Fallo condenatorio

´La justicia está en manos del Ejecutivo´: Balbina Herrera

El fallo fue dictado el 10 de octubre, mismo día en que el presidente, Ricardo Martinelli, anunció que iba a indultarla.

La divulgación del contenido de correos electrónicos de conversaciones entre el presidente, Ricardo Martinelli, y el italiano Valter Lavítola “generó y aún genera cuestionamientos” en perjuicio del mandatario panameño.

Ese es parte del argumento planteado por la jueza primera municipal, Yorlenni Fruto, para condenar a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, a tres años de prisión, pena máxima aplicada por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Herrera divulgó varios correos electrónicos en los que Martinelli y Lavítola –con arresto domiciliario en su país– intercambiaban información relacionada con los millonarios contratos suscritos entre Panamá y el grupo Finmeccanica.

El fallo, fechado 10 de octubre, al que este medio tuvo acceso, fue dictado el mismo día en que Martinelli anunció que indultaría a Herrera cuando fuese condenada a prisión. Además de la pena de prisión, se la inhabilita para ejercer cargos públicos por tres años, luego de cumplida la sentencia.

afectó su honor

Fruto manifestó que el delito quedó acreditado, cuando Herrera se presentó a los canales 13 y 2, los días 5 y 6 de diciembre, y divulgó “el contenido de correos electrónicos que no le estaban dirigidos, aludiendo hechos relacionados con procesos penales que no son materia de debate en esta causa”.

La jueza explicó que la acción de Herrera no solo atenta contra el derecho a la intimidad, “sino también contra el honor, que es un bien jurídico protegido, pero que no es materia de este proceso”.

Señaló que “Ricardo Martinelli, como persona y presidente de la República de Panamá, ha tenido que explicar, sin estar sujeto a proceso alguno, el contenido de esos datos que eran parte de su intimidad”.

Advirtió que en su declaración jurada, Martinelli se ratificó de la querella en contra de Herrera, que incurrió en un delito al apoderarse de los correos electrónicos e informar del contenido de los mismos.

Según Fruto, un “elemento probatorio importante y vinculante” es la declaración jurada de Lavítola, la cual tiene plena validez.

En ese sentido, explica la jueza que la declaración de Lavítola no puede ser tachada de ilegal (como lo hizo la defensa de Herrera en el juicio), porque cuando se incorporó al expediente ya había sido utilizada en la audiencia preliminar.

Fruto rechazó por improcedente la solicitud de nulidad de los correos electrónicos, porque la defensa legal de Herrera debió promover de inmediato el incidente, y no luego de transcurridos aproximadamente dos años.

Para ello se basó en el artículo 861 del Código Judicial, que indica que el documento privado es auténtico si no hubiese sido objetado por una de las partes.

peligro a su intimidad

Fruto consideró que no puede tenerse como válido el argumento de Herrera, de que divulgó los correos por tratarse de contratos públicos. “El fin no justifica los medios... nadie está por encima de la Constitución y la ley”, dijo.

Agregó que “deben realizarse las denuncias y querellas que correspondan a la comisión de delitos, ante las autoridades competentes, y no tomar justicia por sí mismo”.

La jueza hace alusión al artículo 164 del Código Penal, que establece penas de uno a tres años de prisión o su equivalente a días multa, por el delito contra la inviolabilidad del secreto.

Sin embargo, tomó en cuenta tres factores: el daño o peligro causado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; y los antecedentes penales de Herrera.

En este sentido, dijo que Herrera puso en peligro la libertad y la intimidad de Martinelli. Indicó que en el expediente no consta historial penal y policivo de Herrera, “por lo cual se presume su calidad de delincuente primaria”. A pesar de eso, Fruto le aplicó la pena máxima por este delito.

reacciones

Herrera informó que no se ha notificado, por lo que cumplirá con ese trámite legal el próximo lunes a las 10:00 a.m.

“No entiendo cómo un periódico del gobierno puede tener una información que ni siquiera la persona afectada, en este caso yo, la tengo”, dijo.

La noticia de la condena a Herrera fue divulgada ayer en los periódicos la Opinión Panamá y Crítica.

Explicó que el jueves 10 de octubre sus abogados salieron del juzgado a las 4:55 p.m. y no les dieron información del fallo.

“Eso te demuestra que la justicia panameña está en manos del Ejecutivo, porque los periódicos del Presidente tenían la información”.

Según Herrera, cuando se da una condena, la persona afectada debe ser notificada personalmente.

