terrenos protegidos, vendidos

Un hotel ´siete estrellas´ se construiría en reserva natural

El presidente del Congreso Regional Ño-Kribo, Willy Jiménez, aseguró que hubo ´irregularidades´ en la venta de tierras, pero después de su afirmación favoreció la entrada de la empresa a la zona del conflicto.

Six Senses es una cadena hotelera tailandesa de lujo, exclusiva y en expansión. Y Panamá parece ser de los pocos lugares en el mundo donde se ubicará uno de sus recintos. El lugar escogido es un conjunto de playas de arenas blancas y aguas color turquesa de la comarca Ngäbe Buglé, ubicado al norte de la provincia de Chiriquí.

Se trata de unas 685 hectáreas, con 17 kilómetros de playa –según los propios inversionistas–, longitud que es el equivalente a la distancia que hay entre los distritos de Antón y Penonomé, en la provincia de Coclé, aunque los anuncios del proyecto hablan de 12 kilómetros.

Desarrollo Ecoturístico Cañaveral –del que es accionista el candidato oficialista a diputado en Costa Rica Antonio Álvarez Desanti– es el promotor del proyecto.

Y no se ahorra elogios para describir la zona donde se ubicaría su proyecto: el paisaje, ríos, lagos, bosques y manglares, la tranquilidad y las exóticas playas comarcales, en el Caribe panameño, son parte de sus atractivos ( ver anuncio).

“El visitante –prometen– disfrutará del mar turquesa del Caribe, playas con palmeras y arena blanca, bosques tropicales, exuberante selva y manglares”.

PROYECTO

La primera etapa de la construcción del hotel superará los 40 millones de dólares, explicó Álvarez Desanti, pero dijo que aún no ha cuantificado el costo final del complejo turístico.

Las 685 hectáreas –que forman parte del quinto humedal de importancia internacional que tiene Panamá (Damani-Guariviara)– las compró Desarrollo Ecoturístico Cañaveral en una transacción que en papel fue de 197 mil dólares –un promedio de 3 centavos el metro cuadrado– aunque el político costarricense pagó varios millones de dólares, monto que este diario no fue autorizado a revelar con precisión, dado que una de las cláusulas del contrato de compraventa así lo exige.

Adriana Álvarez, hija del político y vicepresidenta de Desarrollo Ecoturístico, dijo que, aunque el hotel no tendrá “decoración con baños de mármol ni oro”, como suele ocurrir en un hotel de esta categoría –siete estrellas–, una noche podría llegar a costarle unos mil 500 dólares al visitante.

Contó que planean colocar “luces especiales” que iluminarían los lugares de desove de las tortugas, a fin de que el turista pueda verlas. Algunos ambientalistas consultados consideran que esta iniciativa puede poner en “peligro” su hábitat.

Dado que el área donde se construiría el hotel está protegida, su empresa aguarda que en julio próximo esté listo el plan de manejo del humedal que prepara la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Ello permitiría al empresario presentar su estudio de impacto ambiental para, una vez aprobado, empezar a construir el complejo, que se ubicará en Punta Coco, en la comarca Ngäbe Buglé.

RESPALDO

El exclusivo proyecto turístico –que utilizaría la tradicional arquitectura indígena de la zona para el hotel– no es desconocido por las autoridades panameñas.

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, confirmó que “al inicio del gobierno” le presentaron la propuesta.

El funcionario, que dijo haber olvidado el nombre del inversionista, recordó que le mencionaron hoteles de “alto nivel y de poco impacto, estilo cabañas”.

Al parecer, Shamah no recordaba que el proyecto se lo presentó Álvarez Desanti, quien dijo que el funcionario le “aconsejó” tener “una relación muy cercana con la comarca”, en una reunión de media hora, celebrada en septiembre de 2012.

Shamah destacó que “lo que sí puedo decir es que este tema hay que tratarlo directamente con las autoridades tradicionales, quienes tendrán que pedir al gobierno, a través de decretos necesarios, la realización de esta actividad [turística]”.

De concretarse este paso, la promoción del hotel podría tener respaldo económico de la ATP, pues Shamah confirmó que daría “ayuda económica” para promover la obra, aunque no para su construcción.

Le darían otros “incentivos” contenidos en la Ley 80 de noviembre de 2012, que incluyen la importación exonerada de materiales y otros beneficios a toda empresa que invierta “100 mil dólares” en áreas indígenas.

Pero si bien las autoridades panameñas parecen complacidas con el proyecto, la cadena hotelera ha sufrido algunos reveses.

