593 periodistas muertos en nueve años

La impunidad le gana la partida al periodismo

Pese a una experiencia de horror, la periodista Jineth Bedoya se la ha jugado por la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Un caso para nunca más repetir. EFE. Pese a una experiencia de horror, la periodista Jineth Bedoya se la ha jugado por la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Un caso para nunca más repetir. EFE.
Pese a una experiencia de horror, la periodista Jineth Bedoya se la ha jugado por la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Un caso para nunca más repetir. EFE.

Desnuda y tirada sobre la carretera, con el cuerpo inmóvil, inconsciente, la periodista colombiana Jineth Bedoya acababa de sufrir 16 horas seguidas de tortura.

El 25 de mayo de 2000 fue violada, golpeada y ultrajada. Tres hombres la secuestraron en nombre del paramilitarismo para detener una serie de investigaciones en su contra. Cuando los secuestradores terminaron de entregar el mensaje, la dejaron al borde de una vía cualquiera.

Pasaron los años. Pasaron cuatro períodos presidenciales sucesivos y las autoridades apenas si investigaban el caso de la periodista.

Ella le contó su experiencia al mundo en 2006. El relato tuvo eco en medios de comunicación local e internacional, pero fue insuficiente para las autoridades colombianas.

Solo en 2011 la Fiscalía General de la Nación retomó las pesquisas por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso estuvo a punto de diluirse en la impunidad. Hasta el momento se condenaron a los autores materiales.

La experiencia, que alertó a la sociedad civil del país suramericano y que conmocionó a la comunidad internacional, fue en vano para el periodismo, pues la partida la siguen ganando quienes quieren imponerse sobre la libertad de expresión.

Un informe de la Unesco denuncia la muerte de 593 periodistas y trabajadores en medios de comunicación, en el período comprendido entre 2006 y 2013.

Tan grave como la cifra de comunicadores muertos es que en instancias judiciales se resolvió menos del 10% de los casos.

El gran perdedor con estos índices de impunidad es el ciudadano común, la persona de a pie. Según IFEX (siglas en inglés de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión), red global de defensa y promoción de la libertad de expresión, se está ocultando información clave mediante la comisión de asesinatos selectivos de periodistas. Los crímenes de 2014 involucran principalmente a reporteros que cubrían política, corrupción y derechos humanos.

La directora ejecutiva de Andiarios –Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativo–, Nohra Sanín explica el impacto de la impunidad en el acontecer cotidiano.

“El ciudadano pierde la posibilidad de tomar decisiones políticas, electorales, económicas y del diario vivir, si no tiene información adecuada, imparcial, cierta, veraz, y al final se le restringe la facultad de tomar decisiones acertadas”.

DOS GESTORES

Jineth Bedoya regresó dos semanas después a su trabajo como reportera en el diario El Espectador.

“Para mí era muy difícil salir porque estaba llena de hematomas. Mis brazos eran impresionantes, completamente morados por los golpes... las manos, el cuerpo, la cara estaba muy golpeada y sentía mucha vergüenza de que la gente me viera así. Pero el día en que ya podía mostrar la cara decidí volver al periódico”, dijo la periodista en una entrevista publicada en el sitio web de la BBC.

Dos meses después del rapto, Jineth Bedoya enfrentó a Carlos Castaño, uno de los jefes del paramilitarismo de ese entonces. Una confrontación entre agentes de la guerrilla y el paramilitarismo, en el sur del departamento de Bolívar –en la costa Caribe–, le dio a la periodista la oportunidad de conocer el tamaño de su valentía.

“En el periódico obviamente no querían que yo fuera a ninguna parte por el problema de seguridad, pero yo le envié un correo a Carlos Castaño diciéndole que yo iba a seguir trabajando y que necesitaba que los paramilitares me dieran garantías para hacer mi trabajo. Él me respondió que no había ningún problema y me fui para el sur de Bolívar. Fue la prueba de fuego porque tuve que enfrentarme nuevamente a mis victimarios, que eran los paramilitares”.

