REACCIONAN AL ESCÁNDALO DE FINMECCANICA

´No investigo bochinches´

La procuradora de la Nación, Ana Belfon, tomó distancia del escándalo de Finmeccanica y manifestó que trabaja sobre ´objetividades´ y ´no conjeturas´.

“Nosotros trabajamos sobre objetividades y no sobre bochinches ni conjeturas”. Así se expresó ayer la procuradora de la Nación, Ana Belfon, al responder si el Ministerio Público reabriría las pesquisas por el escándalo de Finmeccanica.

Una investigación periodística de este diario reveló que el expediente por soborno internacional, por el que el italiano Valter Lavítola está acusado en su país, refleja una trama de corrupción, chantajes y el supuesto pago de sobornos a allegados cercanos al presidente, Ricardo Martinelli, investigación cerrada por los fiscales italianos el pasado mes de junio.

A pesar de ello, la procuradora enfatizó que [en Panamá] “ya se hicieron investigaciones en el tema Lavítola; incluso, hay pronunciamientos de los tribunales”.

La funcionaria se refería a la decisión que en junio pasado adoptó el Juzgado Primero Penal –a cargo de Rolando Quezada Vallespi– de archivar definitivamente el proceso abierto por el supuesto pago de sobornos en la fallida negociación directa para diseñar y construir cárceles modulares por el consorcio italiano Svemark, a un costo de unos 200 millones de dólares.

Al ser interrogada sobre si a su juicio este caso estaba cerrado, Belfon dijo que, “lastimosamente, el Ministerio Público no cierra procesos”, pues es una competencia del Órgano Judicial.

REACCIÓN PRESIDENCIAL

Horas después de las declaraciones de la procuradora de la Nación, el presidente Martinelli se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, insinuando que las publicaciones de este diario obedecen a una “conspiración” ( ver imagen) que desvelará mañana, jueves.

En tanto, antes de que medios de comunicación nacionales dieran a conocer una grabación entre Ricardo Rica Martinelli –hijo del Presidente de la República– y los italianos Lavítola y Mauro Velocci –presidente de Svemark Panamá–, la primera dama, Marta Linares de Martinelli, aseguró que su hijo “no tiene que ver nada con ningún asunto en Italia ni con Lavítola”.

“Esta es una noticia reciclada. Lavítola se presentó como asistente y mano derecha de Berlusconi [Silvio], y todos lo conocimos, pero de eso a que haya alguna relación, es algo muy distante”, apuntó.

Agregó que “en Italia no hay nada que diga que en Panamá tuvo o recibió soborno. Es más, las cárceles nunca se dieron; usted no puede recibir soborno de algo que nunca se dio”, sostuvo Linares de Martinelli durante un evento desarrollado en Santiago de Veraguas. Sus declaraciones fueron divulgadas por TVN.

Sin embargo, la primera dama no dijo nada acerca de las razones por las que su hijo, sin ser funcionario, estuvo pendiente de las negociaciones de las cárceles modulares con Lavítola y con el propio Velocci ( ver páginas 14 y 15 de la edición de hoy).

REPUDIO

A juicio del exdirector de la Policía Nacional y analista político Ebrahim Asvat, este podría ser el “mayor caso delictivo que se investiga y que involucra a funcionarios panameños de alto rango, luego del caso [Manuel Antonio] Noriega”.

Asvat consideró que no se pueden catalogar los hechos como “bochinche”, cuando hay un expediente a cargo de fiscales de reputación internacional que investigan un posible delito.

“Asumir la posición de un avestruz frente a las acusaciones es pretender creer que todo pasa y nada pasa. La verdad siempre florece y hay material para escribir un libro, aunque ningún panameño caiga preso por razón de las disposiciones penales italianas”, precisó.

Por su parte, Teresita de Arias, vicepresidenta del Partido Popular (PP), indicó que “es incorrecto y probablemente raya en lo ilegal que parientes y allegados a funcionarios de alto nivel intervengan en negociaciones o transacciones que involucran al Estado”.

De Arias manifestó que “la actuación de Rica Martinelli está definida como tráfico de influencias”. Es decir, que una persona allegada directamente al poder intervenga en negociaciones y gestiones que corresponden a funcionarios.

Además de Rica Martinelli, su tío Francisco Frankie Martinelli es mencionado en el expediente de Italia.

De acuerdo con las pesquisas italianas, por las negociaciones de las cárceles se hicieron pagos en 2010 y 2011 por alrededor de 850 mil dólares a personas de gran cercanía con el presidente Martinelli. Se menciona, entre ellos, a Frankie Martinelli que –según los testimonios recabados en Italia– recibió pagos a través de transferencias.

