De mano en mano

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Pese a que se ha registrado algún aumento de la presencia policial en las calles, la percepción ciudadana de inseguridad no ha disminuido. Pese a que se ha registrado algún aumento de la presencia policial en las calles, la percepción ciudadana de inseguridad no ha disminuido.
Pese a que se ha registrado algún aumento de la presencia policial en las calles, la percepción ciudadana de inseguridad no ha disminuido. Archivo

El 3 de noviembre de 1999, durante las fiestas patrias, la entonces presidenta Mireya Moscoso prometió‘‘mano dura’’ contra los criminales.

El 5 de abril de 2002 se promulgó un decreto ejecutivo mediante el cual Moscoso creaba una “Comisión intersectorial de alto nivel para elaborar políticas que ayuden a reducir la criminalidad”.

Entre sus miembros destacaban el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, y el director de la Policía Nacional, Carlos Barés.

El 20 de agosto de 2002, la criminalidad seguía arriba y a niveles “alarmantes” según dijo la propia Moscoso.

Las razones, según la mandataria, eran “muy variadas y comunes a los países de la región”. La crisis económica, la oferta de droga y licor, y la inmigración ilegal, eran algunas de ellas.

En 2004, otro gobierno heredaría el problema de la criminalidad. En agosto de ese año, el segundo vicepresidente electo, Rubén Arosemena, aseguró que, la propuesta del nuevo presidente electo, Martín Torrijos, se fundamentaba en una visión integral del problema de la delincuencia en Panamá, por lo tanto -aseguró- también se atacaría a los ladrones de cuello blanco y combatiría la impunidad.

El gobierno de Torrijos lanzó en septiembre el programa “Mano amiga”, que coordinaría el entonces Ministerio de la Juventud, la Niñez, la Mujer y la Familia, hoy Desarrollo Social, en conjunto con organismos internacionales, para, a través de actividades culturales y deportivas, prevenir el delito en zonas socialmente vulnerables y generar liderazgos juveniles.

Dos años más tarde, en 2006, el entonces director de la Policía Nacional hablaba aún de “mano dura”, “durísima”, en sus propias palabras, contra el crimen, pero, señalaba, este no era otro nombre, sino más bien una forma de señalar la necesidad de ser más enérgicos. De hecho, lo que planteaba el entonces jefe policial era la reasignación de recursos, físicos y humanos, al servicio de la seguridad en las calles.

Para 2006, la Policía tenía un presupuesto de inversión de 8 millones de dólares, el más alto hasta entonces, de un total de 164 millones de dólares.

Sin embargo, para el final de la administración Torrijos, en 2008, se registraron 593 homicidios, la mayor cifra en 15 años.

El precandidato presidencial del entonces oficialista Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro, causó polémica al apoyar su campaña nuevamente en la “mano dura” contra la delincuencia. Un guardaespaldas del exalcalde capitalino había perdido la vida a manos de delincuentes. Navarro no ganó la nominación de su partido, pero la candidata Balbina Herrera tampoco llegó a la Presidencia.

En enero de 2009, Demetrio Papadimitriu, de Cambio Democrático, explicaba que Ricardo Martinelli había incluido en su plan de seguridad pública 10 propuestas que se resumían en “mano dura con los delincuentes”; “mano de apoyo con la Policía”; y “mano de rehabilitación con los encarcelados”.

La administración Martinelli puso hincapié en la seguridad internacional: así, dividió el Ministerio de Gobierno y creó el de Seguridad, y reforzó en equipo y pie de fuerza a los cuerpos militarizados de la fuerza pública como el Servicio Aeronaval y el Servicio Especial de Fronteras.

Tras el triunfo de Juan Carlos Varela en 2014, el gobierno se comprometió en volver a dar prioridad a la seguridad ciudadana. Uno de sus programas insignias es “Barrios seguros”, que busca ubicar a jóvenes pandilleros y en riesgo social para resocializarlos e insertarlos al mercado laboral.

En junio de 2015, durante una graduación de 600 nuevos policías, Varela anunció el aumento del pie de fuerza de la institución. “Con este crecimiento estamos combatiendo el crimen y la inseguridad y los vamos a derrotar”, dijo.

En agosto, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, compareció ante la Asamblea Nacional para enfrentar cuestionamientos por la ola de inseguridad que denunciaba la ciudadanía. El ministro defendió la eficacia del plan de seguridad del gobierno y mostró cifras de disminución de delitos para relativizar esa “percepción”.

Pero, tras una grave ola de hechos delictivos, un mes más tarde, Aguilera debió reconocer en Chiriquí que, en la ciudad de David, el plan no estaba funcionando. Achacó la culpa a la falta de apoyo de los empresarios y anunció una inversión de 7 millones de dólares para compra de equipo y vehículos en todo el país.

En noviembre ya parecía haberse estabilizado la situación en Chiriquí. Aguilera anunció entonces la extensión de Barrios seguros a Puerto Armuelles, el despliegue de 200 uniformados y varios vehículos adicionales en la provincia.

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