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Se inicia la carrera administrativa

Para el próximo período legislativo se debe presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley general de sueldos para los servidores públicos.

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Aspectos como la puntualidad y la asistencia serán tomados en consideración en la evaluación de los servidores públicos para su ingreso a la carrera administrativa. Aspectos como la puntualidad y la asistencia serán tomados en consideración en la evaluación de los servidores públicos para su ingreso a la carrera administrativa.
Aspectos como la puntualidad y la asistencia serán tomados en consideración en la evaluación de los servidores públicos para su ingreso a la carrera administrativa. Archivo

Tras menos de un mes de la entrada en vigencia de la Ley 23 del 12 de mayo de 2017, que regula la carrera administrativa, se aprobó un cronograma de implementación de dicha norma.

Este empezó a ejecutarse a finales del mes pasado y culminará en julio de 2018.

La primera acción concretada de este plan fue eliminar el estatus del personal nombrado como eventual de 22 mil servidores públicos, quienes ya pasan a ser permanentes y, en consecuencia, pueden contratar préstamos con instituciones financieras.

Esto se hizo en cumplimiento del artículo 33 de la nueva ley que indica que “los servidores públicos nombrados a partir del 1 de agosto de 2012 en la Planilla 001, como personal eventual, pasarán a la planilla de permanentes en el sistema de la Contraloría General de la República”.

Siguiendo con el cronograma, se espera que a partir de este mes de junio se comience a reglamentar dicha ley que beneficiará a unos 75 mil trabajadores del Estado.

Además, se tramitarán las primeras acreditaciones a la carrera administrativa, luego de que un total de 20 mil servidores públicos fueron afectados por las desacreditaciones producto de la Ley 43 de 2009.

Esta Ley 43, que reformó la carrera administrativa y la del servicio legislativo, fue aprobada el 30 de julio de 2009 por la Asamblea Nacional (AN), en ese entonces presidida por el diputado José Luis Varela y sancionada por el entonces presidente Ricardo Martinelli.

En enero del año pasado 10 artículos de esa ley fueron declarados inconstitucionales por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Estos establecían, por ejemplo, prohibir a los jubilados y pensionados gozar del estatus de funcionario de carrera administrativa.

Entretanto, las nuevas acreditaciones se harán en cumplimiento con el artículo 137 A de la norma, el cual indica que “todo servidor público que perdió su acreditación como servidor público de carrera administrativa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 43 de 2009 y continúa ejerciendo funciones, será acreditado automáticamente en la posición que esté ejerciendo, siempre que se encuentre laborando en el mismo cargo en el que fue incorporado a la carrera administrativa”.

De igual forma, estas acreditaciones se realizarán mediante una evaluación de desempeño.

Los funcionarios que fueron afectados por la Ley 43, según David Montenegro, director general de la Carrera Administrativa, ingresarán al régimen de la carrera mediante el Proceso Especial de Ingreso (PEI).

El PEI busca regular la incorporación automática al sistema de carrera administrativa de los servidores que, al momento de ser evaluados, posean los requisitos mínimos exigidos por la ley. Esto aplica para aquellos que ocupaban cargos de forma permanente antes del 1 de julio de 2009.

NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Pese a que en la Ley 23 no se establecieron parámetros para aplicar un régimen disciplinario a los empleados, Montenegro informó que en el mes de julio se empezará a trabajar en el asunto y que sería introducido mediante modificaciones a la legislación.

“Varias de las cosas que debemos acabar es el ausentismo, si un empleado llega tarde hay que aplicar sanciones [...] la tardanza es falta de disposición y eventualmente si esta persona continúa así deberá salir de la carrera administrativa”, expresó Montenegro.

Asimismo, agregó que si bien la ley le otorga derechos al funcionario, este le debe proporcionar “servicios de calidad” a la ciudadanía.

ÚLTIMAS ACCIONES

En continuidad con el plan, para el mes de octubre, la Dirección General de Carrera Administrativa evaluará el desempeño de los empleados de las diversas instituciones que están bajo su paraguas.

También, se deben haber acreditado para octubre a un total de 2 mil 400 servidores nuevos en la carrera administrativa.

Finalmente, para el mes de noviembre se iniciarán las consultas interinstitucionales sobre la denominada ley general de sueldo.

El artículo 26 de la ley de carrera administrativa señala que el proyecto de la ley general de sueldos será presentado a la consideración del Órgano Legislativo a más tardar durante la segunda legislatura ordinaria que se iniciará el próximo 1 julio de 2017.

