matrimonio igualitario

Por la igualdad de derechos

El procurador de la Administración opina que poner restricciones al matrimonio igualitario violaría el principio de igualdad.

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Según la ONU los derechos humanos deben ser aplicados por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Según la ONU los derechos humanos deben ser aplicados por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
Según la ONU los derechos humanos deben ser aplicados por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. LA PRENSA/Roy Hernández

El 11 de mayo pasado, el procurador de la administración Rigoberto González emitió la vista número 503, mediante la cual se pronunció sobre una advertencia de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia por la firma forense Morgan & Morgan.

El recurso presentado por los abogados guardaba relación con el artículo 26 del Código de la Familia, que señala que “el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer, con capacidad legal, que se unen para hacer y compartir una vida en común” .

Al respecto, el concepto expresado por el procurador determina que tal como está redactada la norma que se acusa de inconstitucional, excluye que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio con el propósito de que se les reconozcan los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales.

Según la vista, debido a que es un tema que ha causado polémica entre quienes apoyan y adversan la medida, y como quiera que se trata de derechos fundamentales y humanos, la opinión de la Procuraduría fue emitida bajo la “óptica de un Estado laico”, sin que esto quiera decir que se desconozca el componente religioso que el matrimonio y la familia tienen.

¿POR QUÉ UN ESTADO LAICO?

La opinión del procurador establece que el tema debe abordarse bajo el precepto de que “esta sociedad y el Estado así configurado se han caracterizado por el establecimiento de un espacio público, la denominada sociedad pluralista, en la que, independientemente del estatus social, o económico de las personas que la integran, independientemente de su origen, su raza, su sexo, sus creencias religiosas, en ese espacio público todos deben ser tratados con respeto a su dignidad como persona humana, en igualdad de derechos y sin ser objeto de discriminación”.

Finaliza el procurador diciendo que abordar este tema desde esta perspectiva garantizaría el respeto a la dignidad de toda persona, el trato igualitario ante la ley y evitaría la discriminación.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los abogados en el caso objeto de estudio, también hace referencia a que el artículo 26 del Código de la Familia viola el artículo 24 de la Convención Interamericana de Derecho Humanos, que dice: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

Según la convención ratificada por Panamá desde 1977, el Estado tiene el deber de hacer cumplir las disposiciones previstas en los convenios o declaraciones internacionales de las cuales el país es signatario.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cuando un Estado ha ratificado la Convención Interamericana, tanto los jueces de dicho Estado como todos los funcionarios del mismo están sometidos a lo establecido en dicha convención, al tiempo de que deben velar para que “no se vea mermada por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin”.

En otras palabras, profundiza el procurador, “el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana”.

En resumen, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aun si las leyes panameñas son contrarias.

Rigoberto González Montenegro Expandir Imagen
Rigoberto González Montenegro LA PRENSA/Archivo

REGISTRO CIVIL

La opinión de la Procuraduría de la Administración también advierte al Registro Civil, que en virtud de lo expuesto anteriormente, la institución no cumplió con su deber al rechazar la solicitud de la firma de abogados para inscribir el matrimonio de sus clientes. Tal como establece la vista “en temas en los que están involucrados derechos humanos reconocidos en tratados, convenciones o declaraciones de los que nuestro país es signatario o suscriptor, no se puede actuar como si Panamá no haya suscrito dichos Tratados, Convenciones o Declaraciones y, peor aún, como si éstos no fueran de obligatorio conocimiento”.

Según el procurador, el Registro Civil debió, al menos, consultar al respecto antes de rechazar la solicitud de registro.

¿QUÉ DICE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS?

Según jurisprudencia citada por el procurador, en su opinión, se establece que los Estados deben abstenerse a realizar acciones dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación y, es más, están obligadas a adoptar medidas para revertir cualquier situación discriminatoria.

De hecho, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha adoptado desde 2008 cuatro resoluciones para la protección de las personas que son discriminadas por su orientación sexual e identidad de género.

En 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la cual se establece que los derechos humanos deben ser aplicados por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Finalmente, la Corte Interamericana ha dicho que “la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria (...) En consecuencia ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno (...) pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”.

LA 'CONSTITUCIÓN'

El documento elaborado por el procurador analiza la controversia desde el punto de vista constitucional, señalando que no resulta “coherente” que al aprobar la Constitución se adopten normas, actos o prácticas que violenten, menoscaben, desconozcan, infrinjan o vulneren lo derechos fundamentales o se excluya a un grupo de personas por razón de su raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo lo que incluye la orientación sexual.

El procurador concluye su concepto advirtiendo que una interpretación del artículo en disputa implicaría que “así como se reconoce el derecho que tiene un hombre y una mujer, que de manera voluntaria y con capacidad legal, puedan concertar libremente unirse, de igual forma lo puedan hacer personas del mismo sexo”, esto permitiría garantizar un trato igual ante la ley, al tiempo que se les respetaría su dignidad como seres humanos.

CONCLUSIÓN

La Procuraduría de la Administración es de la opinión que aun cuando la frase que se disputa del artículo 26 del Código de la Familia no es contraria a la Constitución, la Corte en pleno debe “condicionar la interpretación y consiguiente aplicación del artículo que la contiene, al principio de interpretación constitucional conforme a la Constitución, de manera que garantice a las personas del mismo sexo igual tratamiento ante la ley que las que reciben las del sexo opuesto cuando libremente deciden contraer matrimonio”.

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