La madre de las lluvias

Los campesinos de la costa atlántica suelen llamar “La Purísima” a la última tormenta importante de la temporada lluviosa del año, que suele caer entre los cinco días anteriores o posteriores al 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción –La Purísima–, según el calendario de la Iglesia católica. Y que, además, es el Día de la Madre.

Justo entre el 7 y el 9 de diciembre de 2010, la cuenca del Canal de Panamá padeció la mayor tormenta de su historia. Esto obligó, por cuarta vez desde 1914, al cierre de la vía interoceánica, por 17 horas, y al mayor vertido de aguas de la presa de Madden.

Según un informe de la Autoridad del Canal de Panamá, la lluvia provocó más de 500 deslizamientos de tierra en el lago Alajuela y la mayor cantidad de sedimento en suspensión en el lago. Esto causó el colapso de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, de Chilibre, que dejó a la ciudad sin agua potable por 40 días.

El 7 de diciembre, las grietas detectadas previamente en una de las vías de acceso del puente Centenario cedieron a la lluvia y provocaron un derrumbe.

Ese mismo día, el embalse de la represa de Bayano estaba a punto de llegar a su nivel máximo de 62.2 metros. Ello obligó a la empresa AES Panamá a ordenar abrir las compuertas de la presa.

Los habitantes de la zona habían sido evacuados de emergencia.

El vertido dejó bajo las aguas a la comunidad de El Llano, en Chepo, y arrasó con cultivos, casas y animales en la cuenca del río. Las pérdidas se calcularon en $6 millones.

Al día siguiente, el 8 de diciembre, cinco deslizamientos de tierra causaron la muerte de cinco personas, tras dañar o sepultar al menos 12 viviendas en Portobelo.

El Consejo de Gabinete decretó, el 10 de diciembre, un estado de emergencia nacional. La contabilidad oficial hablaba ahora de 10 muertos, cerca de 5 mil evacuados y mil 285 viviendas dañadas.

El 12 de diciembre, los afectados habían aumentado a 9 mil personas.

Los damnificados de Chepo debieron ser ubicados en albergues provisionales, como escuelas de la zona. Pero su drama apenas estaba por empezar.

A comienzos de 2011, algunos albergues debieron ser desalojados ante la inminencia del inicio del año escolar. Y la mayoría de los afectados no tenía claro si sería indemnizada o no.

Una agria disputa entre el Gobierno, AES Panamá y los damnificados se había originado tras las inundaciones de Chepo. La empresa aducía que había cumplido con el protocolo de emergencias. El caso llegó al conocimiento del Ministerio Público.

Los afectados de Chepo dijeron a comienzos de mayo de 2011 que estaban a la espera de una indemnización y que si no, saldrían a las calles a protestar. El 10 de ese mes, en efecto, un grupo de estos protestó en calle 50.

El 7 de junio, los quejosos cerraron la vía Panamericana en Panamá este, a la altura del desvío hacia Cartí. La vía fue reabierta tras la intervención de la policía antidisturbios.

Ya para entonces había el compromiso del Gobierno de reubicarlos y construirles nuevas casas y albergues.

A pesar del riesgo, y ante la incertidumbre, 73 familias regresaron a sus casas y terrenos en septiembre.

En la Gaceta Oficial del 9 de agosto de 2011 se había anunciado que se destinarían 616 mil 694.71 dólares como “apoyo a los productores mecanizados afectados”, de Chepo. Sin embargo, a finales de ese año, muchos alegaban no haber recibido “ni un centavo”.

Entre tanto, en Portobelo, los afectados por los deslizamientos también habían realizado protestas que incluyeron el cierre de la vía de acceso al poblado.

El 23 de septiembre, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se comprometió finalmente a atender esa problemática.

Ese mes también se entregaron los albergues temporales a los damnificados de Chepo. Pero estos presentaban problemas: rajaduras, filtraciones e incluso el hundimiento del tanque séptico. El Gobierno responsabilizó al contratista por los desperfectos.

Ya en abril de 2012, el Juzgado Decimotercero Penal pidió que el expediente del caso contra AES fuese trasladado al distrito de Chepo. La empresa enfrentaba acusaciones por delito contra la seguridad colectiva.

A finales de mayo, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó el archivo del expediente abierto a AES Panamá, S.A. por considerar que no se había incurrido en violaciones a las normas vigentes.

En septiembre, la ASEP confirmó su dictamen, pese a que un informe pericial, preparado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Panamá, admitía que la apertura de las compuertas se dio “de manera tardía”.

Sin embargo, también señalaba que esto se debió a que 40% de la población de El Llano se negaba a desalojar sus residencias y que debió intervenir la policía para que lo hiciera.

La decisión de la ASEP provocó nuevas protestas por parte de los afectados, a comienzos de octubre. Y nuevamente no obtuvieron respuesta. El proceso judicial, entre tanto, continúa.

La mudanza de los afectados a sus nuevas viviendas demorará hasta febrero de 2013, porque las casas aún no han sido terminadas.

Y aunque las viviendas no tienen costo, sus habitantes sí deberán pagar por el terreno. “Será una cuota muy moderada”, ha asegurado el Miviot.

Otros daños, otras lecciones

Las lluvias de 2010 dejaron, además de daños, importantes lecciones y obligaron a hacer ajustes que se habían obviado o soslayado por múltiples razones. Las mayores críticas, dudas y señalamientos recayeron sobre el daño en la planta potabilizadora de Chilibre. Para evitar otra situación similar, el Gobierno le dio el control de la planta a la Autoridad del Canal de Panamá y aceleró el funcionamiento de la segunda potabilizadora, construida por la empresa Bitwater.

Otro caso fue el del acceso este-oeste del puente Centenario, que debió ser reparado a un costo de más de 30 millones de dólares, con una solución de pilotes, la cual había sido descartada previamente pues se consideraba innecesaria y onerosa. El relleno realizado para su construcción no soportó la escorrentía de diciembre de 2010 y se derrumbó.

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