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segunda vuelta EN ECUADOR

Ecuador: dos modelos miden fuerzas

Unos 12.8 millones de ecuatorianos decidirán hoy si continúan con el modelo implantado por Rafael Correa o dan un giro a la derecha.

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Los comicios de hoy en Ecuador van más allá de elegir al sucesor de Rafael Correa. Los ecuatorianos tendrán que decidir con qué modelo de gobierno quieren vivir por los próximos cuatro años.

Lenín Moreno, un excandidato al Premio Nobel de la Paz en 2012, expresidente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Discapacidades, de la OEA, y Enviado Especial del Secretario General de la ONU en Discapacidad y Accesibilidad desde 2013, es el candidato del oficialista Movimiento Alianza País, que ha gobernado durante los últimos 10 años bajo el llamado socialismo del siglo XXI, algo que Correa enarboló como “La Revolución Ciudadana” y que, según el plan de gobierno del candidato, es “un proceso latinoamericano de cambio, la nueva independencia que nos ha permitido recuperar soberanía y dignidad”.

Del otro lado se encuentra un hombre con 42 años de experiencia en la banca, fundador del Banco del Barrio, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo como el mayor proyecto de bancarización de Latinoamérica de 2010, y presidente de la Fundación Ecuador Libre, un think tank que busca formular políticas públicas basadas en principios de libertad y solidaridad social, según su hoja de vida. El candidato del movimiento CREO-SUMA representa a la derecha de su país y en su plan de gobierno 2017-2021 aboga por la economía de libre mercado, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible.

“Las elecciones que se avecinan enfrentarán a dos visiones de país. Nuestra visión se centra en la consolidación de lo logrado estos años y en la profundización de las transformaciones sociales, económicas, políticas y ambientales. La visión de los sectores conservadores y de derecha apuesta por volver al pasado y recuperar el imperio del capital, mediante la reintroducción del neoliberalismo en Ecuador. Este dilema sobre dos visiones de la sociedad se vive en toda América Latina. En el continente ya hay pueblos que cayeron en los cantos de sirena de los mismos de siempre. Sus votantes se encuentran hoy sin empleo y se arrepienten de haberlos apoyado”, señala Moreno en su propuesta, un documento de 88 páginas que tiene mucho de manifiesto ideológico.

El plan de trabajo de Lasso, de 50 páginas, enumera 10 principios que regirán su gobierno, a fin de cumplir lo que llama su misión, que es “establecer una plena democracia regida por el Estado de derecho, donde funcionen las instituciones y se respete la libertad; promover una economía de libre mercado, fiscalmente responsable para lograr un crecimiento sostenible y generar empleo y empoderar a los ciudadanos para que elijan con libertad los medios para su realización”.

Lasso, quien ha sido un fuerte crítico del presidente Correa –por fomentar el hiperpresidencialismo, entre otras cosas– dedica tres principios a remarcar el carácter democrático que imprimiría su gobierno. Señala que cree en la democracia como el mejor sistema de gobierno, en la alternancia democrática como el mecanismo para evitar la acumulación de poder, en la democracia participativa, porque promueve el surgimiento de nuevos líderes, y que los fines políticos solo son legítimos cuando utilizan medios que no atentan contra los derechos fundamentales de las personas, ni contra los principios democráticos.

“Desaprobamos toda forma de caudillismo, mesianismo o personalismo político”, señala el documento, en alusión al culto a la personalidad que según la oposición y oenegés que, defienden la libertad de expresión y los derechos fundamentales, se ha hecho con Correa, a través de un aparato de propaganda montado desde los medios públicos y comunitarios –unos 55 a la fecha, según la oenegé Mil Hojas–, incluidos múltiples sitios web que promueven su gestión. Paralelamente, a través de la aplicación de la Ley de Comunicación censura el ejercicio del periodismo de los medios independientes.

Y mientras Lasso garantiza la libertad de prensa como principal herramienta para la lucha contra la corrupción, Moreno señala que “los medios públicos (antes casi inexistentes) han cumplido una labor apreciable”, en tanto que “los medios mercantilistas han seguido manteniendo el monopolio, como se ha observado en los últimos meses. Aquí es donde más se palpa que la libertad de expresión es incompleta, mientras no haya grandes medios comunitarios para que todos puedan ejercer esa libertad”.

Otro ejemplo de las distintas miradas de los candidatos sobre el país se aprecia cuando hablan de institucionalidad y democracia. Moreno ratifica su convicción por la construcción del poder popular y el Estado democrático que habría puesto en marcha Correa durante la llamada década ganada. Afirma que hay una necesidad de regulación y control estatal y que el país tiene hoy un Estado institucionalizado, con entidades y roles claramente definidos y con gobiernos autónomos. Apuesta a profundizar el modelo.

Lasso, por su parte, considera urgente la recuperación de las instituciones democráticas, y para ello se compromete en su propuesta a “llamar a una consulta popular que permita a los ecuatorianos pronunciarse sobre las reformas a la Constitución que introdujeron la reelección inmediata de las autoridades de elección popular y el debilitamiento de la labor de la Contraloría (...) y sobre la despolitización de los organismos de control, que a través del quinto poder han logrado captar instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, las superintendencias, entre otras”.

