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FORO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS AVANZADOS

´La justicia se ha quedado rezagada´

Cinco expertos plantearon la necesidad de modificar el sistema de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
(De Izq. a Der.) Con Fernando Berguido como moderador, Esmeralda de Troitiño, Rigoberto González, José Javier Rivera, Mario Galindo y Adán Arnulfo Arjona debatieron sobre la situación de la justicia en el país. LA PRENSA/Jazmín Saldaña. (De Izq. a Der.) Con Fernando Berguido como moderador, Esmeralda de Troitiño, Rigoberto González, José Javier Rivera, Mario Galindo y Adán Arnulfo Arjona debatieron sobre la situación de la justicia en el país. LA PRENSA/Jazmín Saldaña.
(De Izq. a Der.) Con Fernando Berguido como moderador, Esmeralda de Troitiño, Rigoberto González, José Javier Rivera, Mario Galindo y Adán Arnulfo Arjona debatieron sobre la situación de la justicia en el país. LA PRENSA/Jazmín Saldaña.

Modificar drásticamente el sistema de administración de justicia para dotarlo de transparencia, independencia y eficacia, y alejarlo de la corrupción, es una necesidad urgente e impostergable en el país.

En ello coincidieron los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño y Adán Arnulfo Arjona, el exsecretario general de la Procuraduría de la Nación Rigoberto González, el expresidente de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá José Javier Rivera y el exministro de Hacienda y Tesoro Mario Galindo, quienes integraron el panel que la noche de este miércoles participó en el foro “Cambios impostergables a la justicia”, organizado por el Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados.

En el debate, los cinco expertos concluyeron que la justicia se ha quedado rezagada y experimentó un retroceso en los últimos años.

Frente a la situación, Galindo propuso aumentar el número de magistrados de la Corte, que el nombramiento de estos sea vitalicio y cuando se retiren sean dotados con una pensión acorde al trabajo prestado; ello, como mecanismo para mejorar su desempeño.

Para lograr ese objetivo, sin embargo, Galindo admitió que hace falta cambiar el proceso de escogimiento de los magistrados, de modo que prevalezca la selección de aquellos que tengan la más alta formación ética y profesional.

Opinó que para garantizar la independencia real del Órgano Judicial, el nombramiento de los magistrados de la Corte debe ser aprobado por las dos terceras partes de la Asamblea, tras un período de consulta ciudadana de tres meses.

En tanto, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño enfatizó que no solo es urgente el cambio del modelo de selección de los magistrados de la Corte, sino la aprobación de una norma que declare imprescriptibles los delitos de corrupción y enriquecimiento injustificado.

“No hay un modelo perfecto para la escogencia de los magistrados, pero se debe establecer un proceso que incluya una fórmula transparente, con contenidos de perfil, participación y audiencias públicas”, dijo.

A su juicio, se debe crear un organismo con autonomía para el proceso de postulación, evaluación y preselección de quienes aspiran a ese cargo.

Estimó que hay una insuficiencia presupuestaria crónica en el Órgano Judicial, que impide hacer inversiones para mejorar el desempeño.

Además, resaltó que es necesaria la implementación de la ley de carrera judicial, para que los ascensos sean por mérito y se asegure la rendición de cuentas de los funcionarios.

EVITAR TENTACIONES

Por su lado, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá José Javier Rivera propuso aumentar los salarios de los funcionarios judiciales, como fórmula para mejorar su autoestima y alejarlos de la corrupción.

Asimismo, la creación de un organismo fiscalizador independiente que reciba las denuncias contra los magistrados y jueces.

A su vez, propuso la implementación de un sistema de reparto de los procesos judiciales, en el que el presidente de la Corte no tenga ninguna injerencia.

Defendió la instalación de un sistema digital de tramitación de expedientes, ya que en la actualidad todavía se tramita con extensos expedientes de papel, que hacen incómodo su manejo.

Mientras, el exmagistrado de la Corte Adán Arnulfo Arjona planteó la necesidad de asignar un monto -gradualmente y hasta llegar al 7%-, de los ingresos corrientes del Gobierno central al Órgano Judicial.

Alegó que la asignación actual de 2% solo alcanza para el pago de personal y pequeñas inversiones.

Arjona recomendó la elaboración de un nuevo mapa judicial, en el que se identifique con precisión las necesidades de cada región en función de los factores demográficos y las tendencias socioeconómicas.

A juicio de Arjona, se debe crear una jurisdicción especializada en la protección de los derechos humanos fundamentales y reubicar dentro del Órgano Judicial el Tribunal de Contrataciones Públicas y el Tribunal Administrativo Tributario, para alejarlos de la influencia del Ejecutivo.

Propuso la creación de una suerte de contraloría patrimonial de los servidores judiciales, para evitar los “milagrosos” enriquecimientos de los funcionarios.

En cuanto a la lucha contra la impunidad, instó a reformar la Ley 55 del 1 de septiembre de 2012, que puso en manos de la Corte la investigación de los diputados, y sugirió que dicha competencia sea otorga al Ministerio Público.

En su intervención, el exsecretario general del Ministerio Público Rigoberto González estimó conveniente hacer públicas las deliberaciones del Consejo de Gabinete, así como la rendición periódica de cuentas por parte de los magistrados de la Corte.

Además, planteó que los magistrados de la máxima corporación de justicia deben ser sometidos a la prueba del polígrafo para que respondan “si alguna vez han recibido dinero de una de las partes”.

´Pacto de Estado por la Justicia no se cumple´

Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, denunció que ocho años después de la firma del Pacto de Estado por la Justicia los acuerdos de ese diálogo están muy lejos de cumplirse y existe una ausencia de voluntad política para llevarlos a la práctica.

Castillo precisó que solo se cumplieron dos de los acuerdos: la creación del sistema penal acusatorio y el nuevo Código Penal. El resto, dijo, se ha convertido en letra muerta.

Enfatizó que ha existido una gran resistencia por parte de todos los gobiernos para aplicar cambios en el sistema de selección de los magistrados de la Corte, que es uno de los temas de mayor importancia para lograr una verdadera independencia del Órgano Judicial.

Afirmó que la pérdida de credibilidad en la administración de justicia y la ausencia de transparencia en la emisión de los fallos, así como la creciente politización de la Corte, son problemas que urge cambiar para bien del sistema democrático.

Dijo que temas como el proyecto de ley de carrera judicial y la creación de la jurisdicción de paz están parados.

Planteó que en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional reposa desde hace meses un proyecto de ley de carrera judicial, que no se discute a pesar del consenso de todas las partes involucradas.

Opinó que es desalentador que el esfuerzo realizado en 2005 por tantos expertos no se materialice y se relegue por intereses políticos.

Juan Manuel Díaz C.

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