INFORME 2013 DE LA OEA

Los golpes a la libertad de expresión en Panamá

Temas:

Catalina Botero, colombiana, es relatora desde 2008. Su período termina este año; su reemplazo será anunciado en julio próximo. LA PRENSA/Archivo. Catalina Botero, colombiana, es relatora desde 2008. Su período termina este año; su reemplazo será anunciado en julio próximo. LA PRENSA/Archivo.
Catalina Botero, colombiana, es relatora desde 2008. Su período termina este año; su reemplazo será anunciado en julio próximo. LA PRENSA/Archivo.

Los tuits del Presidente, las demandas millonarias a medios de comunicación, los ataques cibernéticos y las agresiones verbales a periodistas están contenidos en el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, presentado en Washington, Estados Unidos, el jueves 24 de abril.

El documento, que fue incluido en el informe general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enumera las agresiones y peligros a la libertad de expresión más relevantes ocurridos el año pasado.

Una de ellas es la que Neftalí Jaén, asesor de la Asamblea Nacional, le profirió por Twitter al periodista de Medcom Álvaro Alvarado, en la que dijo que cuando viera al presentador “le meteré una tanda de puñetes”. Otro incidente que quedó plasmado en el documento fue el que ocurrió el 11 de junio, cuando los comunicadores de TVN Elizabeth González y Bolívar Jurado fueron retenidos por miembros del Consejo de Seguridad tras intentar grabar en un área cercana a las oficinas de esa entidad, en Ancón. El informe destaca que el secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina, se acercó al lugar y cuando trató de grabar, los agentes lo golpearon, fracturándole dos vértebras.

Sobre esos dos casos, el informe cita el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH, que dice que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

UN AMBIENTE TENSO

El informe, que incluyó en su recuento de situaciones contra la libertad de expresión los ataques cibernéticos a los que se vieron sometidas las páginas de internet de La Prensa y La Estrella, le dedicó un espacio también a las declaraciones estigmatizantes hacia comunicadores por parte de funcionarios, advirtiendo que en 2013 se incrementó el clima de tensión entre altos funcionarios y algunos medios.

En este aparte se destaca el uso que le da el Presidente a su cuenta de Twitter y se recalcan varios tweets escritos por el mandatario, entre ellos uno que escribió el 10 de julio, en el que dijo que este diario utilizaba “drogadictos y ladronas confesas para desprestigiar al gobierno”, y el que escribió contra el periodista de La Prensa Santiago Cumbrera, cuando este publicó una investigación que lo vinculaba a empresas hidroeléctricas. En esa ocasión el Presidente escribió: “Para el que no conoce el odio de Santiago cumbrera a mi es pq [porque] se le despide de[l grupo editorial] Epasa por coimero y acosador” (sic). En este punto la Relatoría destaca otro problema: que el Presidente es accionista en medios de comunicación.

Seguidamente, el documento subraya que el 10 de octubre Martinelli pidió a sus funcionarios no dar declaraciones a periodistas de La Prensa. “Eso se lo está pidiendo el diario de la opo [...] Cada vez que me mandan a mí un cuestionario [...] Yo le he dicho a la gente ´no contesten los cuestionarios´ [...] Tú escribes de alelao la cosa y ellos agarran tu cosa y no ponen lo que tú pones. Ponen lo que les da la gana”, afirmó ese día.

La Relatoría –oficina creada para estimular la defensa al derecho de la libertad de expresión y pensamiento– incluyó también en su documento anual la referencia hecha por la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, hacia la periodista y columnista de La Prensa Flor Mizrachi Angel. El 17 de junio, luego de que Mizrachi publicara una nota sobre las acciones y decisiones de Martinelli, que según analistas buscaban blindarlo cuando saliera del poder, Correa, en su programa radial, que se transmite por KW Continente, la llamó “la judiíta de la Gestapo”.

Sobre esos incidentes, la Relatoría hace hincapié en que el respeto por la difusión de ideas es condición fundamental para cualquier sociedad democrática y recuerda que la libre expresión se debe garantizar no solo cuando se difunden ideas favorables o inofensivas, sino también cuando la información inquieta, perturba o choca.