Nohra Sanín acusa a dos agentes de ser los mayores agresores de la libertad de expresión en Latinoamérica. Son responsables de la impunidad. “Uno de ellos es el crimen organizado que en ocasiones trabaja con funcionarios, políticos y empresarios. Sucede en México, Honduras, Colombia, Guatemala y Brasil. El otro grupo se integra de los propios gobiernos, con agresiones que se originan en ellos mismos. O sea Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua”.

La labor de los medios de comunicación en Latinoamérica se restringe con la aparición de más estructuras delictivas, como los microcarteles de la droga, y con el fortalecimiento de otras organizaciones al margen de la ley, como la guerrilla y el paramilitarismo en Colombia y Venezuela.

Estas tendencias se reconocen ya en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Su informe anual de 2008 señala: “Fenómenos como el aumento de grupos altamente violentos de delincuencia organizada, que no solamente amedrentan a la población sino que, incluso tienen la capacidad de atemorizar e infiltrar a las propias autoridades, han amenazado, de manera muy preocupante, el ejercicio del periodismo”.

La situación de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua fue duramente cuestionada por Claudio Paolillo, presidente del Comité de la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa.

En la columna titulada El Alba y los violinistas del Titanic, Paolillo compara los mecanismos para debilitar la libertad de expresión en los tiempos de las dictaduras, hace 30 o 40 años, con gobiernos contemporáneos.

“Como los comandantes militares en el pasado, los modernos autócratas latinoamericanos gritan, presionan y chantajean a la OEA bajo la amenaza de que si no se aceptan sus designios antidemocráticos abandonarán el sistema”.

Paolillo retrata en su nota el contexto informativo en los gobiernos de esos países. “No creen en la libertad de expresión, salvo que sea ejercida para aplaudirlos, no creen en la crítica como parte del ejercicio democrático y la consideran una distorsión social que erosiona su poder. (...) Por eso, en su lógica, es elemental para su proyecto autoritario transformar la prensa, al periodismo crítico o independiente y a la libertad de expresión en su enemigo principal”.

PANAMÁ

Las FARC amenazaron a Jineth Bedoya en noviembre de 2010. Su libro Vida y muerte del Mono Jojoy, con detalles de él desconocidos, despertó el poder intimidatorio de esa guerrilla. “Jineth Bedoya, periodista o de la inteligencia militar (sic)?”, decía un banner publicado el 9 de noviembre de ese año en el portal de Anncol, página web con información de esa organización.

“Lo tomé como una retaliación normal de la guerrilla. Este banner no tenía nota o explicación sino que hacía señalamientos contra mí. Yo no me di cuenta de esto sino que me contaron”, relató la periodista.

Como sucedió con Jineth Bedoya, un periodista panameño padece retaliaciones por cumplir con su trabajo. Víctor Ramos (Vic), caricaturista exclusivo de La Prensa, acusa a altos funcionarios de agresiones y amenazas, y aseguró en un diario local que Salomón Shamah, extitular de la Autoridad de Turismo de Panamá una vez le dijo: “Te recomiendo que no toques más el tema de Financial Pacific. No te metas en eso”.

Aunque diferentes, las experiencias de Jineth Bedoya y de Vic tienen ingredientes de una misma sustancia. Agresiones, restricción a la libertad de expresión y falta por ver si quedan impunes.

Una idea para vencer la batalla

El 23 de noviembre de 2009 en Ampatuan, Filipinas, 58 personas fueron asesinadas, incluyendo 32 periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Por ello desde 2011 se conmemora el Día Mundial Contra la Impunidad, una iniciativa global anual para exigir que se rindan cuentas por los periodistas, trabajadores de los medios, activistas, abogados y muchos otros que han sido blanco de ataques por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y para empoderar organizaciones, organismos gubernamentales e individuos para ayudar a desmantelar los sistemas de impunidad alrededor del mundo. En noviembre de 2011, IFEX lanzó su campaña inaugural para poner fin a la impunidad, después de que los miembros de IFEX identificaran la cuestión de la impunidad como el mayor obstáculo a la libertad de expresión. Catalina Botero, exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que Panamá tiene una gran oportunidad en materia de transparencia y acceso a la información. Dice que cunde la esperanza para acabar con la corrupción, tienen leyes importantes en transparencia que se pueden fortalecer y hay funcionarios que son aliados de la sociedad civil.

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