deficientes políticas públicas

Cada dos horas se comete un delito sexual en Panamá

Expertos cuestionan la capacidad del Estado de articular políticas de prevención efectiva, luego de un incremento del 62% en las violaciones.

Cada dos horas se comente un delito contra la libertad sexual, según las estadísticas del año 2013 compartidas por el Ministerio Público, que reflejan un cómputo de 4 mil 431 casos en todo el país, de los cuales el 45% es violaciones.

Además de la violación, los actos libidinosos, el estupro o sexo consentido con una persona menor de edad, pero mayor de 14 años; el hostigamiento sexual, la corrupción de menores, el proxenetismo y la pornografía infantil, entre otras, son conductas calificadas como delito por la ley penal, y que es castigada hasta con 15 años de privación de libertad.

No obstante, las medidas estatales de prevención y corrección contra los delincuentes sexuales no están funcionando, dicen voces expertas, ya que al compararse las estadísticas oficiales del año 2012 del Ministerio Público, en las cuales las violaciones sexuales denunciadas no superaron las mil 190, en el año 2013 aumentaron en un 62%, es decir, a mil 934 casos. Esto equivale a un incremento de 744.

Pese a que el informe oficial divulgado no deslinda el género de las víctimas, una fuente del Ministerio Público reveló que en los casos de violación sexual de adultos, el 95% de los casos denunciados corresponde a mujeres.

También se informó que el porcentaje (5%) de denuncias masculinas es solo la “punta del iceberg” de una cantidad mayor de varones que por motivos culturales y concepciones “machistas” no denuncian las agresiones. Las autoridades ponen como ejemplo el alto nivel de esta modalidad de delito entre los presos que se encuentra hacinados.

Muchas violaciones de mujeres y menores de edad no forman parte de estas estadísticas, ya que no son denunciadas por miedo, ignorancia o presión familiar. O simplemente se ventilan demasiado tarde cuando las evidencias del delito, entre ellas las muestras de piel del agresor en las uñas (en caso de resistencia) y el ADN en el cuerpo de la víctima, se pierden y dan lugar a procesos infructuosos.

Las víctimas que no piden ayuda profesional pierden la oportunidad de realizarse la terapia de profilaxis post exposición (PPE), útil para prevenir el contagio de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), si se aplica tempranamente, de acuerdo con fuentes judiciales.

Igual sucede con las violaciones de menores, de las cuales el 55% son niñas y el resto niños, que no son denunciados.

Según el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, los casos no denunciados forman “la cifra negra” de la criminalidad o tasa de la criminalidad oculta, que de poder ser sumada a las querellas llevadas a la justicia, revelarían el porcentaje real de violaciones en el país.

JUSTICIA Incorrecta

El abogado procesalista Antonio Chang Kruell opinó que el sistema judicial, que en principio brindaría un resarcimiento a las víctimas por vía del castigo, inspira desconfianza en no pocos casos, ya que no representa algo positivo para las mujeres ante el temor de ser “revictimizadas” por tener que “revivir”, a través de múltiples interrogatorios, los recuerdos de la agresión sufrida que muchas quisieran olvidar.

Este problema persiste pese a la existencia de una ley especial de víctimas y a la entrada en vigencia, de manera parcial, del sistema penal acusatorio, que busca acelerar el trámite de los casos, pero que a juicio de Chang limita las investigaciones por proceso.

Chang consideró también que el atraso de los trámites judiciales hace que el proceso sea frustrante para las víctimas, algunas de las cuales, cansadas, desisten, lo que puede producir la prescripción del caso (salvo que se persiga de oficio), quedando exculpado el agresor. Esto envía un mensaje de impunidad a los depredadores sexuales activos o en potencia, indicó el abogado.

la DEUDA HISTÓRICA

“En una violación sexual la mujer es la víctima y por lo tanto no tiene que sentirse avergonzada de poner la denuncia”, dijo Teresita Yániz de Arias, activista de género y política.

