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‘La industria ‘offshore’ debe reinventarse’

Dada la magnitud de los cambios que hemos hecho en los últimos años, no puedo entender cómo se puede pensar que hay conflicto de interés.

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‘La industria ‘offshore’ debe reinventarse’

“Panamá es un ejemplo interesante. Con este gobierno tiene una fuerte posición contra la corrupción. Creo que ha hecho mucho a nivel local y esto debe ser reconocido. Tienen algunos problemas con el lado internacional del asunto, donde Panamá tiene un rol especial, como estación de servicio. Conozco esto de Suiza, tenemos una situación similar. En casa, tenemos una dimensión relativamente pequeña de corrupción, pero creamos muchos problemas en el mundo”.

Con estas palabras describió Mark Pieth - profesor de criminalística de la Universidad de Basilea, Suiza, quien renunció al comité de expertos convocado por el Gobierno panameño- los esfuerzos realizados por Panamá para reformar su sistema financiero.

Sobre este tema, La Prensa conversó con el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, quien profundizó sobre los avances hechos por el país.

¿Qué esfuerzos ha hecho Panamá como país en materia de transparencia fiscal?

Desde los primeros meses de esta administración el país ha hecho importantes avances, de hecho en abril de 2015 se aprobó una reforma a la ley de custodia de acciones al portador, reduciendo significativamente los términos para su implementación, la cual debía ser en 2018 y se adelantó para el 1 de enero de 2016. Esto es un gran logro, ya que en la mayoría de las jurisdicciones el proceso de inmovilizar las acciones al portador y entregarlas a un custodio tomó varios años.

De hecho, esta reforma, entre otras en materia de prevención de lavado de dinero y evasión fiscal, permitieron que Panamá pasara la primera ronda de la revisión paritaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal.

Por otro lado, Panamá hizo las modificaciones necesarias en su legislación para que en febrero de 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobara su salida de la lista gris de la organización.

Estos esfuerzos también lograron la firma del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en materia Fiscal (MAC) en octubre de este año. De esta forma, se amplía a más de 100 la red de países con los que Panamá podrá compartir información financiera.

Desde la Cancillería nos encargamos de la parte diplomática de estos esfuerzos, es decir, negociamos con las organizaciones y los países.

¿Qué papel considera que jugó para Panamá la investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que involucró directamente a la firma de abogados Mossack Fonseca?

El resultado de estas publicaciones logró que Panamá tuviese que moverse más rápido en las acciones que ya venía tomando desde antes de la publicación en abril de 2016.

En este sentido, se adoptaron los cambios recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así, el país se ha comprometido a intercambiar información de manera automática, siguiendo los estándares de reporte común (CRS, por sus siglas in inglés) a partir de 2018.

Adicionalmente, se aprobó una ley que obliga a las sociedades panameñas que no tienen operaciones en el territorio nacional, a mantener registros contables de sus operaciones. De esta forma, las autoridades pueden tener información sobre las transacciones de las sociedades offshore, la cual estará a disposición de las autoridades competentes.

De igual forma, esta nueva ley contempla la suspensión de derechos a las sociedades que no están al día con el pago de las tasas al Registro Público.

Cuando se dan las publicaciones, como gobierno, escogimos defender al país, enmendar aquellas cosas que requerían ser modificadas y no buscar culpables, porque Panamá no depende de una firma de abogados. De hecho, en lo que respecta a la firma, las autoridades competentes podrán informar sobre sus respectivas investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes.

Desde el gobierno central, nos enfrentamos ante una cruzada diplomática.

Con el tiempo los esfuerzos que viene realizando Panamá como país, desde hace más de un año, han sido reconocidos por organizaciones internacionales y jefes de Estado.

¿Cómo nace la idea de crear el comité independiente de expertos para evaluar las prácticas del sistema financiero?

La iniciativa de crear este comité integrado por notables e intachables profesionales panameños e internacionales nace de la necesidad de establecer una estrategia para reinventar la plataforma de servicios y negocios del país.

Del comité han salido recomendaciones muy importantes que el Estado ha manifestado que adoptará, y que incluso han sido catalogadas como positivas por Mark Pieth.

