seguridad. la odisea de un ciudadano para reportar un delito.

El hurto no es un delito

La Policía no permite presentar denuncias de hurtos cuyos objetos cuesten menos de $250. En su lugar, deben ir a la corregiduría de turno.

¿Lo han despojado de un celular, dinero o joyas? ¿Su valor era menor a $250? Si no ha sido un robo con fuerza, olvídese no solo de recuperar lo sustraído, sino de poder denunciar el hecho a la Policía, pues los hurtos en Panamá no están tipificados. Es como si no fueran un delito.

Como máximo podrá presentar un reporte, previo pago de $3, en la corregiduría. Solo allí quedará constancia del hurto.

Sin embargo, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) nunca sabrá que un día usted fue víctima de un hurto. Los reportes permanecen en la corregiduría para siempre y jamás se envían a la DIJ, por lo que no serán investigados.

“El corregidor es la autoridad competente en estos casos”, afirma un portavoz de la Policía.

Ángel Álvarez es abogado litigante y advierte de este vacío legal. “Si ha sufrido un hurto simple es probable que nunca se investigue, porque la justicia administrativa no tiene capacidad”, destacó.

¿Y para qué sirve reportar un hurto? Básicamente, para perder el tiempo.

Esa es la historia de Domingo. Hora punta en un Metro Bus, el hábitat natural de los carteristas. Entre los empujones alguien sustrae su celular. Sabe que no lo recuperará, pero debe denunciarlo, ya que es de la empresa y le piden un documento “oficial” para no tener que pagarlo.

En ese momento comienza su odisea. La primera parada fue la subestación de San Felipe. Es 6 de febrero, los agentes ven plácidamente el juego Panamá-Costa Rica.

“Buenas noches, quería denunciar un hurto”. Miradas cruzadas y nadie se levanta. Por fin, un agente pregunta de mala gana: ¿Dónde ha ocurrido?, a lo que Domingo contesta: En la 5 de Mayo. ¿Qué le robaron?, vuelve a interrogar el policía, a lo que responde: un celular. La última pregunta fue: ¿En cuánto estaba valorado? En unos $200, dice Domingo.

Entonces, el agente afirma: “No puede denunciar aquí, debe ser en la DIJ. Aquí solo se puede si supera los $250”. No hay más que hablar. Gira la cabeza y de vuelta a ver el juego.

La segunda parada fue la DIJ, frente al Mercado Agrícola Central. Allí se repite la escena con resultado similar. “Aquí no aceptamos denuncias de menos de $250. Debe ir a corregiduría”, le dicen.

La tercera parada fue en la corregiduría de Calidonia. Domingo llena un documento, mientras el atónito funcionario pregunta: ¿Qué va a conseguir con esto?, y guarda el reporte en una polvorienta carpeta. Probablemente pasará mucho tiempo oculto.

Prueba superada, piensa Domingo; sin embargo, su empresa no acepta el reporte de la corregiduría y tiene que ser de la Policía.

La quinta parada, la estación de la 12 de Octubre. “Quería denunciar el hurto de un celular y $60. Total, $260”. Allí le responden: “Lo siento, debe ir usted a la DIJ, aquí solo atendemos hurtos menores a $250”.

Entonces, Domingo pide descartar el dinero y solo denunciar el celular que vale menos de $250 y es de la empresa.

-“Lo siento, pero si es de empresa debe ir a la DIJ”, le contestan.

-“Pero si ha dicho que aceptaban denuncias por menos de $250”, dice el afectado.

-“Sí, pero al ser de empresa no es posible”, responde el policía.

“Entonces, ¿ustedes no toman denuncias aquí?”, pregunta Domingo.

-“No, de ningún tipo, ni de más ni de menos de $250”.

La situación roza el absurdo. Es evidente que algo no funciona, pero Domingo necesita el reporte.

La sexta parada, una DIJ cualquiera. “Buenas, quería reportar el hurto de un celular, un reloj y dinero. Total, $400”.

¿Tiene facturas de todo?, le preguntan, a lo que responde que “no, pero necesito poner la denuncia”.

“No puede hacerlo, debe traer las facturas, sino es imposible”, le dicen.

“Mire, me llamo Domingo [...] y trabajo en [...]” (queda a su imaginación rellenar los espacios).

Esas fueron sus últimas palabras antes de verse amablemente atendido por un teniente de la DIJ que recorrió el edificio buscando una impresora con tinta, pues “no tenemos muchos medios”, dijo. Así nos va.

¿Quién se queda los objetos?

El hurto de un celular u otro objeto de valor inferior a los $250 plantea varias preguntas. Si alguna vez la policía lo encuentra, ¿cómo sabrá quién es el dueño si este no puede poner la denuncia? Y si no lo localizan, ¿quién se queda esos objetos? ¿Se destruyen? ¿Se subastan? ¿Se reparten? ¿Entre quiénes? De acuerdo con un portavoz de la Policía, hay un acuerdo con las operadoras de telefonía para localizar a los propietarios de celulares, pero solo los que valen más de $250. La lógica del portavoz policial es aplastante: “hoy casi todos son blackberry y valen más de $250”, sin especificar qué pasa con los de menos valor. Lo único claro es que los objetos hurtados por debajo de esa cantidad, difícilmente regresarán alguna vez a sus legítimos propietarios, si no se permite denunciar el hecho ante la Policía. Sin embargo, esa, quizá, sea otra historia.

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