DILEMA en LAS FAMILIAS PANAMEÑAS

El gran conflicto social por las pensiones alimenticias

Una propuesta de ley sobre pensiones de alimentos encendió la ´lucha´ entre hombres y mujeres. ¿Por qué?

Dice el médico y diputado perredista Crispiano Adames que lo que impera en este país es la doble moral. “Queremos aparentar algo que no somos”, afirma, y tal vez por eso es que, aunque el país se declara mayoritariamente católico, buena parte de las personas hace su vida en pareja fuera del sacramento del matrimonio.

Lo dicen las estadísticas de la Contraloría de la República. En Panamá existen 294 mil personas casadas, pero las que viven unidas son más: 384 mil. Como diría un conservador, viviendo en concubinato. Como señalaría un religioso obstinado: en la más pura fornicación.

Pero además de que la mayoría elige vivir junta sin casarse, existe otra buena cantidad de desencantados con la vida en pareja: 164 mil 837 se declararon separados de matrimonio o de unión, o divorciados, en el Censo de 2010.

“Hay un gran problema familiar y social”, recalca el diputado perredista, “y el Estado incumple su labor social porque confunde las políticas sociales con lástima y asistencia”.

Es en este escenario social (y político) donde hace poco más de un mes se intentó discutir en la Asamblea Nacional una propuesta de ley general de pensión alimenticia. Un documento que viene paseándose por despachos, salones y comisiones desde 2009, y cuyo espíritu corregidor quedó empantanado por las palabras terminantes de otro diputado, el oficialista Noriel Salerno: “¡Esto es una persecución contra los hombres!”.

LOS MOTIVOS

Fue en octubre de 2009 cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, presentó ante la Asamblea una propuesta para garantizar “la efectividad del derecho que se desprende del parentesco y del matrimonio... 14 años han transcurrido desde la aprobación del Código de la Familia y la experiencia obtenida en materia de alimentos nos demuestra que hay muchas insatisfacciones por la poca efectividad en la ejecución de las resoluciones judiciales que fijan las cuotas alimentarias”.

Dice la abogada especialista en derecho de familia, Gilma De León, que en el Código de la Familia se establecían hasta 30 días de arresto para el padre o madre que no cumpliera con el pago de la pensión alimenticia. “Eso infundía miedo”, comenta, y tal vez frenaba a uno que otro “creativo”.

Pero en 1996 se presentaron recursos en la Corte Suprema y los magistrados introdujeron con sus fallos dos cambios a la recién estrenada norma. Con el primero se estableció que no se podía encarcelar a una persona que debiera pensión alimenticia, siempre que estuviera haciendo abonos.

¿Qué trajo esto como consecuencia? De León lo ilustra. “Yo tuve un caso de un gringo que debía 50 mil dólares. Abonó 50 dólares y lo dejaron en libertad, y el gringo se fue de Panamá”, cuenta la abogada.

El segundo fallo estableció que la pensión debía reclamarse por la vía civil y no por la familiar, y esto supone un obstáculo para quien tiene pocos recursos, ya que el derecho de familia es gratuito y el civil se puede ejercer solo a través de un abogado y con un recurso de caución.

Mitchell dijo en su exposición de motivos que urgía la implementación de una nueva ley “que contenga innovaciones que generen confianza”, al procurar mayor celeridad en la resolución de las peticiones alimentarias. Dicho de otro modo, se supone que con la propuesta se debe conseguir el pago efectivo y a tiempo de las pensiones, a través de sanciones por incumplimiento más severas y públicas.

¿UNA REVISIÓN?

Como dice la también especialista en derecho de familia Liz Marie Chandeck, los puntos álgidos de la propuesta son las pensiones prenatales y las sanciones por incumplimiento en el pago de la pensión.

A estos dos temas habría que añadir un tercero: la posibilidad de que tíos y abuelos sean responsabilizados de la manutención de sus sobrinos y nietos.

¿Por qué son un tema conflicto? En el caso de las pensiones prenatales, porque se arguye que la mujer puede engañar al hombre y hacerlo pagar los gastos durante todos esos meses de gestación. Y en el caso de las sanciones, porque la propuesta retoma la posibilidad de cárcel por incumplimiento, pero además haría posible la publicación de la lista de morosos en los medios de comunicación y en la base de datos de la Asociación Panameña de Crédito, lo que podría afectar el historial de crédito (ver cuadro).

