se dificulta medición de objetivos del milenio

Sin fondos para encuestas de salud y sociales

Pese a que Panamá es considerada como la segunda economía de la región, el Gobierno no asigna recursos económicos para llevar a cabo las investigaciones.

El Gobierno panameño no destina los recursos económicos para realizar encuestas y medir los resultados de las políticas de salud y sociales que aplica.

Estos resultados permiten a entidades del Estado, como los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social, fundamentar sus decisiones, formular políticas públicas y diseñar estrategias.

Varias son las instituciones que enfrentan escasez de fondos. Una de ellas es el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud (Icges).

En 2007, la entidad aplicó la primera Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida (Enscavi), cuyo costo fue de $600 mil. La misma se desarrolló en todo el país a 25 mil 578 personas.

Con este sondeo se pudo conocer el acceso de las personas y la calidad del sistema sanitario, los niveles de uso de alcohol, además del número de ingresos y costos de la atención sanitaria, entre otros temas.

Incluso desde ese año y hasta 2010, a un costo promedio de $500 mil, se hicieron otros tres estudios.

Los puntos que se tocaron en estos sondeos estuvieron relacionados con la calidad de vida de los panameños, su salud bucal, sexual y reproductiva, además de factores de riesgo cardiovasculares, recuerda la exministra de Salud e investigadora del Icges Aida de Rivera.

Sin embargo, desde 2010 no se han asignado fondos para este tipo de investigaciones, a pesar de que el Icges los ha solicitado.

La falta de dinero para hacer los sondeos contrasta con el hecho de que Panamá es considerado el segundo país más rico de la región, según la publicación Latinvex, solo superado por Chile.

Otras limitaciones

Según Néstor Sosa, director del Icges, en los últimos años la tendencia del Gobierno ha sido recortar el presupuesto para esta entidad fundada en 1921.

Para el próximo año, el Icges dispone de $7.3 millones, de los cuales $6 millones (82%) se usan para funcionamiento (pago de salarios) y $1.3 millón para inversión, pero allí no se incluyen encuestas de ningún tipo.

Además, Sosa y la exministra de Rivera coinciden en que es necesario repetir estas investigaciones para comparar resultados y presentar nuevas estrategias de atención.

Esperan por fondos

Por su parte, la jefa del departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Icges, Ruth de León, cuenta que aún tiene esperanza de que el Gobierno apruebe un crédito extraordinario para aplicar en 2014 la segunda Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cuya primera edición se hizo en 2009.

De León acota que se necesitan unos $625 mil para este sondeo que inicialmente atendió a cerca de 8 mil personas en todo el país.

La socióloga Rubiela Sánchez estima que la ausencia de datos actualizados causa un gran vacío para llevar a cabo programas y proyectos.

“Sin estadísticas el país no tendrá datos fiables para presentarlos a compromisos internacionales como los llamados Objetivos del Milenio”, explica.

En este sentido, el director del Icges explica que estas encuestas forman parte de las metas del milenio establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los parámetros que se deben entregar están la reducción de la mortalidad perinatal e infantil, el uso de anticonceptivos, la disminución de enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

´Falta esa información´

Para el coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional, Domingo Moreno, es incoherente decir que Panamá es un país rico y que el Gobierno no tenga dinero para obtener la información epidemiológica de la población.

De hecho, en el marco de las discusiones para reformar el Código Sanitario, al Minsa le han pedido un informe general de salud de la población y la entidad no lo ha presentado, señala.

Paralelamente el exministro de Salud Fernando Gracia considera que para mejorar la calidad de vida de los pacientes no solo hace falta construir hospitales, sino invertir en prevención.

Gracia reconoce que los resultados de estas encuestas siempre terminan siendo un manual de trabajo y consulta de las autoridades de turno.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), Elidya Espinosa, propuso la utilización de las instalaciones de salud y puestos de atención primaria para hacer estos estudios, lo que podría disminuir su costo.

Espinosa sustenta que esto está permitido y hasta se podría contar con el apoyo de estudiantes que se forman en las áreas de salud, quienes tienen que hacer un servicio obligatorio para poder graduarse.

Al ser consultado por esta materia, el ministro de Salud, Javier Díaz, explica que sí se cuenta con fondos para encuestas, pero no para las del Icges. Al cuestionarle sobre el monto total a invertir y de qué encuestas se trabajarán remitió a que sus voceros dieran esta información, pero al cierre de esta edición no lo hicieron. Ante esto este medio presentará mañana un hábeas data.

Haciendo un poco de historia, el exdirector del Icges Jorge Motta recuerda que fue en 2007 cuando el Ministerio de Economía y Finanzas otorgó por primera vez un presupuesto para proyectos de investigación, el cual fue de $1.2 millón. Desde entonces para estos fines la entidad recibió otros $3 millones hasta 2010.

Tampoco hubo dinero

Otra de las investigaciones que estaba proyectada para realizarse en 2012 era la Segunda Encuesta de Personas con Discapacidad.

No obstante, el director de la Secretaría Nacional de Personas con Discapacidad, Ramón Alemán, ha dicho que por falta de presupuesto este estudio está pendiente y tampoco se gestionaron fondos para el próximo año.

La Primera Encuesta de Personas con Discapacidad se hizo en 2006 y tuvo un costo de $3 millones. Ese censo permitió saber la ubicación de los discapacitados, sus características socioeconómicas, demográficas, educativas, laborales y epidemiológicas.

Mientras que la Encuesta Niveles de Vida (ENV), que mide las características socioeconómicas de los hogares panameños, no se aplicará este año porque ninguna entidad del Estado hizo la solicitud a la Contraloría General de la República.

La última ENV se aplicó en 2008 y fue solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas, elaborada por la Contraloría y asesorada por el Banco Mundial. Este estudio costó $1.8 millón y ahora podría costar $3 millones.

Paradójicamente para la que sí hubo fondos fue para la polémica encuesta que capta a los beneficiados del programa “Ángel guardián”, a la que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) asignó $1.6 millón de un total de $4.3 millones que deberá pagar a la empresa Consultores Especializados, según el contrato.

El Mides realizó el primer pago en agosto pasado, pero la captación se hizo manualmente cuando el proceso debió ser automatizado.

ENFOQUE

Metodología del Banco Mundial

CONTAR.Lo malo con no llevar a cabo estas encuestas es la dificultad para identificar tendencias y medir la efectividad de las políticas públicas y la relación costo/beneficio de la inversión estatal para resolver problemas sociales críticos, como serían la disminución de la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza, entre otras.

En el caso específico de la Encuesta de Niveles de Vida que se llevaba a cabo cada cinco años desde 1997, la última se realizó en 2008, utilizando, como en años anteriores, la metodología del Banco Mundial. En un contexto más amplio, y aun cuando los métodos alternos pueden ser confiables, la substitución de estas encuestas por otros instrumentos para medir las mismas variables a través de metodologías diferentes a las usadas para el establecimiento de las líneas base o “puntos de partida” plantean el riesgo de comparar “peras con manzanas”. Como reflexión final, independientemente de la herramienta que se use, es importante mantener la consistencia metodológica, como mecanismo para garantizar la representatividad e integridad de los resultados obtenidos, así como la efectividad de las acciones que luego se implementen, basadas en estos resultados.

* El autor es consultor en reinserción y autogestión sostenible.

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