de diciembre de ese año pensaron que les iría mejor. Se inició una investigación, pero el 27 de febrero de 1991 -y por recursos dilatorios interpuestos por la defensa- la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción y el archivo del expediente.

En 2002, cuando la Comisión de la Verdad publicó el informe de los muertos y desaparecidos de la dictadura militar (1968-1989), se estableció que había suficientes “elementos de convicción” para establecer que Bethancourt desapareció “mientras se encontraba detenido por agentes del Estado en el Cuartel Central”, y que dadas estas circunstancias se podía concluir que se había violado “su derecho a la vida”.

Hace unos dos años, Maestre se encontró con Chachi en un cuarto de urgencias. “Se le veía muy mal; parece que tenía un problema renal. Me le puse enfrente, lo miré a los ojos y le dije: Chachi, dime lo que pasó”.

Hace unos dos meses supo que Mascuñana había muerto. “¡Dios bendito, pues...! Se murió y no habló”, reclamó Maestre.

Trinidad Ayola es miembro de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre.

En 1989 supo que su esposo, Octavio Rodríguez Garrido, había muerto en medio de los enfrentamientos ocurridos el 20, pero pudo llegar al hospital Santo Tomás el 21 por la mañana.

“Cuando llegué, el gesto de mi suegra me lo dijo todo... Ya no había nada que hacer”.

Rodríguez Garrido era piloto en las Fuerzas de Defensa y estaba de turno esa noche, en la base del antiguo aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Paitilla.

Dos décadas después, Ayola todavía se estremece por los recuerdos y por el hecho concreto de que no hay una lista oficial de fallecidos.

“A él lo enterramos el 26 de diciembre. Lo pude sacar porque un amigo me llamó y me dijo: ´ve a buscar a tu esposo, que los van a poner en fosas comunes”.

Ayola asegura que hay muchas viudas que todavía no saben dónde están sus esposos.

Solo quieren saber

Para el abogado Elías Solís González, el Estado ha incumplido tanto con las víctimas de la dictadura como con las de la invasión, porque en muchos casos no han podido siquiera saber qué ocurrió con sus familiares.

“Estas víctimas tienen sobre todo el derecho a saber; saber qué ocurrió, cómo ocurrió y las circunstancias” , explica, de acuerdo con las normas internacionales.

Para los familiares de las víctimas de la dictadura, el informe de la Comisión de la Verdad les permitió obtener algunas respuestas, “pero no han tenido reparación porque los supuestos culpables no han sido llevados a juicio”.

Es que, si bien al menos unos 40 casos fueron investigados y se les inició un proceso legal, varios fueron declarados prescritos y otros continúan empantanados en la burocracia judicial.

Para Maestre, el problema es que no ha existido voluntad política y la razón es simple: “Aquí no camina nada porque todo se maneja políticamente... Aquí no va a prosperar nada mientras haya en Seguridad exmilitares que fueron parte de las Fuerzas de Defensa”.

Precisamente para poder ejercer más presión legal, el Comité está pidiendo que se formalice una “mesa de entendimiento” -a través de la firma de un decreto ejecutivo- que tendría como objetivos la creación de una fiscalía especial para la investigación de las desapariciones forzadas y asesinatos; el análisis del ADN de los restos que reposan en Medicina Legal; la custodia de lugares que puedan contener restos, la revisión jurídica de los casos referidos al Ministerio Público y la reparación moral y económica, entre otros.

Con las víctimas de la invasión, por su parte, habría que empezar de cero. Como sostiene Solís González: “el Gobierno panameño debió designar una comisión para investigar los hechos del conflicto armado, con el ánimo de que los familiares sepan qué pasó”.

Según la Comisión de la Verdad, entre 1968 y 1989 se reportó la desaparición o muerte de 110 personas.

De acuerdo con la única lista conocida de fallecidos durante la invasión -publicada a página entera por el Centro de Estudios Estratégicos en este diario el 26 de octubre de 1992- el número de víctimas fue de 317.

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