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ANÁLISIS

La justicia según Martinelli

El expresidente reniega de una justicia por la que poco hizo cuando pudo mejorarla, y cuyas caras provienen de su propia administración.

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Ricardo Martinelli saluda al entonces magistrado Alejandro Moncada Luna. Sus criterios para elegir a este magistrado fueron cuestionados por la sociedad civil, que se quejó de su falta de independencia frente al poder. Ricardo Martinelli saluda al entonces magistrado Alejandro Moncada Luna. Sus criterios para elegir a este magistrado fueron cuestionados por la sociedad civil, que se quejó de su falta de independencia frente al poder.

Ricardo Martinelli saluda al entonces magistrado Alejandro Moncada Luna. Sus criterios para elegir a este magistrado fueron cuestionados por la sociedad civil, que se quejó de su falta de independencia frente al poder. Foto por: Archivo

José Abel Almengor terminó renunciando al cargo de magistrado y Moncada Luna, en la cárcel. José Abel Almengor terminó renunciando al cargo de magistrado y Moncada Luna, en la cárcel.

José Abel Almengor terminó renunciando al cargo de magistrado y Moncada Luna, en la cárcel. Foto por: Archivo

Bonissi duró en el Ministerio Público lo que dura una estrella fugaz. Ayú Prado, como estrella. Bonissi duró en el Ministerio Público lo que dura una estrella fugaz. Ayú Prado, como estrella.

Bonissi duró en el Ministerio Público lo que dura una estrella fugaz. Ayú Prado, como estrella. Foto por: Archivo

Ricardo Martinelli no fue un presidente convencional. Él rompió todos los moldes: no era conocido por su discreción; su lenguaje corporal no dejaba espacio a la duda y la diplomacia era una forma de perder el tiempo cuando existe el lenguaje directo.

Su furia no la disimulaba, ni siquiera cuando estaba en actos públicos. Fue escandalosa cuando cargó contra un periodista de Medcom que le hizo una pregunta incómoda; o cuando, en una asamblea de accionistas de La Prensa, tras quejarse del medio, se dirigió a la mesa directiva y le espetó: “Déjenme decirles que yo sí conozco información de todos aquí”; o respondiendo preguntas sobre la posibilidad de que diputados de su partido cambiaran de tolda política, advirtió: “Yo sí tengo el dossier y el pedigree, pues sé qué ha hecho todo el mundo…”. Como se dijo: ni discreto ni diplomático.

¿Cómo podía saber todo de todo el mundo? Justamente, la forma en que lo habría logrado es lo que lo mantiene en una celda en Miami, donde un juez federal lo envió el pasado martes, a la espera de decidir el fondo de la petición de Panamá de repatriarlo para que responda por acusaciones de violación a la privacidad, entre otros cargos, tras descubrirse que en el Consejo de Seguridad se espiaban desde periodistas hasta magistrados.

LA JUSTICIA, 'ASALTADA' POR EL EJECUTIVO

Esa obsesión de meterse en la vida íntima de las personas quedó plasmada en la primera plana de The New York Times cuando publicó lo que podría llamarse un intento de chantaje por parte del exgobernante. El diario divulgó cables diplomáticos que revelaban que cuando Estados Unidos (EU) rehusó usar su programa de escuchas telefónicas para espiar a sus enemigos políticos, el entonces gobernante amenazó con echar a la DEA de Panamá.

La publicación citó un cable de la exembajadora de EU en Panamá Barbara Stephenson, en el que opinaba que Martinelli tenía una “tendencia al acoso y el chantaje”. Justamente evidenciada por su amenaza de expulsar a la DEA del país, si EU removía su programa de escuchas telefónicas del Consejo de Seguridad.

Su obsesión era tal, que el entonces director del Consejo, Olmedo Alfaro, llegó a decirles a oficiales de la Embajada de EU que el gobierno de Martinelli pretendía crear una jurisdicción para autorizar los pinchazos de forma expedita. La razón de ello, añadía el cable, era la falta de confianza de Martinelli en la entonces procuradora Ana Matilde Gómez. Según la embajadora, el sistema judicial panameño estaba “asaltado” por el Ejecutivo.