La dirigente política respondió a los señalamientos de Martinelli, al manifestar que “prefiero mil veces ser una tonta útil por decir la verdad, a ser una persona involucrada en posibles actos de corrupción y de vergüenza nacional e internacional”.

“El presidente de la República cree que está en su finca privada o en su supermercado”, señaló Herrera.

En tanto, Jaime Montero, abogado de Martinelli, indicó que “esta condena no me sorprende porque las pruebas acreditaban que hubo una divulgación de correos que no estaba en facultad de usar porque no era ni la destinataria ni la remitente”.

Mientras, Carlos Herrera Morán, secretario general del Colegio Nacional de Abogados, dijo que, “fue una condena anticipada por parte del presidente Martinelli. No queda la menor duda de que la administración de justicia está controlada y al servicio del Órgano Ejecutivo”.

Agregó que “esto no es más que la culminación de una persecución política del Ejecutivo contra sus adversarios, sean partidos políticos o grupos de la sociedad civil, que por mantener una posición digna e independiente nos persiguen”.

Rafael Candanedo, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, indicó que, “es un mal signo de cómo funciona la justicia en Panamá, cuando no se ha tratado el fondo del asunto”.

Candanedo dijo que “con este tipo de justicia, de fiscales y jueces, de los que uno sabe ya como va ser el fallo, no llegamos ni a La Chorrera como país”.

Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, opinó que “la justicia actúa de manera muy rigurosa y ágil, pero en otros casos de corrupción de personas vinculadas al poder político en turno, entonces la justicia mira para otro lado”.

A juicio de Castillo, “esta es la selectividad que le resta credibilidad a la justicia panameña”.

¿Martinelli tiene el expediente de Italia?

En la entrevista que Ricardo Martinelli concedió al periodista Álvaro Alvarado en Telemetro, el pasado jueves, el Presidente de la República afirmó en reiteradas oportunidades que había tenido acceso al expediente italiano en el que hoy, su indeseable amigo Valter Lavítola está acusado de soborno internacional.

Rodeado de papeles en los que buscaba información y testimonios de declaraciones de acusados y testigos, Martinelli dijo varias veces que sus afirmaciones estaban respaldadas por las deposiciones ante las “autoridades” de Angelo Capriotti, uno de los principales accionistas del consorcio Svemark, empresa que fue seleccionada por el Gobierno para construir cárceles modulares en cuatro ciudades del país.

De igual manera, Martinelli citó documentos, entre ellos, las declaraciones de testigos aportados por el italiano Claudio Fagiano, otro representantes de Svemark en Panamá, a cuyas cuentas bancarias fue a dar parte del dinero que las fiscalías de Italia califican de soborno.

Las declaraciones de estos testigos fueron enviadas –vía correo electrónico– por Fagiano a La Prensa el pasado 5 de octubre, en respuesta a un cuestionario enviado a él por este diario. Y son las mismas declaraciones que Martinelli cita en la entrevista con Alvarado, mientras trataba de encontrarlas en el fajo de papeles que había llevado a Telemetro. Otro que deja ver claramente que tuvo acceso al expediente italiano es Ricardo Rica Martinelli Linares, quien, en su comunicado enviado a los medios la semana pasada, describe unas declaraciones de Angelo Capriotti dadas a “las autoridades italianas” sobre la grabación de su plática con Lavítola y el italiano Mauro Velocci –representante en Panamá de Svemark– sobre el helicóptero para su padre y las cárceles modulares. Según Martinelli, esa grabación no la podían divulgar ellos, aunque, ya conocían de ella por las declaraciones de Capriotti, dijo Martinelli. Después de que se divulga la grabación es que deciden abordar el tema, sostuvo.

El acceso a ese expediente queda evidenciado en el comunicado de Rica Martinelli, en el que cita –entre comillas– tres párrafos de la declaración de Capriotti a los fiscales, en los que describe la supuesta “tramoya” de la que hablaba su padre, refiriéndose a la grabación.

El Ministerio Público, por su lado, dijo a los medios el pasado miércoles que unas pocas partes del expediente de Italia le fueron enviadas tras solicitarlo. Específicamente, la nota de prensa de la Procuraduría dice lo siguiente: “no se recibió información sobre pruebas testimoniales o documentales del proceso que se realizaba en Italia”.

Entonces, ¿de dónde el Presidente obtuvo el expediente italiano? Por que lo otro que dice Martinelli es que no tiene abogado alguno contratado en Italia para saber de este caso. Una vez más, ¿de dónde obtuvo Martinelli este expediente?

Rolando Rodríguez B.

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