Entre las recomendaciones propuestas por el comité se incluye la regulación de la actividad de sociedades anónimas, ¿cómo funcionaría?

Se explora la idea de que esta actividad sea prestada solo por aquellos que mantengan una licencia para tal efecto, es decir, que no bastaría solo con ser abogado.

Esta licencia sería otorgada por un regulador, tal como funciona en otras jurisdicciones. Esto prevendría la venta de sociedades de “papel”.

Las firmas de abogados responsables invierten muchísimo dinero para cumplir con los procesos de debida diligencia y esto es un requisito que todo proveedor del servicio debe cumplir.

Los requisitos legales de mantener políticas de conozca a su cliente existen desde hace varios años, pero conforme el mundo ha evolucionado también lo ha hecho Panamá y respecto a este tema las leyes también se han ido reforzando. Hoy en día este no es solo un requisito para abogados, sino que también incluye a corredores de bienes raíces, seguros, entre otros profesionales.

¿Por qué Panamá no considera la aplicación de un régimen de registro abierto de accionistas o beneficiarios finales?

Hay jurisdicciones que ya están explorando implementarlo y otras inclusive lo han considerado inconstitucional. Creo que es un tema que amerita un estudio más profundo y mayor preparación, sobre todo cuando en nuestro caso, ya la legislación contempla métodos para que las autoridades competentes puedan acceder a esta información.

Hoy en día los abogados deben saber quiénes son los beneficiarios finales y si no cumplen con estas normas entonces deben atenerse a las consecuencias y deben ser sancionados.

Panamá siempre ha tenido leyes y se han propuesto buenas iniciativas pero a la hora de cumplirlas, muchas veces no hay resultados. ¿Por qué esta vez será distinto?

Este es un tema que hemos debatido internacional e internamente, y sabemos que si no implementamos todas las reformas y nuevos compromisos que hemos adquirido, simplemente todo este esfuerzo será en vano, regresaremos a donde comenzamos y es algo que no podemos permitir y, menos ahora que estamos siendo observados por el mundo.

Durante la 17 Conferencia Internacional contra la Corrupción, Pieth dijo que “el Gobierno está muy vinculado con las firmas de abogados”. De igual forma, esto fue duramente criticado públicamente por periodistas internacionales. ¿Existe conflicto de interés en su caso siendo un abogado (en licencia) de una importante firma en donde se dedicaba precisamente a la elaboración de estructuras ‘offshore’?

Cuando nos separamos de nuestros trabajos para entrar al gobierno lo hacemos por el país, no es una motivación económica.

De hecho, las firmas de abogados siempre se han opuesto a estos cambios tan drásticos, es un hecho que hemos enfrentado desde inicios del gobierno, en 2014, cuando comenzamos con las modificaciones.

Dada la magnitud de los cambios que hemos hecho en los últimos años, no puedo entender cómo se puede pensar que hay conflicto de interés, cuando hemos impulsado leyes y cambios que en su momento algunos de nuestros propios colegas estaban en desacuerdo.

Es lógico que todas estas iniciativas sean liderizadas por abogados expertos en la materia. No es responsable delegar esta responsabilidad en personas que no conozcan a fondo lo que están haciendo. Un abogado penalista podría crear una sociedad, pero no podría negociar en nombre del país ante organismos internacionales. Es un negocio dinámico y hay que estar actualizado ante los cambios internacionales para mantener al país competitivo.

Cuando salí de licencia de la firma, dejé una industria muy diferente a la que voy a encontrar cuando regrese y al igual que los demás abogados me tocará asumir los nuevos retos.

El negocio debe reinventarse, y si yo estuviera tratando de buscar algún beneficio particular, lo cual sí sería un conflicto de interés, lo más fácil sería decir no hagamos nada de fondo. La verdad es que con todos los cambios que hemos hecho no sé cuán grande y rentable se pueda mantener esta industria.

¿Cuál es su visión para Panamá?

Panamá debe enfocar sus esfuerzos en seguir siendo una industria de servicio. El Canal, los puertos, los centros logísticos, la conectividad aérea y una banca robusta, en conjunto con un centro financiero saludable, son los pilares que impulsan el crecimiento económico del país.

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