UN CASO, TRES PODERES

El laberinto de Gómez y el dilema de Wilfredo Sáenz

El mismo magistrado ponente del juicio que condenó a la exprocuradora, en 2010, está a cargo de la audiencia de hoy.
Ana Matilde Gómez, en agosto de 2010, cuando la Corte la separó de la Procuraduría General de la Nación. LA PRENSA/Archivo. Ana Matilde Gómez, en agosto de 2010, cuando la Corte la separó de la Procuraduría General de la Nación. LA PRENSA/Archivo.
Ana Matilde Gómez, en agosto de 2010, cuando la Corte la separó de la Procuraduría General de la Nación. LA PRENSA/Archivo.

“Salió Ana Matilde... Mira tú”, dijo el presidente Ricardo Martinelli la noche del 4 de mayo de 2014, cuando en compañía del secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, y del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, acudió a la sede del Tribunal Electoral (TE) a “cuidar los votos”.

Observaba detenidamente la pantalla donde el TE transmitía los resultados oficiales; señalaba determinados números con su dedo índice, y hacía comentarios a Camacho y Shamah, quien llegó al lugar con una camisa militar de camuflaje. Todo bajo la atenta mirada del magistrado de esa corporación, Heriberto Araúz, y el presidente de los delegados electorales, Fausto Fernández.

Ana Matilde Gómez, separada del cargo de procuradora general de la Nación en agosto de 2010, a través de lo que la Alianza Ciudadana pro Justicia consideró un fallo “con connotaciones políticas” orquestado desde el Ejecutivo, se convirtió esa noche en diputada electa por el 8-7, a través de la vía independiente. Sacó 19 mil 268 votos, lo que la convirtió en la candidata a la Asamblea con más votos en ese circuito.

LOS HECHOS

Hoy, a las 10:00 a.m., el pleno de la Corte Suprema de Justicia, con Wilfredo Sáenz –suplente del magistrado Harry Díaz– como ponente, decidirá si revierte la pena “accesoria” que inhabilitó a Gómez para ejercer cargos públicos por cuatro años.

Si el pleno no modifica la condena, la suplente de Gómez, Alida Spadafora, tendrá que ocupar la curul el 1 de julio y hasta septiembre, cuando se cumplen los cuatro años de inhabilitación.

Lo de la rehabilitación de la pena no es el único caso que maneja la Corte Suprema en relación a Gómez.

Que la defenestrada procuradora se postulara como diputada fue motivo para que el abogado Alejandro Pérez, defensor de la administración Martinelli, presentara una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.

Pérez alega que el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, incurrió en conducta omisiva porque admitió la candidatura a sabiendas de que Gómez, de momento, no puede ejercer cargos públicos.

El origen

Para entender toda la trama, hay que remontarse a 2005. Ese año, Arquimedes Sáez, el entonces fiscal de La Chorrera, fue sorprendido en su residencia recibiendo una supuesta coima en medio de un operativo encubierto. Gómez lo destituyó en el acto.

En 2007, la Corte declaró inconstitucional la orden de Gómez para interceptar teléfonos como parte del operativo de seguimiento a Sáez. El exfiscal utilizó ese fallo como prueba sumaria para acusar a su exjefa.

El 15 de julio de 2009 –dos semanas después de la toma de posesión de Martinelli–, Sáez presentó la denuncia por delitos contra la administración pública.

Fue así como el 5 de enero de 2010, el procurador encargado de la Administración, Nelson Rojas, solicitó a la Corte Suprema la separación del cargo de Gómez. El 11 de agosto de ese mismo año, el pleno la destituyó y condenó a seis meses de prisión, pero la pena fue reemplazada por 40 días multa, que equivalen al pago de 4 mil dólares. Además, la inhabilitó para ejercer cargos públicos por cuatro años.

En esa ocasión y al igual que ahora, el ponente fue Sáenz –entonces suplente de José Abel Almengor–, quien en esa oportunidad contó con el apoyo de Aníbal Salas, Alberto Cigarruista, Winston Spadafora y Alejandro Moncada Luna. Todos nombrados por partidos de la entonces alianza de gobierno (ver tabla).

Sáenz, Moncada Luna y el también magistrado José Ayú Prado han sido denunciados por el exjuez penal Alexis Ballesteros. Les acusa de darle instrucciones para emitir fallos favorables a Martinelli y sus allegados.

EL PAPEL DE MARTINELLI

“No ha variado mi opinión con respecto a eso. Lo dije y lo reitero nuevamente: aquí no hay delito. El hecho por el cual se estaba querellando a Ana Matilde Gómez y a mi persona... no constituye delito” aseguró el abogado constitucionalista Rigoberto González, quien fungió como secretario general del Ministerio Público en la gestión de Gómez.

