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La mayoría de las entidades no atiende peticiones

Un ejercicio académico hecho por estudiantes de la USMA demostró que pocas entidades respondieron a una solicitud de información según la Ley 6 de 2002.
DERECHO. Cualquier panameño puede solicitar información a instituciones públicas, según la Ley 6 de 2002. LA PRENSA/David Mesa DERECHO. Cualquier panameño puede solicitar información a instituciones públicas, según la Ley 6 de 2002. LA PRENSA/David Mesa
DERECHO. Cualquier panameño puede solicitar información a instituciones públicas, según la Ley 6 de 2002. LA PRENSA/David Mesa

El presupuesto de la nación, que maneja y distribuye el gobierno de turno, está compuesto en su mayor parte por los aportes tributarios de los ciudadanos.

Sin embargo, algunas instituciones no responden las solicitudes de particulares que bajo el amparo de la Ley de Transparencia (Ley 6 de 22 de enero de 2002) piden conocer cómo se ha invertido el dinero descontado de sus salarios.

Así lo demuestra un ejercicio académico practicado por estudiantes del IV año de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), quienes solicitaron a varias instituciones públicas el monto de su presupuesto vigente.

“Toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones indicadas en la presente ley”, señala el artículo 2 de la referida legislación.

De las 10 peticiones que hicieron los estudiantes, solo tres entidades respondieron, pero apenas una de ellas lo hizo dentro de los 30 días estipulados en la Ley 6. Las otras dos no cumplieron.

“Esa carta se pasó a Asesoría Legal”, “venga la otra semana que la persona encargada no está”; “¿puedes traer otra carta, que la que se entregó se perdió, no aparece?”. Estas fueron algunas de las respuestas que recibieron los estudiantes.

Las entidades consultadas fueron: Ministerio de Educación, el Ministerio Público [se hicieron dos diligencias], la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Gobierno, la Autoridad Nacional de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el Ministerio de Obras Públicas, la junta comunal de Tocumen y el Instituto Panameño de Deportes, siendo esta última entidad la única que entregó el requerimiento dentro del período de 30 días.

La AAUD y la junta comunal de Tocumen lo hicieron después de pasado un mes.

En la AAUD, por ejemplo, insistieron en conocer la razón de la solicitud, y en principio se negaron a contestar, aduciendo que la institución había sufrido “cambios”. Esa fue la experiencia que vivió la estudiante Haydeé Villarreal, quien contó que en abril pasado, un funcionario le escribió la respuesta en un papel sin membrete de la entidad.

En la junta comunal de Tocumen, el propio representante de corregimiento José Muñoz se encargó de dar la respuesta, aunque la proporcionó luego de los 30 días que señala la Ley 6.

Entre las historias de los que negaron la información sobresale lo que ocurrió con el pedido enviado al Ministerio Público. Allí los funcionarios alegaron que “el Presidente de la República aprobó la postergación del Sistema Penal Acusatorio para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Colón, y que esa razón la información no podía darse con exactitud”.

“El ejercicio académico demostró la falta de conocimiento de los funcionarios del sector público sobre su responsabilidad de rendir cuentas a la sociedad, obligación que impone la Ley 6 del 22 de enero de 2002, pero, además, tendría que caracterizar al gobierno, por cuanto los bienes y recursos que administra provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos”, sostuvo Flor Ortega, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la USMA.

Por su parte, el excontralor Carlos Vallarino (2007- 2009) señaló que esto es solo un episodio más del irrespeto gubernamental por las leyes.

“Es una muestra más de la falta de transparencia del gobierno. Cometen una falta reiterada y están rayando en delito con el hecho de que quieren ocultar información que es del acceso de todos los panameños que quieran fiscalizar el dinero de sus impuestos”, agregó.

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