Frankie Martinelli participó en cuatro reuniones en las que se negociaba el tema de las cárceles, según un documento que elaboró la abogada panameña Marleni Paolo, a quien Svemark contrató para la gestión legal del contrato.

Paolo, a su vez, fue agente residente de las tres filiales que tiene el conglomerado italiano Finmeccanica en Panamá (Selex, Agusta Westland y Telespazio Argentina) y actuó como agente residente de Agafia Corp., sociedad panameña vinculada a Lavítola, que cobraría una comisión del 10% de los contratos de Finmeccanica.

El expresidente del Comité Ecuménico de Panamá, Pablo Morales, calificó como “inapropiado” que una persona ajena al Gobierno actúe en nombre del Estado. “Con este tipo de actuaciones, las autoridades correspondientes deben hacer las investigaciones y demostrar que en este país hay una verdadera separación de los poderes”, manifestó.

Igual comentario hizo el precandidato presidencial independiente Juan Jované. “Es incorrecta e ilegal la actuación del hijo del Presidente... El que no es funcionario no puede actuar en nombre del Estado, ya que sería usurpación de funciones”, acotó.

RESPONSABILIDADES

Por su parte, el presidente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Fernando Cebamanos, lamentó que el Estado esté siendo manejado de esta forma, y emplazó a las autoridades judiciales a deslindar responsabilidades por este caso.

El precandidato presidencial independiente Gerardo Solís dijo que esto es parte de “una telaraña de corrupción”.

“Me parece que la familia Martinelli debe ser la más interesada en que personas neutrales e independientes hagan una investigación y aclaren cuál es el papel que ellos han jugado en esa trama”, subrayó.

Samuel Rivera, representante de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), consideró que el Ministerio Público debe retomar la investigación.

El dirigente sindical destacó que se debe investigar no solo a aquellos que no son servidores públicos, sino a los propios funcionarios señalados en Italia.

Por segundo día consecutivo, este diario intentó conocer la reacción del candidato presidencial oficialista, José Domingo Arias, pero evitó hacer comentarios.

Justamente, el candidato presidencial del opositor PRD, Juan Carlos Navarro, pidió a Arias que se pronunciara sobre este caso en el que están envueltos miembros de su gobierno.

Navarro también solicitó una investigación judicial por la grabación en la que aparece Rica Martinelli hablando con Lavítola y Velocci sobre los contratos.

“Este escándalo le está dando la vuelta al mundo. Los implicados deben presentarse a la justicia. Se debe comenzar de inmediato una investigación”, agregó.

(Con información de Isidro Rodríguez, Ereida Prieto Barreiro, Eduardo Mendoza, Santiago Cumbrera y Ángel López Guía).

Gómez: ´proceso debe ser reabierto´

La exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez se sumó ayer a líderes de la sociedad civil que piden al Ministerio Público (MP) retomar la investigación relacionada con la polémica contratación directa de cárceles, radares y helicópteros con empresas de Italia, cuyos fiscales han proseguido en ese país con indagatorias por “soborno internacional”.

Gómez recordó en TVN que Panamá es signataria de convenciones internacionales contra la corrupción, que establecen compromisos de los Estados de interrumpir la prescripción cuando “la persona que debió ser investigada ha evadido la justicia por cualquier artilugio o artimaña desde el poder”.

En febrero de 2012, el entonces procurador de la Nación, José Ayú Prado –hoy magistrado de la Corte Suprema designado por el presidente Martinelli–, solicitó archivar el expediente por estas supuestas anomalías, basado en que no se acreditó la comisión de un hecho punible.

El único proceso que se mantiene abierto en Panamá por el escándalo de Finmeccanica es el que se le sigue a la dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, por divulgar correos cruzados entre el mandatario y Valter Lavítola.

En ese proceso, el presidente Martinelli impidió que la Fiscalía Séptima de Circuito efectuara una inspección ocular a su computadora para confirmar la validez de los correos electrónicos. Tras esta acción, la fiscalía desistió de la diligencia.

La exprocuradora también subrayó que los elementos publicados por este diario –y que constan en el expediente– dan cuenta de que el delito está probado en Italia, y “si los procesados están siendo sometidos al rigor del procedimiento, tendrán que decir a quiénes le pagaron”.

Según Gómez, el Ministerio Público debe probar esos hechos y para que eso ocurra deben existir tres elementos: una Asamblea Nacional independiente que fiscalice; un sistema judicial independiente y un periodismo libre. “Esto, obviamente, no ocurrirá en este momento... investigar la corrupción cuando se está en el poder es difícil”, acotó.

SANTIAGO CUMBRERA

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