Yániz de Arias aseguró que durante muchos años en Panamá existió un silencio que permitió que los agresores “siguieran en la calle violando una y otra vez”, y que “en la medida que las mujeres han comprendido que la violación es un crimen que no tiene nada que ver con la lujuria, ni con la provocación o el modo como la mujer se viste, ni del sitio donde está, sino que es un delito que está propiciado por el odio de un hombre hacia las mujeres, estas se sienten más cómodas para decir lo que les pasó”, indicó.

Explicó que la sociedad y el Estado tienen una deuda histórica con las mujeres, por haber iniciado tardíamente, y sin mucho éxito, la aplicación de normas que cambiaran la idea arcaica “de que ellas eran responsables de lo que les pasó”.

PREVENCIÓN AMBIGUA

Para Yániz de Arias, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) no está jugando a cabalidad su papel de prevención como ente rector de las políticas de género y “mucho menos está actuando en estrecha colaboración con el Ministerio Público en la capacitación de los funcionarios que atienden las denuncias”.

Estos funcionarios deben conocer el protocolo de atención a la víctima, que involucra “la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos y los traumas físicos y sicológicos que se derivan de la violación, delito que se caracteriza por su violencia”, indicó la exdiputada.

Líderes de género han cuestionado la pertinencia de los aportes de investigación del Inamu. Explican que la última versión del Informe Clara González de Behringer, nombrado así en honor a la primera mujer abogada de la República y editado por Inamu, fue largamente esperado por los gremios de investigadores sociales.

Para sorpresa de muchos, durante la presentación del informe en la Presidencia de la República, en el mes de enero, se pudo conocer que este se realizó con datos de los años 2008 al 2010. Pese a que fue elogiado como un valioso aporte, fue calificado de “desfasado”.

ELLAS NO SON PRIORIDAD

Uno de los principales problemas que invoca el Inamu es su presupuesto minúsculo.

En 2013, durante la sustentación del presupuesto del año 2014, el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, justificó el no incremento de las partidas destinadas al ministerio y al Inamu (que preside) en que los diputados “siempre hacen los recortes pertinentes a su bien” y que “la Comisión de Presupuesto es la que manda”. El resultado: el Inamu recibió un presupuesto de $2.9 millones, de los $5 millones que había programado para funcionar.

Para la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y una de las que elaboró con el Código de la Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño, el Inamu no es una institución importante para este gobierno. Compara su situación con la del Despacho de la Primera Dama, “que tiene $2.5 millones a su disposición y no rinde cuentas de ninguna clase”.

El Inamu “pierde su fortaleza, porque la vicepresidenta de la nómina Arias-Martinelli es la que aparentemente se ocupa de atender a las víctimas y ya ve usted los resultados del informe del Ministerio Público”, cuestionó Arosemena de Troitiño.

LA REACCIÓN OFICIAL

La procuradora general de la Nación, Ana Belfon, opinó que el tema de las violaciones no es un “asunto de dinero”, sino de valores, pese a que reconoció que el Ministerio Público fue “impactado” con un recorte de $110 millones para 2014.

Ante la escasez de recursos han recurrido a medidas “creativas” para implementar la reciente ley del feminicidio, para cuya ejecución el gobierno no les ha aprobado las partidas, convirtiendo dos fiscalías ordinarias en especializadas en el tema, indicó Belfon.

Mientras que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y el presidente de la Corte, José Ayú Prado, se negaron a hablar con este diario al ser interrogados personalmente sobre el aumento de las violaciones. La directora del Inamu, Markelda Herrera, luego del envío de mensajes y un cuestionario, no respondió.

el país de la mujer

Ante la pregunta de si el proyecto ciudad mujer propuesto por la dupleta electoral oficialista es un “cacareo político” tal y como lo califica la oposición, Arosemena de Trotiño lo calificó de “gueto”, porque se trata de que “el país es mujer” y esta debe insertarse en condiciones de igualdad en la comunidad, en el Gabinete y en otros cargos públicos, no solo en eslóganes de campañas. “Es un reto de país, no de una ciudad para resolver problemitas”, agregó.

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