Se intensifica crisis política en Brasil

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, dijo ayer que apelará ante el Supremo Tribunal Federal su decisión de suspender el proceso para tratar los pedidos de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. VEA 14A

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha elevado el tono de su discurso y ha denunciado una actitud ‘golpista’ entre ciertos sectores de la oposición. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha elevado el tono de su discurso y ha denunciado una actitud ‘golpista’ entre ciertos sectores de la oposición.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha elevado el tono de su discurso y ha denunciado una actitud ‘golpista’ entre ciertos sectores de la oposición.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, dijo ayer que apelará ante el Supremo Tribunal Federal su decisión de suspender el proceso para tratar los pedidos de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

Crisis política llega a la justicia

La crisis política brasileña se arrastró ayer hacia la Corte Suprema, en la que la oposición y el oficialismo, según el caso, intentan allanar o cerrar el camino hacia un posible juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

La disputa jurídica se da en momentos en que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, todavía tiene sobre su mesa tres solicitudes presentadas por grupos opositores que demandan un juicio político contra la mandataria, que aún no ha examinado y que ayer dio a entender que dejará pendientes al menos hasta la próxima semana.

El traslado de la crisis al ámbito judicial fue provocado por una cautelar dictada por tres jueces del Tribunal Supremo, que negó la posibilidad de que si una solicitud de juicio contra Rousseff es rechazada por el presidente de la Cámara baja, la oposición pueda recurrir a esa decisión en el pleno de ese Órgano Legislativo.

Ese procedimiento había sido acordado por la Cámara, pero, de acuerdo a tres magistrados del Supremo, contraría una ley de 1950 que establece las normas para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado, algo que la Constitución contempla siempre que haya fundamentos jurídicos y no meramente políticos.

Según esa ley, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe exclusivamente al presidente de la Cámara baja y debe estar fundamentada en razones de estricto orden jurídico, que según la oposición existen y en la opinión del Gobierno no.

“No hay guerra ni tregua” con el gobierno de Dilma Rousseff, dijo el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, dueño de la llave que puede abrir un proceso de impeachment contra la mandataria.

Cunha, un enemigo jurado de Rousseff, debe decidir en los próximos días si acepta o rechaza un pedido de juicio de destitución de la Presidenta, patrocinado por el principal partido de la oposición, PSDB (Social Democracia Brasileña).

El jefe de los diputados apelará mañana viernes la decisión de la Corte, mientras que la oposición anunció que presentará un nuevo pedido de impeachment, que intentará probar que las supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno en 2014 continúan en 2015.

Uno de los pedidos para procesar a Rousseff —que aún no ha analizado Cunha— según la oposición, sí cumple con lo establecido con la Constitución, pues apunta a un supuesto “delito de responsabilidad” que la mandataria habría cometido al avalar unas maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas de 2014. Esas maniobras fueron constatadas por el Tribunal de Cuentas, un órgano de contraloría del Estado que reprobó los balances que el Gobierno presentó el año pasado y recomendó al Congreso que haga lo mismo.

Sin embargo, ese mismo asunto ha llegado al Supremo, a través de abogados vinculados al gobernante Partido de los Trabajadores.

Según esos abogados, lo que califican como “falta administrativa” cometida el año pasado, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión, que comenzó el pasado 1 de enero, por lo que han pedido al Supremo que se pronuncie.

Mientras, el jefe del Ejército brasileño alertó que la creciente tensión política que vive el mayor país de Latinoamérica podría derivar en una “crisis social”, según unas declaraciones publicadas ayer por el diario Folha de Sao Paulo.

El general Eduardo Villas Boas lanzó su aviso durante una videoconferencia con 2 mil oficiales de la reserva el viernes, de acuerdo a la información de Folha. “Estamos viviendo una situación extremadamente difícil, crítica, una crisis de naturaleza política, económica, ética muy seria y con preocupación de que, si continúa, pueda transformarse en una crisis social con efectos negativos sobre la estabilidad”, aseguró.

Villas Boas, que fue designado por la ahora asediada presidenta Dilma Rousseff a comienzo de año, añadió que las instituciones están funcionando correctamente.

Rousseff, que ha elevado el tono de su discurso, denunció una actitud “golpista” entre ciertos sectores de la oposición, que defienden la apertura de un juicio político con miras a su destitución.

La gobernante estuvo este martes arropada por su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva y por el expresidente de Uruguay José Mujica, quienes le respaldaron durante un acto en Sao Paulo con la Central Única de los Trabajadores, la mayor central sindical de Brasil.

La presidenta se mostró contundente contra los que quieren “acortar” su mandato “sin hechos jurídicos” y acusó a la oposición de querer expandir “el odio y la intolerancia” en Brasil.

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