Ecuador

Siete medios ecuatorianos afrontan proceso

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Viviana Paredes, la denunciante.Tomada del Observatorio Ciudadano Viviana Paredes, la denunciante.Tomada del Observatorio Ciudadano
Viviana Paredes, la denunciante.Tomada del Observatorio Ciudadano

Siete medios de comunicación ecuatorianos están inmersos en un proceso ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) por una denuncia interpuesta por una organización denominada Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad, que los acusa de aplicar “censura previa”, por no haberse hecho eco de una publicación efectuada entre el 16 y el 21 de marzo por el diario argentino Página 12, sobre el entonces candidato presidencial opositor, Guillermo Lasso.

La información de Página 12 publicada el 15 de marzo, unas dos semanas antes de la segunda vuelta, señalaba, entre otras cosas, que Lasso “ está asociado a 49 empresas en paraísos fiscales y que en un solo año, entre 1999 y 2000, su fortuna pasó de un millón declarado a 31 millones de dólares, gracias a la especulación de los bonos emitidos tras el feriado bancario, el equivalente al corralito argentino”.

El Observatorio interpuso la denuncia el 27 de marzo, y la primera audiencia tuvo lugar el pasado 11 de abril, en esa fecha contra el diario El Comercio. Los otros diarios involucrados son La Hora, Expreso y El Universal, y las televisoras Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro.

Según la vocera del Observatorio, Viviana Paredes, la información del diario argentino era de interés público, máxime siendo Lasso en ese momento un aspirante a la silla presidencial. “Los medios de comunicación tienen la obligación de cubrir y difundir”, declaró Paredes, en rechazo a las alegaciones de los representantes de los medios denunciados, quienes aseguran que la información publicada no fue contrastada y que de haberla publicado habrían violado la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

“Si está contrastado o no está contrastado por parte de la periodista con el señor Lasso no es para juzgar por los medios de comunicación, tenían que cubrir y difundir”, se le escucha decir en un video difundido por NTN24, el pasado 12 de abril, cuando tuvieron lugar otras audiencias.

Concluida esa presentación, Paredes amplió su declaración ante los medios –la cual publicó en las redes sociales del Observatorio-, a quienes explicó que “ si hay una denuncia que tiene asidero en fuentes que están incluidas dentro de [la publicación de] Página 12 era obligación de los medios de comunicación, ahí sí, contrastar, explicar, procesar y contextualizar, porque se trata de información de relevancia pública”, y añadió que “como especificamos con la lectura de la sentencia de la Corte Constitucional (...) digamos que el señor Lasso les decía yo no tengo nada que ver, los medios tendrían que haber hecho una nota diciendo [eso]. Los medios debieron cumplir con la ley ecuatoriana para presentarlo a la ciudadanía, no importa si se publicaba en Perú, China o en Argentina, es una información que tiene que ver con los asuntos nacionales y debió ser presentada a la ciudadanía para no vulnerar su derecho al sufragio”.

Paredes también aseguró que en este caso la carga de la prueba está sobre los denunciados y no sobre el Observatorio, ya que lo que ella está denunciando no existe. “En este caso se invierte la carga, porque el denunciado tiene que decir no, usted no está diciendo la verdad, yo sí publiqué y esta es la prueba. Yo tengo que probar que sí es información de relevancia pública, que [hubo] censura previa y que debió ser publicada por los medios de comunicación”, indicó.

Consultado por la denuncia, el diario Expreso nos remitió a una carta enviada a la Supercom, en la que señala que no asistiría a la audiencia y, en su defecto, presentaría sus alegatos por escrito, como lo permite la Constitución. El texto dice que no serían parte “ de una comparsa orquestada por actores políticos en el marco de una campaña electoral”; que es “ridículo, más allá de absolutamente improcedente desde un punto de vista legal, pretender que un medio de comunicación tenga la obligación de reproducir notas publicadas en otros medios, inclusive extranjeros”; y que luego de conocer, por la denuncia, el texto de la publicación “ jamás la hubiese reproducido”, por contener “ hechos falsos o al menos no demostrados” y “ por exponerla, si otros medios de comunicación también la reproducían, como ilegítimamente pretenden los denunciantes, a ser acusada de linchamiento mediático, cuestión proscrita por el artículo 26 de la LOC”.

La organización de defensa de la libertad de expresión, Fundamedios, llamó la atención sobre el denunciante. El subdirector, Mauricio Alarcón, aseguró que la persona que encabeza la denuncia del Observatorio (Paredes) es una exfuncionaria de la Secretaría de la Comunicación y de la Supercom, así que no se sabe si realmente es una organización ciudadana o utiliza ese membrete para que su acción tenga algo de legitimidad. “Es claramente liderada esta acción por [empleados] públicos”, apuntó Alarcón.

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