Un argumento de por qué despolitizar los órganos de control lo da el excandidato a la vicepresidencia para 2013, Juan Carlos Solines, quien aseguró a este medio que los cargos previos del actual presidente del Consejo de la Judicatura fueron como ministro del Interior y secretario privado de Correa. “Gustavo Illalta, la actual cabeza de la función judicial, fue secretario privado del presidente. Otro ejemplo, quien reemplazó a Illalta como secretario privado, su anterior puesto era presidente del Consejo Nacional Electoral. Omar Simon fungió en las elecciones de 2013 como presidente del Consejo Nacional Electoral, que supuestamente es un cuarto poder independiente, y de allí pasó a ser secretario privado del presidente”, detalló.

La Fundación para el Debido Proceso también ha criticado la gestión de Correa en este sentido. “El gobierno de la ‘revolución ciudadana’ ...ha desenvuelto una manifiesta línea de acción encaminada a controlar las decisiones judiciales en asuntos que son de interés o preocupación gubernamental; y, segundo, en esa dirección ha debilitado severamente la división de poderes del Estado y el juego de pesos y contrapesos que caracteriza a un régimen democrático”, señala Luis Pásara, en el reporte Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, de 2014.

LAS 12 REVOLUCIONES

Moreno afirma en su plan de gobierno que este es el resultado de más de 2 mil conferencias ideológicas realizadas en todo el país, en las que participaron unos 70 mil ciudadanos, 71% de zonas rurales.

Así se habrían definido 12 objetivos específicos para su gestión, que denomina las 12 revoluciones (política, ética, social, productiva, rural, de la cultura, ecológica, de la juventud, de la soberanía). En la primera de ellas, la política, asegura que son “un proyecto maduro, que sabe cómo hacer las cosas y lo hemos demostrado durante 10 años de gestión… Es necesario complementar lo logrado con el fortalecimiento de la sociedad civil, las múltiples expresiones populares y la transformación profunda del poder… La agenda política de la derecha quiere hacernos creer que el ciclo de crecimiento de la izquierda en el continente ha llegado a su fin, pero esto no es más que una estrategia de deslegitimación. El poder económico utiliza distintas tácticas para recuperar su viejo poder: manipulación mediática, mentiras descaradas, guerras económicas, golpes judiciales y parlamentarios con la tendencia progresista en América Latina (...)”, señala el texto.

Destaca que los retos a futuro en esta área son consolidar el proyecto nacional popular (las organizaciones sociales deben abrir campos de lucha para generar cambios) y profundizar la democracia: “Romper los esquemas tradicionales de la democracia elitista y construir una visión de largo plazo para sostener la revolución”.

La segunda revolución, la ética, conlleva una “lucha frontal y radical contra la corrupción en todas sus manifestaciones; transformar el servicio público hacia la transparencia y eficiencia en la gestión”. La tercera, la económica, productiva y del trabajo, busca atraer inversiones extranjeras que permitan la transferencia de conocimiento, incrementar su capacidad de generación de energía mediante 13 proyectos y crear empresas públicas y mixtas, entre otros.

Como parte de la revolución de la justicia, afirma que impulsará una mayor eficacia en el sistema basado en la transparencia y rendición de cuentas, que continuará con el proceso de evaluación y formación de funcionarios judiciales y consolidará la carrera judicial.

La Fundación para el Debido Proceso señala que, en 2013, de cada tres procesos disciplinarios abiertos contra jueces, uno terminó en la sanción de destitución. Y destaca que los cambios al Consejo de la Judicatura producto de la Constitución de 2008 –que Correa impulsó– produjo una preeminencia de los otros poderes en el órgano de gobierno de la Función Judicial, tanto respecto del periodo “de transición”–de 18 meses– como de la conformación permanente, que es la actual.

LOS TRES EJES

Al desarrollar su plan de trabajo, Lasso definió tres ejes: el económico, el institucional y el social. El primero incluye la reconstrucción económica, el trabajo, el emprendimiento, las relaciones con el mundo y la producción. En el segundo están la democracia y la seguridad, y en el tercero, educación, salud, jubilación, vivienda, agua potable, entre otros.

De estos ejes se desprenden 11 objetivos específicos, entre los que destacan implementar una reforma institucional que incluye transformar la seguridad social a través de un sistema mixto de pensiones (con capitalización y ahorro), convocar a una consulta popular para que los ciudadanos decidan si ratifican la reelección indefinida y la renovación de las autoridades de control y supervisión que deja la gestión correísta.

Otro de los aspectos que resalta es el combate a la corrupción, dentro de lo que se incluye garantizar la libertad de prensa.

En el área de la optimización del sistema de salud se encuentra fomentar con incentivos tributarios la inversión privada para solucionar el déficit de infraestructura hospitalaria y promover la participación del sector privado en el financiamiento, construcción u operación de la red pública de hospitales; y para fomentar los empleos se prevén beneficios tributarios.

La reducción de impuestos que aplicaría Lasso fue criticada por Moreno. “Bajar los impuestos significa que él y sus amigos van a dejar de pagar $3 mil 700 millones (...), toca botar a la calle 230 mil maestros, corresponde cerrar todos los hospitales del país”, apuntó durante una gira por Guayaquil el pasado 28 de marzo.

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