EL EXPRESIDENTE ESTÁ DETENIDO DESDE EL 12 DE JUNIO Y EL JUEZ NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SU PEDIDO DE FIANZA

Los fiscales ignoran a Ricardo Martinelli

La defensa del exgobernante insiste en plantear una ‘causa probable’ que exima a su cliente y los fiscales se retiran del 12 al 20 de julio.

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Las dos audiencias realizadas hasta ahora a Martinelli se han celebrado en el Edificio Federal de Justicia James Lawrence King, en el centro de Miami, donde está el despacho del juez Edwin Torres. Tomado de Google Earth. Las dos audiencias realizadas hasta ahora a Martinelli se han celebrado en el Edificio Federal de Justicia James Lawrence King, en el centro de Miami, donde está el despacho del juez Edwin Torres. Tomado de Google Earth.
Las dos audiencias realizadas hasta ahora a Martinelli se han celebrado en el Edificio Federal de Justicia James Lawrence King, en el centro de Miami, donde está el despacho del juez Edwin Torres. Tomado de Google Earth.

El próximo 12 de julio, Ricardo Martinelli Berrocal cumple un mes detenido en Miami. Y ese mismo día, los fiscales Benjamín G. Greenberg y Adam Fels, que defienden la solicitud de extradición del expresidente, se van de viaje.

Ayer, Greenberg y Fels informaron al juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que estarán fuera del país del 12 al 20 de julio, por lo que solicitan no celebrar audiencias del caso en esas fechas. Si la Corte decide lo contrario, piden se les notifique con por lo menos tres días de anticipación para que los abogados del Departamento de Justicia estadounidense tengan oportunidad de trasladarse de Washington a Miami.

Los fiscales no hacen referencia alguna al escrito presentado el pasado martes por Marcos Daniel Jiménez y John Byrne, abogados de Martinelli, en el que sostienen que los documentos que sustentan la solicitud de extradición de su cliente “dejan en evidencia la ausencia de causa probable y los intentos de Panamá de engañar a este tribunal”.

Para respaldar sus afirmaciones se aprovechan de una información supuestamente equivocada, suministrada por el magistrado Harry Díaz, fiscal del proceso seguido a Martinelli por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, durante los dos últimos años de su mandato.

Díaz, en una declaración en la que solicita la detención provisional de Martinelli, indica que el espionaje se realizó a través de un software Pegasus, adquirido a la sociedad MLM Protection. Pegasus, en realidad, fue comprado a NSO Group, como bien consta en otros documentos.

MLM y NSO fueron, las dos, proveedoras en el gobierno de Martinelli. En esa administración se acordaron dos contratos para dotar de equipos de espionaje al Consejo de Seguridad Nacional: el primero en 2010, con MLM, a un costo de $13.4 millones aportados por el Fondo de Inversión Social (FIS), adscrito a la Presidencia de la República, y el segundo, en 2012, a NSO, por $8 millones, firmado por Gustavo Pérez, entonces director del Consejo.

La defensa de Martinelli reconoce ambos contratos. No obstante, sostiene que a NSO le pagó Caribbean Holding, una sociedad ligada a Aaron Ronny Mizrachi, pareja de la hermana de Martinelli y de paradero desconocido.

Los fiscales han advertido que la defensa presenta evidencia “contradictoria e irrelevante”. También remarcan que a la Corte no le corresponde debatir si el “fugitivo” es culpable o inocente de los delitos que se le atribuyen, y que la única función del juez es determinar si la solicitud de extradición cumple con los requisitos listados en el tratado bilateral suscrito por Panamá y Estados Unidos en 1904 y otros convenios multilaterales del que ambos países son signatarios.

No obstante, los abogados de Martinelli aparentemente no pierden las esperanzas y hacen referencia a una extradición negada por Estados Unidos en el año 1993, por considerar que había una “causa probable” de que el sujeto requerido en aquella ocasión no era culpable. Adicional, insisten en que la “causa probable” sería suficiente para otorgar una fianza de libertad a su cliente, que permanece en el Centro de Detenciones Federales de Miami, a pesar de que él mismo propuso consignar el 10% de una fianza de $5 millones, más otra fianza personal de $2 millones. También prometió otorgar la custodia de su avión privado, portar un brazalete electrónico, permanecer en su casa de Miami y contratar a un agente policial (retirado) para que lo vigile las 24 horas.

El juez Torres no se ha pronunciado aún sobre la fianza.

El exgobernante es requerido por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, peculado de apropiación y peculado de uso. Si es hallado culpable, enfrentaría una pena de hasta 21 años de prisión.

Por este caso, serán enjuiciados Gustavo Pérez y Alejandro Garuz —consuegro de Martinelli y también exdirector del Consejo de Seguridad Nacional—, y dos funcionarios de esa entidad llamados Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos prófugos.

El Ministerio Público adelanta dos procesos más: uno por el contrato suscrito con MLM, en el que Pérez y Giacomo Tamburrelli, el director del FIS de aquella época, son investigados porque una auditoría de la Contraloría calculó un perjuicio al Estado por el orden de $10 millones, y otro seguido a Pérez, Garuz y Julio Moltó—que también dirigió el Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno pasado—, así como Ronny Mizrachi, por una querella que presentó el actual director del Consejo de Seguridad, Rolando López.

Tanto los equipos adquiridos a MLM como a NSO están desaparecidos.

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