Para De León, la propuesta –que ahora ha entrado en un nuevo proceso de consultas– no hace sino mejorar lo ya establecido en el Código de la Familia, de 1995. La pensión prenatal, dijo, ya estaba establecida en esta norma, y si una mujer miente sobre la paternidad, puede ser sancionada tras el nacimiento de la criatura y la comprobación por pruebas de ADN.

El diputado Salerno dijo durante su intervención que el problema con esto es que los gastos efectuados durante la gestación no se pueden reclamar, y agregó que la mujer debería pagar por la prueba de ADN si esta sale negativa.

Sobre las acciones de incumplimiento, De León señaló que “solo pueden asustar a los delincuentes, a los que incumplen los derechos de familia”.

En relación a que tíos y abuelos puedan quedar pagando la pensión, la abogada destaca que esto también está en el Código de la Familia, pero sin especificar el grado de consanguinidad. En la propuesta, agrega, se delimita la responsabilidad y solo “están obligados a dar alimento –después de los cónyuges– los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad por parentesco o adopción”.

Los abuelos, además, “solo estarán obligados cuando el que deba prestarlo [la pensión alimenticia] en primer orden haya fallecido, sea de paradero desconocido, padezca de enfermedad grave, discapacidad profunda o se encuentre privado de libertad sin fortuna que responda”.

La norma sugerida también establece que no podrá obligarse a dar alimento “a quienes por sus circunstancias de salud, privación de libertad, extrema pobreza u otra no puede prestarlo, previa evaluación y análisis ordenado por la autoridad competente”.

Para De León, el documento busca –en resumen– “cerrar las rendijas” que en 1996 abrió la Corte Suprema de Justicia “en detrimento de los derechos humanos de los niños”.

Para el diputado Adames, el hecho de que se haya devuelto a primer debate demuestra que no había intención de discutirlo, “porque en el segundo debate de la Asamblea se pueden hacer las modificaciones”.

Como dato último del dilema social panameño: en 2009 se recibieron 16 mil 980 solicitudes de pensiones alimenticias en el país. En 2010 el número subió a 19 mil 27. Hasta febrero de 2011 se han presentado 3 mil 512.

El desencanto por la vida en pareja continúa.

Poder y abandono

Eugenio Meléndez es psicólogo y trabaja en el Centro de Atención a la Mujer Maltratada, en el sector de Paraíso, en San Miguelito.

Por órdenes judiciales llegan allí los hombres que han maltratado a sus parejas, con la finalidad de que cambien de actitud y proceder. El cambio, ciertamente, no es fácil.

Como explica Meléndez, “los hombres que llegan aquí están cumpliendo lo que la cultura les ha pedido que hagan: “representar el poder”.

Claro está, esa representación no es a través de la participación, el diálogo o el liderazgo maduro, sino a través del autoritarismo y la subordinación. Dicho de manera sencilla: los hombres mandan, las mujeres obedecen y complacen. Cuando este cuadro social no funciona en los hogares, el hombre así criado utiliza la violencia. Como dice Meléndez, “los hombres no piensan en la violencia como para hacer daño... Piensan en golpear para ´corregir”.

Mire usted este dato: según el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, 42 mujeres han fallecido en 2011 por causas violentas. El 67% fue por femicidio, es decir, que murieron por el simple hecho de ser mujeres.

La mayoría de estos femicidios (57%) fue cometida por personas que tenían una relación íntima, familiar o de convivencia con la víctima.

Además de la violencia que se vive en los hogares panameños, hay otro número que llama la atención.

En 2008 se registraron 11 mil 508 matrimonios y 2 mil 997 divorcios. En 2009 fueron 12 mil 273 bodas y 3 mil 469 separaciones. Porcentualmente hablando, casi la tercera parte de los matrimonios termina en divorcio. Es decir, 3 de cada 10 hogares terminan quebrando palitos.

Las causas pueden ser muchas pero, como destaca Meléndez, en Panamá “predomina el patrón del hombre ´abandónico´ [procrea pero no es responsable del hogar]”. Los hombres quieren “perpetuar la estirpe”, pero no dudan en abandonar a la familia.

Si además viven en una sociedad en la que no hay ningún costo social o económico para su comportamiento, entonces las compuertas permiten una corriente más fuerte.

ANA TERESA BENJAMÍN

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