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ANÁLISIS

Un gobierno entre tropiezos y repliegues

Al menos ocho veces, el actual gobierno se ha visto obligado a echar para atrás leyes impopu-lares tras levantamientos ciudadanos.

costumbre. Luego de cierre de calles, protestas y enfrentamientos entre civiles y la Policía, que han dejado víctimas, el gobierno de Ricardo Martinelli ha retrocedido. LA PRENSA/Bienvenido Velasco costumbre. Luego de cierre de calles, protestas y enfrentamientos entre civiles y la Policía, que han dejado víctimas, el gobierno de Ricardo Martinelli ha retrocedido. LA PRENSA/Bienvenido Velasco
costumbre. Luego de cierre de calles, protestas y enfrentamientos entre civiles y la Policía, que han dejado víctimas, el gobierno de Ricardo Martinelli ha retrocedido. LA PRENSA/Bienvenido Velasco

Pareciera ser una estrategia. El gobierno aprueba leyes, espera la reacción ciudadana, ataca o reprime a los manifestantes, espera a que haya muertos o a que la noticia recorra el mundo, y luego retrocede.

Esto pasó, tal cual, el 28 de octubre pasado. El presidente, Ricardo Martinelli, reconoció que se equivocó impulsando la ley que permitía la venta de tierras de la Zona Libre de Colón. Dijo que él pensaba que la ley estaba consensuada y que, aunque el único interés era conseguir más dinero para invertir en Colón, si los colonenses no la querían, pues quedaba derogada.

Los colonenses, sindicatos y ciudadanos en general, sin embargo, llevaban más de una semana pidiendo en las calles la derogación de la norma. En los enfrentamientos con la Policía, esta ley dejó cuatro muertos, más de 50 heridos y centenares de detenidos.

Pero esa no fue la primera vez que el mandatario se vio obligado a echar para atrás una decisión impulsada por él y sus más cercanos colaboradores. También tuvo que hacerlo en octubre de 2010 tras el intenso y violento rechazo a la Ley 30, que en Bocas del Toro dejó al menos dos muertos y cientos de heridos, además de pérdidas millonarias y denuncias a nivel internacional.

Esa norma, conocida como “ley 9 en 1” o “ley chorizo”, modificaba tres códigos y seis leyes, y entre otras cosas limitaba el acceso de los sindicatos a la cuota sindical y eximía al Estado de presentar estudios de impacto ambiental en obras que considerase de interés social. “Este es un gobierno que consulta, que cuando comete errores los reconsidera y los echa para atrás”, declaró el Presidente cuando derogó la controvertida norma.

DESGASTE CRONOLÓGICO

La movilización popular también tuvo su efecto en marzo de 2011. Después de más de tres semanas de protestas, cierre de calles y marchas en contra de la minería a cielo abierto, Martinelli echó para atrás la Ley 8 que había modificado el Código de los Recursos Minerales. Por la aprobación de esta ley, los violentos enfrentamientos entre indígenas y policías dejaron al menos 21 heridos y 20 detenidos. Pero al presentar el proyecto de la derogación, Roberto Henríquez, entonces ministro de Comercio e Industrias, dijo que no era un fracaso del gobierno, sino una acción que elevaba la imagen del presidente Martinelli porque buscaba la paz.

La presión en las calles y en la Asamblea Nacional también doblegó al gobierno en septiembre de 2011 con la segunda vuelta electoral, propuesta fuertemente impulsada por el Ejecutivo y que resultó en la ruptura de la alianza de gobierno y la destitución del vicepresidente, Juan Carlos Varela, como canciller.

En noviembre de 2011 Martinelli también se vio obligado a derogar una ley. Esta vez se trató del proyecto que creaba la Asociación Público Privada, que según gremios médicos y docentes buscaba facilitar la privatización de esos sectores. Varias semanas de huelgas médicas hicieron retroceder al gobierno en sus intenciones de impulsar ese proyecto, que finalmente fue enviado al Consejo de la Concertación para consensuarlo.

En tanto, en lo que va de 2012 el gobierno ha tenido que retroceder tres veces. La primera fue en febrero, cuando la Asamblea aprobó en primer debate la Ley 415 y excluyó un artículo que establecía la suspensión de los proyectos mineros y de las hidroeléctricas en la comarca Ngäbe Buglé que fue acordado como parte de la derogación de la “ley 9 en 1” (en 2010).

En rechazo a esa decisión legislativa se registraron bloqueos en varias provincias y enfrentamientos con las autoridades, que dejaron dos muertos y decenas de heridos. Finalmente se organizó un diálogo en el que tuvo que interceder la Iglesia y mediante el cual se logró la restitución del polémico artículo.

Luego, en junio, los ciudadanos derrotaron al gobierno cuando se opusieron en las calles al proyecto que buscaba la venta de las acciones en las empresas mixtas. Después que se dieron enfrentamientos, incluso entre policías y diputados opositores, Ricardo Martinelli dio por finalizadas las sesiones extraordinarias en la Asamblea, donde se discutía ese proyecto, y reconoció que al gobierno le faltó “una amplia divulgación” de esa iniciativa.

Y ese mismo mes, el Gabinete se vio obligado a aprobar una resolución para dejar sin efecto el nombramiento de los tres magistrados de la Sala V. Esto, luego de varias protestas en las que la mayor preocupación era que esa sala le brindara a Martinelli la posibilidad de perseguir a opositores, de buscar la reelección y de recibir la inmunidad para no rendir cuentas ante la justicia por los escándalos de corrupción de su gobierno.

Efectos del rechazo masivo

Martinelli no solo se ha visto obligado a retroceder, derogando leyes polémicas. También lo ha hecho después de dar anuncios o llevar a cabo acciones controvertidas. Esto pasó en junio de 2011 cuando, nueve días después de anunciar que Salo Shamah sería removido de la dirección de la Autoridad de Turismo y reemplazado por una mujer, se echó para atrás y dijo que se quedaría en el cargo porque trabajaba bien. Esto, en medio del escándalo generado por un cable de Wikileaks que decía que Shamah tenía supuestos nexos con narcotráfico.

Al Presidente también le tocó retroceder en junio de 2012. Luego de presentar una demanda en la que pedía la destitución de los magistrados del Tribunal Electoral por impugnar las elecciones de El Bebedero, la retiró y llamó a los magistrados para pedirles disculpas por haber seguido el consejo de su abogado. Pero el Presidente no es el único que ha tenido que revertir decisiones. En julio de 2012, el presidente de la Corte, Alejandro Moncada, tuvo que pedir el archivo del proyecto 438, que él promovió.

Esa iniciativa fue rechazada por diversos sectores que se oponían a que, tal como se planteaba, se permitiera la suspensión de jueces y magistrados cuando hubiese quejas por corrupción, y que las decisiones del pleno las tomara la mayoría simple del pleno (cinco de nueve magistrados). Considerando que, hoy, cuatro de los nueve magistrados fueron nombrados por Martinelli, adujeron que el proyecto se prestaría para persecución.

Además, en junio de 2012 la Contraloría tuvo que restablecer el control previo que le había eliminado ocho días antes a la Empresa Nacional de Autopistas, decisión que fue cuestionada por el abultado presupuesto que maneja la agencia que lidera la compra de los corredores. En tanto, en octubre pasado el diputado Abraham Martínez pidió el archivo del proyecto que presentó, que castigaba con cárcel a quien hiciera uso de información restringida. Esto, luego de que su iniciativa fuera criticada por considerarse una limitante a la libre expresión y al acceso a la información.

FLOR MIZRACHI ANGEL

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Cortesía/Sinaproc

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