Pero ahora resulta que el que más se queja de que la justicia está bajo asalto por el Ejecutivo es el propio Martinelli, que no ha dejado de repetir –como lo hacen todos los que están bajo su situación– que es un perseguido político, de que al Ministerio Público lo maneja el actual gobernante, Juan Carlos Varela, discurso este que ha encontrado eco en su defensa técnica.

Por ejemplo, por su abogado Rogelio Cruz, quien, irónicamente, acusó a Martinelli exactamente de lo mismo cuando este era presidente y él, abogado del exgobernante Ernesto Pérez Balladares, quien enfrentó la justicia por su participación en empresas de juegos de azar.

PROMESAS ROTAS

Pero Martinelli tuvo una oportunidad para cambiar la cara de la justicia. De hecho, fue una de sus promesas electorales: “Quienes quieran ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán someterse a debates con la sociedad”, se comprometió. Sin embargo, llegado el momento, la promesa se esfumó y las críticas aparecieron de inmediato, pues su método de elección era exactamente igual al de sus antecesores.

Martinelli ripostó: “Lo que pasa es que hay personas que quieren cogobernar sin participar… El pueblo no me eligió para cogobernar…”, dirigiéndose a representantes de la sociedad civil que solo reclamaban que cumpliera su promesa, de que los nuevos nombramientos en la Corte Suprema pasarían por el tamiz del examen público.

El gobernante ignoró lo que había escrito: promover “cambios profundos en el método para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de manera que las nuevas designaciones sean resultado del escrutinio de la capacidad, profesionalidad y solvencia moral de los candidatos”, ya que él “no tenía nada que temerle” a una Corte autónoma, con capacidad de investigar a los malhechores. De ser necesario, ellos pueden “investigarme a mí mismo”, si fuera el caso, aseguró.

Pero, llegado el tiempo de ser investigado, Martinelli reniega de la justicia, justicia representada por magistrados elegidos por él, cuyos nombramientos firmó, regocijado, de su puño y letra.

‘Los MEJORES’, según martinelli

¿Qué hizo Martinelli para mejorar la justicia? Sus nombramientos en la Corte Suprema –pese a las advertencias de la sociedad civil– no respondían a criterios de independencia y honestidad, como quedó evidenciado.

A las críticas que le llovieron al anunciar sus primeros candidatos para la Corte, respondió que eran personas ejemplares, honestas, de reconocida trayectoria en el sistema judicial... los mejores.

Pero sus nombramientos de 2009 –José Abel Almengor y Alejandro Moncada Luna– terminaron muy mal. El primero renunció en medio de rumores de que participó en un plan para expulsar del cargo a la procuradora Ana Matilde Gómez –quien se había granjeado la desconfianza de Martinelli–, y el segundo acabó juzgado por la Asamblea Nacional, acusado de enriquecimiento injustificado y falsedad. Hoy purga condena de 60 meses en la cárcel El Renacer.

Martinelli entonces nombró en reemplazo de Almegor al abogado Harry Díaz, quien, precisamente, es el fiscal del caso por el que está detenido en Miami con miras a su posible extradición a Panamá. De hecho, Díaz pidió a la Corte ordenar la detención de Martinelli por este proceso.

Si la justicia está asaltada por el actual Ejecutivo en este caso específico, Martinelli tendría responsabilidad en ello, pues Díaz fue uno de sus polémicos nombramientos en el Órgano Judicial.

Los otros a los que Martinelli llevó como magistrados de la Corte fueron: Luis Ramón Fábrega, Hernán De León, José Ayú Prado y Abel Zamorano, este último, suplente de Moncada Luna, quien actualmente ejerce la titularidad del cargo.

Sumados, de los nueve magistrados que componen el pleno de la Corte, cinco provienen de la administración Martinelli. Y si todos ellos responden al actual Ejecutivo, cabe preguntarse si también lo hicieron para quien le debían el puesto.

AMIGOS Y FAVORES

Almengor y Moncada. El primero fue fiscal de Drogas; renunció al cargo en mayo de 2009 para acompañar a Martinelli en su campaña electoral. Al llegar a la Presidencia lo nombró como su secretario de seguridad, cargo creado especialmente para él. Luego, sobrevino su renuncia ante el escándalo de lo que parecía ser un favor a Martinelli: el complot contra la entonces procuradora.