Uno de ellos fue en Colombia, donde en 2011 pretendía construir un hotel en el Parque Nacional Tayrona –una zona de reserva–, pero la presión ciudadana e indígena impidió que el Gobierno autorizara la construcción de la obra.

ZONAS PROTEGIDAS

Álvarez Desanti dijo no tener “ningún interés en adquirir más tierras”, distanciándose así de las más de mil 400 hectáreas que permanecen en manos de sociedades controladas por Evisilda Martínez, quien le vendió a él. Parte de esas tierras limitan con sus fincas.

Martínez, a su vez, adquirió las fincas en veloces procesos de prescripción adquisitiva, cuyos fallos salieron en solo cuatro meses (en 2010), cuando estos procesos suelen durar varios años, incluso, muchos.

Unas 2 mil 100 hectáreas –divididas en 11 fincas– fueron adquiridas por sociedades registradas por Martínez. De esas, la abogada le vendió 685 hectáreas a Álvarez Desanti.

Las tierras adquiridas por Martínez son parte de las casi 25 mil hectáreas del humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé.

También, algunos de esos terrenos son parte del paisaje protegido isla Escudo de Veraguas-Dego ( ver nota adjunta).

Procesos vertiginosos

La presidenta de la Comisión pro Defensa de los Recursos Naturales en esa zona indígena, Fermina Serrano, dijo que “no vamos a permitir la venta de estas tierras protegidas”.

“Para mí, los que tomaron estas tierras son ladrones, por eso me uno a la lucha, por si hay que derramar sangre”, subrayó.

La Ley 10 de 1997, que creó la comarca, indica que las tierras constituyen propiedad colectiva, por lo que se prohíbe la apropiación privada. De darse la venta de alguna de las fincas existentes [1914 al 1921], debe ofrecerse primero a la comarca.

El único documento que existe sobre un ofrecimiento de la primera opción de compra de tierra a la comarca es de Feliciano Baker, pero este, al momento del ofrecimiento, aún no tenía la titularidad de la tierra.

El abogado Jairo Sam dijo que hubo una “asociación ilícita para delinquir...”. Lamentó los veloces fallos otorgados por los entonces jueces Manuel García y Vilma Bryan a favor de personas señaladas como no residentes en el área.

Otros abogados especialistas en el tema se mostraron sorprendidos por la rapidez de los fallos.

“Estos procesos demoran usualmente una eternidad y media. Solo la notificación a los propietarios [de las tierras en pugna] demora mucho, incluso, por edictos emplazatorios”, precisó uno de los consultados.

También les llamó la atención que los procesos fueran admitidos el mismo día que se presentaron al Juzgado Primero de Circuito en Bocas del Toro, cuando este trámite usualmente demora más de un mes.

LA NEGOCIACIÓN

¿Cómo localizaron los terrenos los inversionistas?

De acuerdo con Álvarez Desanti, la idea de invertir en Panamá fue de uno de sus socios, el abogado Alonso Arroyo, que le hizo ver “las oportunidades” turísticas.

Arroyo confirmó que desde julio de 2009 conversó de los terrenos con el estadounidense Jason Harris –de la empresa de bienes raíces Pan American Real Estate Group–, quien lo puso en contacto con Evisilda Martínez para adquirir la tierra.

La negociación fue un éxito. El contrato de promesa de compraventa lo firmó Martínez el 30 de enero de 2010, y el 1 de febrero de ese mismo año lo suscribió Álvarez Desanti.

Sin embargo, Evisilda Martínez no era dueña de las tierras. De hecho, prometió su venta, a pesar de que no habían sido instaurados los procesos de prescripción adquisitiva mediante los cuales ella compraría las tierras que luego le vendería a Álvarez Desanti ( ver facsímil).

Un mes después de cerrar el acuerdo con el político costarricense, el 1 de marzo de 2010, Martínez interpuso el primero de cuatro procesos de prescripción adquisitiva sobre las fincas que aglutinan las tierras que solicitaron como suyas tres indígenas.

El fallo favorable salió el 29 de junio de ese año, y los otros tres fallos, solo días después del primero.

Álvarez Desanti tomó posesión de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral el 29 de julio de 2010, y un día después empezaron a ser traspasadas las fincas.

El trámite de suscripción de la sociedad lo realizó Francisco Martinelli Patton, en aquel entonces socio de la firma Patton, Moreno & Asvat, la cual hizo due diligence de las tierras a solicitud de Álvarez Desanti.

