La nave del olvido

El 5 de noviembre de 2001, 3 mil fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos calibre 5.62 mm fueron desembarcados en el Urabá colombiano. En el puerto de Zungo, las armas fueron cargadas en 14 camiones que partieron con destino desconocido.

La carga bélica había llegado a bordo de la nave de bandera panameña Otterloo, proveniente de Nicaragua, a donde había parado a hacer supuestas reparaciones. La tripulación del barco había declarado al zarpar, de Veracruz, México, que traía un cargamento de pelotas de goma dirigido a la ciudad de Colón, en Panamá. Sin embargo, la nave nunca tocó ese puerto y siguió de largo hasta las costas colombianas.

Fue el diario colombiano El Tiempo el que destapó la magnitud de lo ocurrido en 2002.

El entonces jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, admitió a ese rotativo que a través del navío había logrado conseguir, desde Centroamérica, una gran cantidad de armamento para sus hombres, lo cual se había constituido en “su mejor gol”.

En Nicaragua y en Panamá, las autoridades se vieron sorprendidas: la compra del armamento en Nicaragua se hizo a través de una transacción aparentemente legítima. La policía de Nicaragua había realizado un negocio de armas para modernizar su arsenal y a cambio deshacerse de viejos fusiles AK-47, remanentes de la guerra centroamericana.

El intermediario comercial, Gir S.A. se había comprometido a ocuparse de colocar las armas y encontró a un negociante que decía representar a la Policía Nacional de Panamá y que estaba interesado en adquirir los viejos AK-47. Sin embargo, el comprador consideró que los fusiles eran muy viejos, por lo cual un alto funcionario nicaragüense, para tratar de salvar el negocio, aceptó entregarle 3 mil fusiles nuevos del ejército a cambio de los 5 mil fusiles viejos de la policía nica.

El intermediario interesado en la adquisición presentó una solicitud de compra de la Policía de Panamá, que tenía un anexo habilitado como certificado de destino final, y ese documento bastó para finiquitar la transacción.

Desde luego, el papel era falso y la Policía panameña dijo no saber nada de ellos.

NEGOCIO

En junio de 2001 se había constituido en Panamá la empresa Trafalgar Maritime Inc, que a su vez adquirió a principios del mismo mes la nave Otterloo comprada a propietarios holandeses, y que obtuvo una patente provisional de navegación el 24 de julio, detalla un informe de la Organización de Estados Americanos sobre el caso.

Esta empresa fue la elegida para mover las armas por el ciudadano israelí residente en Panamá Shimon Yalin Yelinek, responsable de concretar el negocio con los nicaragüenses.

El monto de la transacción ascendía a poco más de 500 mil dólares.

Una segunda transacción estaba en curso, a comienzos de 2002, esta vez por cerca de un millón de dólares, cuando las autoridades de los tres países se dieron cuenta de que las armas habían ido a parar a manos de irregulares colombianos y montaron un operativo conjunto de inteligencia denominado Operación Triángulo.

La idea era infiltrar a la red de tráfico de armas, desmantelarla y capturar a los responsables. Sin embargo, el negociador de Nicaragua fue alertado, aparentemente por militares de ese país, y canceló el negocio.

En abril de 2002 Trafalgar Maritime Inc. fue disuelta y el Otterloo fue vendido al colombiano Edgar Enrique Aaron Villalba, quien habría registrado la nave en Belice, aunque nunca se pudo hallar prueba de ello.

El 30 de marzo de 2004, luego de que el Ministerio Público de Panamá hubiese sometido a investigación a algunos de los involucrados con el cargamento de armas, la Corte Suprema de Justicia de Panamá decidió aceptar un amparo de garantías a favor de Yelinek y cerró así la investigación en Panamá.

El fallo, que contó solo con el salvamento de voto del entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona, señalaba que no se había hallado “suficiente evidencia”, de que el contrabando se hubiese fraguado en Panamá y por tanto el organismo no tenía “jurisdicción” para decidir sobre estos hechos.

Entre tanto, un juez colombiano condenó en 2006 a nueve años de cárcel a tres funcionarios de aduanas por haber permitido el ingreso de este armamento.

Freddy Rendón alias El Alemán, líder paramilitar del Frente Elmer Cárdenas, que operaba para la época en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia, aceptó ante la justicia colombiana en noviembre de 2009 haber participado en el ingreso de las armas.

El 2 de abril de 2011, la revista Semana de Colombia dio a conocer un cable diplomático estadounidense, filtrado por la organización Wikileaks, del año 2004, en el que se cuestionaba en duros términos la decisión de los magistrados panameños en torno al caso del Otterloo.

“La decisión de la Corte ha sorprendido a los observadores, dado el hecho de que los acusados usaron un certificado falsificado de la Policía Nacional de Panamá, la mercancía se transportó en un buque de bandera panameña, adquirido por una compañía con base en Panamá”, señalaba el cable.

El mismo cable sugería que aquello era ejemplo de la “corrupción” en el sistema judicial panameño.

Se señalaba, además, que Yelinek había buscado acelerar su naturalización para evitar ser extraditado a Estados Unidos, donde la agencia antidrogas de ese país, la DEA, le seguía una investigación.

Al Qaeda y el informe de la OEA

Debido a la magnitud del contrabando de armas acarreado por el Otterloo, y porque la transacción involucraba a tres países de la región, la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció una comisión investigadora en 2002 encargada de determinar los hechos y rendir un informe a fin de lograr que la justicia cumpliera su cometido.

La comisión halló una compleja trama de comercio de armas que involucraba a comerciantes de Estados Unidos, Guatemala y Panamá, y la presunta complicidad de mandos del ejército y la policía nicaragüenses. En el caso de Panamá, el informe señalaba que, pese a la existencia del certificado fraudulento de la Policía panameña del que se valieron los traficantes, no había indicios de que el Gobierno panameño estuviese involucrado. Se sugería que Panamá debía investigar cómo había llegado el documento a manos de los traficantes. Entre otras curiosidades, advertía de que una de las empresas que negociaba con el Ejército de Nicaragua estaba implicada en una transacción para un traficante de armas libanés que buscaba misiles antiaéreos al parecer para una célula de Al Qaeda.

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