VENEZUELA

Dos muertes más en protestas

Con estos nuevos decesos, suman cuatro las víctimas fatales de las manifestaciones. También se cuentan, al menos, 183 detenidos.

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La Policía venezolana interviene para evitar una trifulca entre los partidarios y opositores de Nicolás Maduro frente a la Basílica de Santa Teresa, en Caracas. La Policía venezolana interviene para evitar una trifulca entre los partidarios y opositores de Nicolás Maduro frente a la Basílica de Santa Teresa, en Caracas.
La Policía venezolana interviene para evitar una trifulca entre los partidarios y opositores de Nicolás Maduro frente a la Basílica de Santa Teresa, en Caracas.

Dos nuevas víctimas fatales dejaron la noche de este martes las protestas que desde la semana pasada efectúan opositores al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con ellas se eleva a cuatro el número de muertes en estas manifestaciones callejeras.

Las dos últimas víctimas –ambas fallecidas en sectores de Barquisimeto, estado Lara– fueron un adolescente de 13 años y Miguel Ángel Colmenares, de 36, según informó la Fiscalía General de la República en un comunicado, sin dar más detalles.

El diputado opositor Alfonso Marquina, quien identificó al menor ultimado como Brayan Principal, atribuyó su asesinato a grupos afectos al Gobierno.

Estos decesos se suman a los del joven Jairo Ortiz, de 19 años, ocurrido el 6 de abril en Carrizales, a las afueras de Caracas; y del estudiante universitario Daniel Queliz, reportada la noche del pasado lunes en Valencia, capital del estado Carabobo.

Al conteo también se añade la muerte colateral de Ricarda González, de 87 años, quién murió tras inhalar gases lacrimógenos que penetraron en su vivienda en la urbanización Bello Monte de Caracas. Según la Policía, González era asmática y a causa de los gases lacrimógenos le sobrevino una insuficiencia cardiaca.

En tanto, según la oenegé Foro Penal Venezolano, los cuerpos de seguridad del Estado han arrestado a 364 personas, 183 de las cuales permanecen detenidas sin proceso y 15 ya fueron privadas de libertad, mediante una orden judicial.

En respuesta a las quejas contra el Gobierno por estas detenciones, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que el Estado protege las manifestaciones pacíficas, porque ello es un mandato constitucional, y denunció una campaña nacional e internacional contra la fuerza armada venezolana.

“El que quiera manifestar, puede hacerlo como dice la Constitución, pacíficamente y sin armas. Eso no se toca ni con el pétalo de una rosa (…) pero cuando esto deja de ser pacífico, se pierde el derecho a manifestar”, dijo.

El ministro también cuestionó a la oposición por supuestamente dar informaciones sin verificar, ya que “se concentran en un sitio, para luego marchar a donde no están autorizados”.

MÁS DETENCIONES

En tanto, ocho jóvenes de entre 13 y 15 años fueron detenidos en el estado Bolívar, al sur del país, por ser presuntamente responsables de arrojar objetos al presidente Maduro cuando se retiraba de un desfile militar la noche del pasado martes en San Félix, efectuado en conmemoración del bicentenario de la batalla independentista de San Félix (1817).

El abogado de los detenidos informó que hasta ahora dos de ellos, que son mayores de edad, continúan privados de su libertad.

Mientras, testigos contaron a la agencia noticiosa Reuters que las protestas en las zonas populares y de clase media aumentan a medida en que crece el descontento con el Gobierno. De hecho, hubo reportes de manifestaciones en La Vega, Coche y Petare, en Caracas.

ATAQUES A LA IGLESIA

Por otra parte, colectivos oficialistas irrumpieron ayer en la Basílica de Santa Teresa, en la capital, mientras se oficiaba una misa previa a la procesión del Cristo de Nazareno de san Pablo.

Según el portal La Patilla, los hechos ocurrieron al finalizar la misa.

El dirigente opositor Antonio Ecarri, quien estuvo presente, denunció que el cardenal Jorge Urosa Savino fue golpeado al salir de la iglesia y por ello tuvo que ser escoltado por agentes de la Policía Nacional.

En cambio, el corresponsal de Telemundo en Caracas, Alberto Rodríguez, aseguró en redes sociales que Urosa Savino fue protegido y llevado por presbíteros y seminaristas a la sacristía después de ser agredido.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, consideró como “una afrenta al pueblo de Dios” la irrupción de los colectivos oficialistas y expresó su solidaridad con los católicos de Venezuela, tras las agresiones sufridas por el cardenal.

Asimismo, Borges reiteró su exhorto a los miembros de la fuerza armada, especialmente de la Guardia Nacional, para que actúen frente al accionar de los grupos paramilitares afectos al Gobierno, y recalcó que la escalada de violencia contra los manifestantes opositores es producto de la impunidad de esos colectivos chavistas.

La coordinadora de Vente Venezuela y exdiputada María Corina Machado, quien también se encontraba en la misa, condenó en Twitter las agresiones y calificó de “delincuentes” a las personas que irrumpieron en el centro religioso.

Estos delincuentes no respetan ni la misa de Nazareno, hoy Miércoles Santo. En la Basílica de Santa Teresa agreden al cardenal”, escribió Machado.

Los hechos se produjeron después de que el también arzobispo de Caracas, y el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco José Virtuoso, se pronunciaran en una rueda de prensa más temprano sobre “la violación de los derechos humanos y la impunidad”.

Ambas figuras de la Iglesia católica venezolana consideraron que existe una “grave ruptura del orden constitucional” y calificaron como “inaceptable” el desconocimiento del Gobierno hacia la Asamblea Nacional.

Desconocer la existencia del otro y sus derechos es, sencillamente, destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural”, expresaron en un comunicado conjunto.

Virtuoso y Urosa Savino reivindicaron la protesta como un derecho humano consagrado en la Constitución y criticaron al Gobierno por desplegar “una represión indiscriminada y sistemática en contra de la población civil, haciendo uso irresponsable e ilegal de la fuerza”.

Por otra parte, calificaron como “aberrantes” los disparos de bombas lacrimógenas dentro de establecimientos, como centros de salud y centros comerciales, y el lanzamiento de estos artefactos desde helicópteros de diferentes cuerpos de seguridad del Estado.

Por lo tanto, consideraron que los mecanismos para mantener el orden público deberían ser compatibles con la protección y la garantía de los derechos humanos.

La Iglesia venezolana exigió, además, el cese de las detenciones arbitrarias y que se cumpla el debido proceso y las garantías judiciales a todos aquellos que se encuentran privados de libertad.

Virtuoso y Urosa Savino también instaron a una investigación independiente por el lanzamiento de perdigones, balas de goma y gases tóxicos a los manifestantes.

De igual forma, exhortaron a la protesta pacífica.

(Con información de Runrunes, ‘Unión Radio’ y ‘La Patilla’).

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