Según las escrituras de la venta de las fincas a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral –en ese momento controlada por Evisilda Martínez– esta pagó 197 mil dólares a los indígenas por las 685 hectáreas en la zona protegida.

En el Registro Público quedó evidencia del rol que jugó Martínez como compradora de las tierras. Las escrituras muestran que la operación fue entre los beneficiados de los fallos y la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.

Martínez logró conseguir en tiempo récord, según opinaron los abogados consultados, 11 fallos favorables en solo cuestión de meses para obtener más de 2 mil hectáreas de tierras protegidas.

Otra de las dudas de este entramado es la participación de Jason Harris, que se negó a ser entrevistado.

Harris fue parte de sociedades con Evisilda Martínez y con Carlos Morales Murgas, un primo de Anabelle Villamonte, la hoy exdirectora de Titulación de Tierras, ambos vinculados al escándalo de Juan Hombrón.

Los indígenas advierten ahora que, de no tomarse las acciones legales pertinentes a fin de recuperar las fincas vendidas, en colaboración con el congreso general Ño Kribo, se tomarán los terrenos donde se construiría el lujoso hotel Six Senses.

Áreas protegidas ´están en peligro´

En febrero 2009, tres meses antes de que se eligiera el actual gobierno, se declaró la isla Escudo de Veraguas, frente a las costas de la comarca Ngäbe Buglé, como área protegida en la categoría de “paisaje protegido”. La Resolución AG-0095-2009 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) delimitó una zona que estaría compuesta por un globo marino e insular, que comprende desde la isla hasta una porción del golfo de los Mosquitos en Bocas del Toro, denominándose “paisaje protegido isla Escudo de Veraguas-Dego”.

Esta zona se declaró paisaje protegido porque se convirtió en un área de reproducción de plantas y animales con marcadas diferencias con los encontrados en tierra firme, resalta el documento.

Entre los animales que se mencionan está el perezoso pigmeo de tres dedos, único en el mundo, en peligro de extinción ( ver foto).

La empresa tiene previsto hacer expediciones turísticas a la isla Escudo de Veraguas, comentó el político costarricense Antonio Álvarez Desanti, presidente de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.

“La isla Escudo de Veraguas constituye en la actualidad un área de alto interés científico debido a los rasgos evolutivos o ecológicos no usuales”, agrega la resolución de la Anam. Se destaca que la isla y el mar que la rodea [colindante con el humedal Damani-Guariviara] “deben ser protegidos”.

Cuatro años después, este paisaje protegido y sus componentes “están en peligro”, de acuerdo con los ambientalistas.

La empresa Desarrollo Ecoturístico Cañaveral lo promociona a través de su portal electrónico como uno de los atractivos que tendrá un nuevo centro turístico que albergará un hotel de “lujo”, condominios y propiedades a la venta en Kusapín, en la comarca Ngäbe Buglé.

( ver mapa 1).

También es promocionado un frente de playa que forma parte de las 685 hectáreas que posee Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, de las 2 mil 89 hectáreas de tierras protegidas que se vendieron entre 2010 y 2011 a sociedades anónimas.

En el mismo portal electrónico se destacan los otros potenciales del quinto humedal de importancia internacional que tiene Panamá: Damani-Guariviara. Se resalta que en esos terrenos está la “reserva de tortugas, corales, acantilados”, y un canal conocido como Quenani o Mayani, construido por los pobladores y que es utilizado para el traslado de comida y enfermos, principalmente. Este se encuentra dentro de los límites de una finca de 220.2 hectáreas que ahora pertenece a The Development Land & Caribbean Ocean. La sociedad fue suscrita en febrero de 2011, y ese mes adquiría las tierras a siete centésimos el metro cuadrado. La sociedad fue registrada por Evisilda Martínez, la misma abogada que fundó Desarrollo Ecoturístico Cañaveral.

El director ejecutivo del Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidente (Creho), Arturo Dominici, dijo que es preocupante cómo las zonas protegidas son explotadas sin mayores controles. Manifestó que los componentes de biodiversidad que los forman son únicos y que podrían “estar en riesgo”. “Estas son zonas que tienen ecosistemas frágiles en gran cantidad. Vemos los humedales asociados con arrecifes, manglares y especies que están en vías de extinción, y hasta los indígenas están amenazados”, advirtió. La categoría de humedal con importancia internacional “debe ser respetada”, advirtió Dominici.

“El desarrollo en ese sitio debe ser revisado sin afectar los ecosistemas únicos”, agregó.

EREIDA PRIETO-BARREIRO

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