LA HISTORIA DE UN ABOGADO CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Un litigante en silla de ruedas

Julián Medina quedó discapacitado por un tiro, pero desde hace 10 años ejerce como abogado en procesos penales y de familia.

Cuando todo Panamá celebraba el año nuevo de 1996 una bala cambió por completo la vida de Julián Alberto Medina Mera, enese entonces detective de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ).

La “bala loca” lo hirió en el pecho cuando estaba en un operativo de rutina en calle 24 de El Chorrillo.

Los médicos pensaron que no era de gravedad, pero al notar que no podía mover las piernas se percataron de que la bala se había alojado en el centro de la médula espinal.

Medina supone que fue un hecho fortuito y no cree que la bala era para él.

Pero en medio de la difícil situación, su esposa lo abandonó y le dejó a uno de sus dos hijos, que para esa fecha tenía un año.

Al principio no se manejaba bien, le daban infecciones en los riñones y debía ir al médico constantemente.

Lo más difícil para él, según contó, fue lidiar con su hijo y, a la vez, acostumbrarse a vivir en silla de ruedas, algo nuevo en su vida.

Su madre y su tía, Doris y Dayra Mera, le ayudaron a él y a su pequeño a salir adelante.

LUCHÓ PARA CAMINAR

Medina vivía en Villa Lorena, Río Abajo, y tuvo que abandonar sus estudios de derecho por dos años.

Entre 1996 y 1997 se sometió a constantes terapias, incluidos tres viajes a Cuba, enviado por el gobierno de ese entonces.

Recuperó movilidad y sensibilidad en las piernas y los médicos le dijeron que había posibilidades de que volviera a caminar. Pero no fue así, y tuvo que aprender que en una situación como la suya tenía unos dos años para volver a caminar o quedaba discapacitado.

Resignado se fue a vivir con su hijo a la casa de su madre, en Chepo, en 1998.

Ese año trató de volver a estudiar derecho, pero sufrió una fuerte infección por una úlcera, que estuvo a punto de costarle la vida, y debió ser trasladado desde Chepo a un hospital en la capital.

Superada una prueba más, retomó sus estudios en 1999. Hizo la práctica profesional en el Juzgado Mixto Municipal de Chepo y en 2001 se graduó de abogado.

Después del hecho, le pagaron una indemnización de $5 mil y recibe una pensión de $500 mensuales. Pero ese dinero no era suficiente y tuvo que salir a trabajar. Hoy, con 43 años, recorre el Ministerio Público y el Órgano Judicial en silla de ruedas, para que sus clientes obtengan justicia.

Y el hijo que crió estando en silla de ruedas se gradúa este año de bachiller.

ANDA EN TAXI

Medina admite que le resulta complicado movilizarse, porque las sedes del Ministerio Público y del Órgano Judicial no tienen instalaciones adecuadas para personas con discapacidad, pese a que ello es una obligación de la Ley 42 de 1999.

En el Palacio de Justicia de Ancón hay una rampa de acceso, pero según él es muy empinada; y en los juzgados civiles de Balboa no hay accesos, solo escaleras.

Por ello, agradece que los funcionarios le ayudan a entrar y salir.

Cuando sale a la calle se moviliza en taxi y a veces en el carro de su colega Marita Torres. En dos ocasiones le ha tocado ir en Metro Bus.

Su madre lo lleva en su carro cuando va al interior y a las cárceles a visitar a sus clientes presos.

Actualmente tramita unos 20 casos, la mayoría penales y de familia. Ha trabajado en cuatro casos de homicidio, y ha ganado tres.

“Soy 100% independiente. Yo mismo hago mis cosas, me baño, cocino, y hasta plancho mi ropa”, contó.

Julián Alberto Medina Mera

Abogado.

Desde 1992 comenzó a trabajar como detective de la Policía Técnica Judicial. Estudió derecho y se graduó de abogado en la Universidad de Panamá en 2001. Obtuvo un postgrado en docencia superior en 2009, pero aún no ejerce como docente.

Como él, más de 300 mil

El abogado Julián Medina no es la única persona con discapacidad en Panamá que debe lidiar con el problema de las instalaciones inapropiadas.

Por el contrario. Según el censo de población de 2010, hay 106 mil 375 personas con discapacidad, cifra que aumenta a 370 mil 53 si se toma en cuenta la primera encuesta realizada en 2006 por la Secretaría Nacional de Personas con Discapacidad.

Y eso que el tema de las instalaciones está regulado en la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, cuyos artículos 30, 31 y 33 obligan a que los lugares públicos sean diseñados con accesos de entrada y salida y con señalización que permita la movilización de los discapacitados.

Estas medidas también están incluidas en la Ley 25 del 10 de julio de 2007, que aprueba la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Rubén Polanco

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Cortesía/Sinaproc

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