MÁS AGRESIONES

El informe, el último entregado por la relatora colombiana Catalina Botero, quien será reemplazada en julio de este año, también pondera la sentencia proferida por el Juzgado Primero Municipal Penal del Distrito de Panamá que declaró culpable a la dirigente perredista Balbina Herrera por el delito contra la intimidad, por divulgar el contenido de un correo electrónico del Presidente que no la tenía a ella como destinataria, así como la posterior rebaja total de la pena impuesta a Herrera (tres años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por otros tres años) por parte del mandatario.

Al respecto, la Relatoría establece que es responsabilidad exclusiva de los funcionarios “mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control” y que la persona que tenga acceso a esa información no debe ser sancionada, a menos que se pruebe que se cometió un delito para obtenerla.

En su informe la Relatoría también destaca que varios medios han sido demandados civilmente por funcionarios o empresarios que mantienen contratos con el Estado, quienes reclaman hasta 5.5 millones de dólares a cambio de daños y perjuicios. La mayoría de estos procesos sigue en espera de resolución judicial.

Por último, el documento de la Relatoría recuerda que los periodistas españoles Francisco Gómez Nadal y María Pilar Chato fueron detenidos mientras filmaban una manifestación de indígenas en la capital y expulsados del país por dos años en febrero de 2011. Ambos siguen sin poder volver a Panamá pese a que el impedimento legal para ello venció en febrero de 2013.

ENTIDAD CON FALLAS

También se destaca en el documento de la Relatoría la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información con la finalidad de ser el “organismo rector en materia de derecho de petición y acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia, ética y prevención contra la corrupción a nivel gubernamental”, haciendo hincapié en que “las autoridades [deben ser] independientes y especializadas en los distintos ordenamientos jurídicos para evitar que se diluyan los esfuerzos en el cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública”. Al respecto, la Relatoría plantea que la Autoridad debe revisar “las garantías con que cuenta para ejercer sus funciones de manera adecuada”.

También destaca, sobre este punto, que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información debe impulsar “de manera decisiva la resolución oportuna de las solicitudes de acceso en Panamá y promover la superación de aquellos obstáculos que todavía impiden el ejercicio pleno de este derecho en el país”.

LOS AVANCES

Pero no todas son malas noticias. También se registran algunos avances en la libertad de expresión.

Recuerda, por ejemplo, que el 1 de abril de 2013 la procuradora, Ana Belfon, envió una circular a los fiscales superiores y de circuito, así como a los personeros del Ministerio Público, en la cual plasmó el texto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y pidió que se cumpliera y se recordara que según el documento los periodistas escriben con ánimo informativo a menos que se compruebe que lo hacen con fines dolosos.

El informe también destaca como un avance el amparo de garantías concedido por la Corte Suprema contra la sentencia que en septiembre de 2010 emitió el Segundo Tribunal Superior de Justicia, condenando a un año de prisión e inhabilitación de sus actividades profesionales a la exdirectora de noticias de TVN Sabrina Bacal y al periodista Justino González, por supuesta calumnia. Este caso se inició en 2005 cuando dos funcionarios de Migración querellaron a los comunicadores por haber sido mencionados en un reportaje como supuestos miembros de una red de tráfico de personas.

Otro hecho que destaca el documento como positivo es la suspensión en junio de 2013, por parte del Ministerio Público, de las inspecciones oculares a las instalaciones y computadoras de El Siglo y La Estrella que se habían ordenado previamente como parte de dos procesos penales que empezaron cuando un funcionario alegó delitos del honor en su contra por la publicación de glosas en esos diarios.

Por último, el informe celebra la orden del Juzgado Undécimo Penal de archivar provisionalmente el caso en el que la directora del Canal, Lourdes Castillo, demandó en 2011, por calumnia e injuria, al periodista de Mi Diario Jairo Cornejo, al exdirector de El Siglo Jean Marcel Chery y a la directora encargada de El Siglo Magaly Montilla.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

INTERNET Y EL SER HUMANO El olvido y la memoria, frente a frente

Michel Gondry, el genial director de cine francés, expone en su película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004) la posibilidad de usar la ciencia para borrar la memoria. Para olvidar. ...

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código