González fue imputado por los mismos cargos que Gómez, pero a él lo investigó el Ministerio Público. Fue sobreseído por el Juzgado Tercero Municipal.

Hace referencia a Una vida póstuma, la autobiografía de Fernando Berguido, quien narró que a principios de 2010, el presidente se le acercó para pedirle que La Prensa le apoyara para “sacar a Ana Matilde”.

“Me contó que ya había hablado con los magistrados de la Corte, o con algunos de ellos, para juzgarla y sacarla del cargo... Mientras lo escuchaba, imaginaba el escenario macabro del complot”, escribió Berguido.

“Con absoluta claridad se lo dije al Presidente de la República: el diario no puede de ninguna manera participar de esta jugada ni mucho menos apoyarlo en sus pretensiones”, narró Berguido, quien entonces fungía como presidente de Corporación La Prensa.

CONSPIRACIÓN

La condena de Gómez desató un torbellino político y mediático en el país, y sacó a relucir lo que muchos consideraron una compleja conspiración, que involucró al Ejecutivo y el Judicial, dos de los tres poderes del Estado.

La abogada Zulay Rodríguez, hoy perredista y también diputada electa, fue testigo de cómo se armó el plan para sacar a Gómez. Rodríguez integró un grupo que se autodenominó “Pamago” (Perseguidos por Ana Matilde Gómez), que se reunió varias veces en la Presidencia con el entonces magistrado José Abel Almengor. (Cuando se conocieron estos hechos, Almengor fue denunciado en la Asamblea; luego renunció).

EL NUEVO ESCENARIO

En la audiencia de hoy, no estarán Salas, Cigarruista y Spadafora, a quienes se les venció el período. Esos puestos los ocupan ahora José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León, todos nombrados por Martinelli. Si este trío, junto con Sáenz y Moncada Luna, vota en bloque, decide el futuro de Gómez.

Falta ver cómo votará el grupo que, en 2010, no apoyó el fallo que condenó a Gómez. Se trata de Harley Mitchell, Víctor Benavides, Jerónimo Mejía y Oydén Ortega. Todos fueron designados en la presidencia del perredista Martín Torrijos.

Si la Corte no modifica la condena, el 1 de julio toma posesión la nueva Asamblea, sin Gómez.

“De no ser aceptada la petición, se mantiene la inhabilitación y ella no podría empezar a ejercer el cargo, y no podría ser elegida como presidenta de la Asamblea. Si la Corte considera que la pena impuesta fue excesiva, la puede reducir sin necesidad de pruebas. Es una solicitud una cuestión de derecho”, explicó el exmagistrado y expresidente de la Asamblea Jerry Wilson.

Wilson liga a Gómez con la presidencia de la Asamblea ya que, como diputada independiente, tendría aceptación como candidata única de las bancadas panameñista y perredista.

Por lo pronto, la exprocuradora instó al presidente electo Juan Carlos Varela para que, una vez tome posesión, dicte un decreto rebajándole la pena. “Y al día siguiente estaré en la Asamblea”, prometió Gómez.

¿Será hoy la revancha de Ana Matilde Gómez? Eso, otra vez, lo dirá la Corte.

(Con información de Eliana Morales, María Cristina Ramírez, Isidro Rodríguez y Eduardo Mendoza).

Audiencia tendrá asistencia masiva

Embajadores, abogados, sociedad civil y estudiantes de derecho estarán presentes en la audiencia de hoy, en donde el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidirá la solicitud hecha por la diputada electa Ana Matilde Gómez para que se le modifique la pena accesoria de cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fuentes del Órgano Judicial informaron que se espera una masiva asistencia al tribunal a cargo de los nueve magistrados de la Corte Suprema.

 Por esa razón se habilitarán pantallas en la parte exterior del salón de audiencias del Segundo Tribunal, a fin de que quienes no puedan ingresar, observen por video. Además, la página web www.organojudicial.gob.pa transmitirá en directo toda la audiencia. La Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial informó hace dos días que solo habrá 20 cupos para periodistas que deseen ingresar al salón.

La Corte Suprema hizo público un reglamento para este acto, el cual contiene 16 puntos.

La asistencia del público será de acuerdo con la capacidad de la sala y no habrá personas de pie. Tanto el público en general como los periodistas deberán tener un pase de autorización para ingresar al salón. Dicho pase deberán portarlo en lugar visible.

Durante la audiencia no se podrá hablar, hacer gestos, censurar, asentir, comer, dormirse o reclinarse sobre la silla delantera.

Está prohibida la entrada a menores de 14 años. Tampoco se puede ingresar con celulares, grabadoras de audio o video. Solo se permite libretas de apunte y bolígrafo. No se permitirá portar arma de fuego o arma blanca.

Todos los asistentes serán revisados a su ingreso por personal idóneo de seguridad del Órgano Judicial y de la Policía Nacional.

Rubén Polanco

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