Sin libertad de expresión no hay derechos humanos

Durante el panel ´Transparencia y acceso a la información´ se dijo que las leyes de transparencia en el hemisferio no se cumplen.

Sin la vigencia plena del derecho a la libertad de expresión no es posible la defensa de las demás garantías fundamentales, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida aquí en su asamblea de medio año, indicando además que el respeto por las libertades de expresión e información determina la existencia de sistemas verdaderamente democráticos.

La SIP se halla reunida en esta ciudad, con la asistencia de más de 300 delegados de una veintena de países y observadores internacionales, para analizar la situación de la libertad de prensa en el hemisferio

Durante el panel “Transparencia y acceso a la información” se analizó el hecho de que durante las dos últimas décadas se aprobaron en la región leyes y disposiciones sobre transparencia y acceso a la información pública; pese a ello, muchas normativas vigentes aún no se implementan y los poderes públicos se resisten a ser auditados, por lo que se impone el secreto y la reserva en detrimento de lo que indica la ley y exige el juego democrático.

Si bien años atrás se dio una “ola” que llevó a varios gobiernos a favorecer legislaciones dispuestas al acceso a la información, en los últimos años y de la mano de varios regímenes, la tendencia se ha invertido, coincidieron los participantes en el panel, y ahora varios gobiernos de tendencia populista pretenden recortar el campo de acción del derecho a la libertad de expresión, porque supuestamente deben privilegiarse otros derechos con mayor prioridad.

El análisis hizo hincapié en que la libertad de expresión es reconocida como un derecho fundamental tanto en las constituciones vigentes en la región, como en las convenciones y acuerdos suscritos en el ámbito de la organización de Estados Americanos (OEA). Además, subrayaron los panelistas, sin la vigencia plena de la libertad de expresión, y con ella la de la libertad de prensa, no sería posible garantizar la defensa de todos los demás derechos humanos.

El secretismo, también se destacó, es utilizado por sistemas que recurren, por ejemplo, a contrataciones directas para adquirir bienes y servicios con cargo al Estado, dejando de lado los mecanismos que establecen las leyes. En aras de la transparencia, se coincidió en que debe regir la norma según la cual, al asumir sus cargos, los funcionarios, además de presentar un informe de sus bienes a ese momento, han de hacer una declaración sobre posibles conflictos de interés, como sucede en Chile, con miras a salvaguardar los recursos públicos.

También se puso de manifiesto que la transparencia por sí misma no basta para garantizar una auditoría eficaz en la gestión de los gobiernos, sino que esta debe ser complementada con una estricta rendición de cuentas que conduzca a evitar la impunidad en los delitos relacionados con el uso de los bienes públicos, sobre todo cuando los mecanismos existentes no se dirigen a fiscalizar el comportamiento de los funcionarios, sino simplemente para hacer cuadrar las cuentas.

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