“Sería la primera vez en la historia que se aplicaría esta iniciativa, homologando salarios de acuerdo con el cargo, entre otros factores, beneficiando y aportando balance a la gestión de recursos humanos del Estado”, indicó Montenegro.

JULIO DE 2018

De noviembre de 2017, el cronograma hace un salto hasta julio de 2018.

En este mes se dará inicio a los nombramientos de funcionarios a través de concursos. Mientras que, el día 2 de julio de ese año, deberá comenzar el funcionamiento del Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Este es un ente independiente integrado por tres magistrados con sus respectivos suplentes.

Dos magistrados serán nombrados por el Ejecutivo y uno por la AN para un periodo de cinco años.

Los que sean nombrados por el Ejecutivo serán ratificados por la AN, mientras que uno de los dos magistrados nombrado por el Ejecutivo será escogido por concurso y el otro será designado de una terna presentada por las organizaciones sindicales, como el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.

Dicho tribunal tendrá competencia para conocer de las apelaciones contra acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la Constitución Política o la ley, y, en especial, para conocer y resolver las apelaciones contra las resoluciones que dispongan destituciones, ordenar reintegro o pago de indemnizaciones en caso de fallo favorable al servidor público, estableciendo el término para ello y ordenar el pago de salarios caídos, en los casos que corresponda.

De igual forma, deberá elaborar su reglamento interno y su procedimiento, así como un reglamento de aplicación de métodos alternos de solución de conflictos.

‘DEBEMOS SEGUIR MEJORANDO’

El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Alfredo Berrocal, dijo que muchos aspectos de la ley son “necesarios” y representan un avance para el país, sin embargo, consideró que aún falta mucho por hacer y se debe continuar mejorando la calidad de vida de los trabajadores públicos.

“Hay algunos detalles en los que no ha habido avance, como las políticas salariales. Se espera que al finalizar este año contemos con una ley general de sueldos y tenemos la expectativa de que esto se cumpla”, dijo Berrocal.

A juicio del dirigente, uno de los temas más significativos de la recién aprobada ley es la creación del Tribunal Administrativo de la Función Pública. “Con este tribunal se garantizará la justicia para todos los trabajadores”, agregó.

Dos que coincidieron con Berrocal fueron Eduardo Gil, dirigente de la Central Sindical de Trabajadores y Osvaldo De La Guardia, administrador de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ambos aseguran que así como la ley tiene algunas debilidades, también es un progreso para establecer los derechos de los trabajadores del Estado que se tienen que seguir manteniendo.

“Reconocemos muchas cosas positivas, como la creación del tribunal y el pago de indemnización […] consideraría que la ley está en un 50 y 50”, dijo De La Guardia.

Para el funcionario del MEF, uno de los temas que no quedó contemplado en la ley fue el reconocimiento de los periodos continuos o discontinuos de los servidores públicos.

Además, consideró que la puesta en marcha del Tribunal Administrativo de la Función Pública es “tardía”.

“Poner en funcionamiento completamente este tribunal tomará más de seis meses y va a coincidir con la campaña política y es precisamente eso lo que queremos evitar, la politización del sector público”.

Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo que la ley representa un instrumento jurídico que permite garantizar los derechos de los servidores públicos en cuanto a su estabilidad y reconocimiento de sus prestaciones laborales.

Según González, es una ley que bien aplicada “debe permitir el respeto que se merece en su dignidad todo funcionario”.

El procurador también resaltó el hecho de que la norma estableciera el tribunal en mención. “Es un mecanismo que le permite defender de manera eficaz sus derechos ante posibles medidas disciplinarias o de destitución que no tengan mayor sustento”, agregó.

OTROS ASPECTOS DE LA LEY

La norma establece que los procedimientos de ingresos serán por convocatorias públicas. Además, estipula el pago de prima de antigüedad al momento en que el Estado desvincule a un servidor público. Este será un derecho adquirido, independientemente de la causa del despido.

La norma especifica, además, que la bonificación será calculada tomando en cuenta los años laborados, desde la adquisición del estatus hasta el último sueldo devengado.

Esta ley no será aplicable a los servidores públicos escogidos por elección popular, los ministros y viceministros de Estado, los directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, los gerentes y subgerentes de sociedades en las que el Estado tenga una participación mayoritaria en el capital accionario

CAPACITACIONES

Desde el pasado 30 de mayo, la Dirección General de Carrera Administrativa se encuentra realizando una jornada informativa sobre la ley.

Estas capacitaciones se han hecho con la presencia del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.

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