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Una lucha larga

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De manera lenta, parcial y tardía, los indígenas del Bayano han logrado la demarcación de sus tierras. De manera lenta, parcial y tardía, los indígenas del Bayano han logrado la demarcación de sus tierras.
De manera lenta, parcial y tardía, los indígenas del Bayano han logrado la demarcación de sus tierras.

En 1963 se consideró por primera vez la construcción de una represa hidroeléctrica en la región del Bayano, que implicaría la inundación de unos 350 km2.

Menos de un año después del golpe de Estado de octubre de 1968, el 8 de mayo de 1969 los militares determinaron que, ante la construcción inminente del proyecto, era “deber del Estado proveer el área necesaria para la reubicación de los moradores de la reserva indígena”, entonces existente.

Como compensación, se otorgarían nuevas tierras adyacentes declaradas “inadjudicables”. El proyecto afectaba a comunidades gunas y emberás asentadas desde tiempo remoto en la región. También vivían allí algunos colonos.

En 1971 se estableció un “Fondo Especial de Compensación” y se creó el Proyecto para el Desarrollo Integral del Bayano para realizar la reubicación de las comunidades.

La hidroeléctrica empezó a construirse en 1972. De 1973 a 1975 se realizó el traslado. La obra concluyó en 1976, y fue emblemática para el gobierno de Omar Torrijos Herrera.

Entre 1975 y 1980 las autoridades estatales firmaron cuatro acuerdos con los representantes indígenas sobre el tema de las tierras.

En los años siguientes, representantes de indígenas y del Estado seguían buscando una solución al conflicto que empezaba a surgir entre indígenas y colonos.

En 1984, la estatal Corporación Bayano se comprometió a realizar acciones para concretar la demarcación de la reserva emberá.

Al comienzo de la década de 1990 se incrementó la incursión de personas no indígenas en la región.

En marzo de 1992, el entonces Ministerio de Gobierno y Justicia confirió a la Gobernación de Panamá y a la Alcaldía de Chepo facultades “para la reubicación de los colonos invasores”.

En abril y mayo de 1993, los indígenas exigieron el reconocimiento y la protección de sus tierras. En diciembre de 1994, la Corporación Bayano prohibió el establecimiento de nuevos asentamientos, así como la expansión de la frontera agrícola.

Posteriormente, en febrero de 1995, se realizaron reuniones entre autoridades estatales e indígenas para concretar la creación de la comarca guna de Madungandí y se propuso que “los colonos se queden donde están bajo ciertas condiciones”.

El 12 de enero de 1996 se emitió la Ley No. 24 que creó la comarca guna de Madungandí. Pero las relaciones de convivencia entre indígenas y colonos siguieron tensas. En diciembre de 1997, los indígenas dijeron que los problemas se habían agravado.

Se establecieron mesas de conciliación y en agosto de 1999 se emitió un informe en el que se estableció, que la demarcación de todas las tierras indígenas debía ser una prioridad. Finalmente, entre abril y junio de 2000 se llevó a cabo la demarcación física de Madungandí.

Desde diciembre de 2001, hasta inicios de 2007 se intentó una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado tomó medidas, pero insuficientes.

En agosto de 2006, las comunidades indígenas del Bayano comunicaron a la Comisión “el fracaso de las negociaciones”, lo que se formalizó en enero de 2007.

En octubre de ese año, indígenas gunas protestaron para exigir la atención de las autoridades. En diciembre de 2008 fue aprobada la Ley No. 72 que estableció el procedimiento para la adjudicación de propiedad colectiva de tierras de los pueblos indígenas fuera de las comarcas.

En febrero de 2012, autoridades estatales e indígenas consideraron que “a pesar de las solicitudes de adjudicación de títulos colectivos por parte de las comunidades Emberá y Wounaan las tierras consideradas para la titulación se encuentran invadidas de colonos aduciendo derechos posesorios”.

Se acordó dar seguimiento a los procesos de “titulación colectiva” y “entregar los primeros títulos colectivos” a más tardar en marzo de 2012.

PROCESO

La Comisión sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 2013. La Corte escuchó a las partes, recibió sus alegatos y finalmente resolvió el 14 de octubre de 2014 condenar al Estado panameño por violar el derecho a la propiedad colectiva y a la protección judicial del pueblo Guna de Madungandí y otras comunidades indígenas.

El Estado no delimitó ni demarcó ni tituló durante un largo período de tiempo, comprendido dentro de la competencia temporal de la Corte, los territorios alternativos otorgados al pueblo Guna de Madungandí y a las comunidades Emberá Ipetí y Piratí”, explicó la Corte.

Igualmente el Estado falló en proteger los territorios alternativos para evitar la incursión de personas no indígenas a los mismos, lo que ha generado una situación de conflictividad en la zona.

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