Tres meses para asignar denuncia contra Gálvez

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, no dio explicaciones por la demora.

Luego de tres meses de haberse presentado en la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra el diputado Sergio Gálvez, finalmente el pasado 9 de octubre se le asignó un magistrado fiscal.

En el reparto hecho en la Secretaría General de la Corte, el caso le fue asignado al magistrado Luis R. Fábrega.

La denuncia fue presentada el 9 de julio por Carlos Rubio, del Partido Popular, luego que Gálvez regalara dinero en efectivo en una actividad política en El Chorrillo, el 7 de julio de este año.

De acuerdo con lo que establece el artículo 1 del Código Judicial, la justicia será pública, gratuita, expedita e ininterrumpida. Además, el artículo 102 y el reglamento interno de la Corte, incluido en Acuerdo 1375 del 29 de diciembre de 2009, indican que los repartos deben hacerse tres veces por semana.

Este medio consultó al presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, acerca de la demora en el reparto de esta denuncia, pero no hubo respuesta.

Debido al retraso en asignar a un magistrado fiscal, Rubio envió una carta a Moncada Luna el pasado 2 de octubre para pedir explicaciones.

En la nota, Rubio se quejó porque igualmente no había sido objeto de reparto una demanda de inconstitucionalidad que presentó el 24 de julio contra la Ley 55 del 21 de septiembre de 2012, que establece requisitos para denunciar a diputados y fija un plazo de dos meses para investigarlos.

Sin embargo, hasta la fecha, Rubio dijo desconocer a qué se debió la demora en asignarles magistrados ponentes a estos dos recursos.

“Es una denegación de justicia a todos los panameños que queremos un país donde el clientelismo político sea castigado sin impunidad”, señala la nota.

Rubio manifestó ayer que “esto demuestra que el Órgano Judicial está en sus peores momentos”.

De león es ponente

La demanda de inconstitucionalidad presentada por Rubio fue asignada al magistrado Hernán De León, en el mismo reparto hecho el pasado miércoles.

La acción legal pide que se declare inconstitucional el artículo 5 de la Ley 55, el cual fija un plazo de dos meses para concluir la investigación.

La norma señala que si en un plazo de 10 días, el magistrado no fija el plazo de finalización de la investigación a un diputado, se dará por extinguida la acción penal.

Rubio alega que han violado los artículos 19 y 155 de la Constitución, al crear privilegios para los diputados en los que se establecen obstáculos para investigarlos.

El pasado 20 de diciembre, el magistrado Fábrega rechazó una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado José Luis Galloway contra el artículo 2 de la Ley 55. El citado artículo establece requisitos específicos para admitir querellas contra diputados.

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