El segundo se le unió a la campaña en 2009. Los fallos de Moncada Luna en muchos procesos fueron escandalosos. Su inacción era igual de notoria, como cuando evitó la intervención de la casa de valores Financial Pacific, caso este en el que el hoy expresidente está envuelto.

El entonces magistrado acogió un amparo de garantías interpuesto por los dueños de la casa de valores, y que nunca resolvió, en medio de versiones que apuntaban a la existencia allí de cuentas de Martinelli para la presunta manipulación del mercado de acciones mineras.

El magistrado Díaz también era cercano a Martinelli, al punto de que en una entrevista confesó que el entonces presidente lo llamó para pedirle que renunciara a sus aspiraciones de presidir la Corte y le diera el voto a Moncada Luna.

—Presidente, ¿usted está en algo ilícito? ¿Por qué quiere a un megacorrupto como Moncada?, le preguntó Díaz, según dijo. La razón de ello, citó el magistrado a Martinelli, fue “porque él va a hacer cosas que ustedes no quieren hacer”. Luego, por si fuera poco, le pidió el voto para la vicepresidencia de la Corte a favor del magistrado Luis Ramón Fábrega.

Son estos magistrados, precisamente, los que representan esa justicia de la que Martinelli se queja amargamente hoy. Fueron nombramientos que la sociedad civil criticó, justamente, por su cercanía a él. Son los representantes de un sistema de justicia que, en palabras de la exembajadora de Estados Unidos en Panamá, estaba asaltado por el Ejecutivo de Martinelli.

COMPLETA INESTABILIDAD

Ese asalto a la justicia del que hablaba la diplomática también hacía referencia a la animosidad de Martinelli con la entonces procuradora Ana Matilde Gómez. Un controvertido juicio contra la hoy diputada la puso fuera del Ministerio Público, tal como lo quería Martinelli.

El METEORO

Desde entonces y hasta el final de su mandato, el Ministerio Público transitó por tierras movedizas. En suma, hubo cuatro procuradores en sus cinco años de gobierno: Gómez, expulsada del cargo; Giuseppe Bonissi, un abierto afecto a Martinelli en las elecciones 2009, cuya gestión fue marcada por la supuesta penetración del narcotráfico en el Ministerio Público; José Ayú Prado, que después de 30 años como funcionario en la Procuraduría, ascendió, en tan solo 2 años de fiscal a procurador y luego a magistrado de la Corte Suprema, para después convertirse en presidente del Órgano Judicial (estos últimos tres cargos, todos bajo la administración de Martinelli); y Ana Belfon, abogada personal del expresidente, secretaria de Asuntos Jurídicos de la Presidencia y exfiscal de la dictadura.

Si bien la carrera de Ayú Prado se tornó meteórica de un día para otro, paralelamente quedaba envuelto en escándalos vinculados al expresidente Martinelli.

Uno de ellos fue denunciado por el abogado Rosendo Rivera, actual querellante de Martinelli por el supuesto espionaje de sus comunicaciones. Rivera aseguró que siendo abogado de Martinelli en una querella contra Balbina Herrera, Ayú Prado, en el cargo de procurador, redactó las respuestas de un cuestionario enviado por una fiscalía al exmandatario.

También, Mayté Pellegrini –una exempleada de Financial Pacific detenida por este caso– reveló la existencia de una cuenta, High Spirit, que dijo era de Martinelli para manipular las acciones de Minera Petaquilla.

Pero Pellegrini se retractó, aunque después volvió a su versión original. La declaración en la que negó la vinculación del exgobernante la redactó Ayú Prado –aseguró– quien le prometió liberarla si firmaba el documento, afirmó Pellegrini.

La justicia que los panameños heredaron de Martinelli no se diferencia de las que el gobernante en campaña se opuso tanto y que tuvo oportunidad de mejorar.

El cable en el que la exembajadora de EU se quejó de los planes de Martinelli de espiar a sus adversarios concluye lo que podría ser la razón del asalto al Órgano Judicial: “No hay ninguna razón para creer que habrá menos actos de corrupción en este gobierno que en cualquier gobierno anterior. Y hoy no hay razones para creer lo contrario”.

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