ENTREVISTA con Francisco Barbosa

´La opinión no se debe aplastar´

Las persecuciones penales contra periodistas y particulares tienden a reprimir a las sociedades, asegura el experto.
Francisco Barbosa cuestiona que los presidentes compren medios de comunicación porque se afecta el concepto de sociedad democrática. Cortesía: Rodrigo Báez. Francisco Barbosa cuestiona que los presidentes compren medios de comunicación porque se afecta el concepto de sociedad democrática. Cortesía: Rodrigo Báez.
Francisco Barbosa cuestiona que los presidentes compren medios de comunicación porque se afecta el concepto de sociedad democrática. Cortesía: Rodrigo Báez.

La diputada colombiana María Fernanda Cabal incendió el ciberespacio, levantando ampollas con un tuit que criticaba un saludo entre la sonriente hermana de una víctima mortal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y un supuesto representante de este grupo paramilitar.

El escenario: los diálogos de paz colombianos, cuyas reuniones tienen lugar en La Habana, Cuba.

Los críticos de Cabal pidieron su cabeza y estalló el debate, en un país donde aún sangran las heridas de una guerra de medio siglo, conocida técnicamente en los informes internacionales como ´el conflicto´.

Pese a no estar de acuerdo con Cabal, el catedrático y columnista del diario El Tiempo, Francisco Barbosa, alzó su voz en defensa del derecho a la libre opinión cuando los juicios de valor no constituyan un delito.

Barbosa en su artículo ´Opinar no es delinquir´ dijo que para que las palabras se conviertan en delito debe emitirse una información incorrecta, que al ser confrontada con la realidad resulte falsa en su ataque a la honra de una persona (injuria). Hay causal de investigación cuando se acusa falsamente a alguien, de haber cometido un delito (calumnia), explicó el jurista.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia solicitó a la Corte Suprema de ese país que investigara a Cabal por los delitos de injuria y calumnia, entre otros. Por su parte, Cabal señaló a los medios que no se arrepentía “de nada”.

En su despacho en la Universidad Externado de Colombia, Francisco Barbosa, contó a La Prensa su visión sobre los peligros de la judicialización de la mera opinión en el contexto latinoamericano y cómo este fenómeno afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿Hasta dónde puede flexibilizarse el derecho a la opinión?

Nadie es propietario de la opinión de nadie. Más allá de la coyuntura, hay unos parámetros frente a la libertad de opinión y de expresión en los países que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha fijado y que la Corte Constitucional colombiana ha planteado. El sistema jurídico no puede ser utilizado para perseguir penalmente cualquier manifestación, de izquierdas, o de derechas, bien sea de cualquier medio. Al final terminamos afectando la idea de sociedad democrática que está atada a la idea de libertad de expresión.

¿Qué bien jurídico protegido prima entre la libertad de expresión en general y la honra particular?

Los límites están establecidos en los tratados internacionales, en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Están limitados en la Constitución Política. La paradoja que podemos plantear es que uno no puede, so pena de proteger de forma masiva un derecho, menoscabar el otro.

¿Cuál es la diferencia entre una opinión negativa y una injuria ?

Un tema de discusión penal en Colombia y en gran parte de América Latina es que la injuria significa atribuir a alguien una conducta deshonrosa. Pero esa es una configuración tremendamente abstracta, que permite que cualquier tipo de expresión pueda ser ubicada dentro de la injuria. Hay que distinguir si se hace algún tipo de manifestación irónica de si se hace algún tipo de manifestación puntual sobre alguien.

En el caso de la calumnia, la diferencia es también un delgado hilo...

Si yo digo que usted ordenó disparar contra unos civiles y yo le pido la prueba y usted no la tiene, habría un problema frente a la justicia. Si usted está criticando a una autoridad o a una figura pública, o a cualquier persona, entendiendo que existen unos niveles de responsabilidad distintos, evidentemente estamos ante una mera opinión o un juicio de valor que no amerita ningún tipo de análisis sobre veracidad o imparcialidad.

¿Esto se aplica directamente bajo el amparo de la Constitución ?

Bajo la Constitución colombiana y bajo los criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que se aplican en todo el continente, evento que ha generado las molestias en Ecuador con el presidente Rafael Correa y en Argentina, con la presidenta Cristina Fernández. Los estándares están establecidos. El juicio de valor no puede ser sometido a un análisis criminal, porque entonces por ese camino se va a generar una autocensura (represión) dentro de la misma población. Incluso han ido más allá, diciendo que si usted retuitea una información, estaría incurriendo en calumnia o injuria indirecta.

En la denuncia que se hizo (contra Cabal), más allá de la imprudencia y más allá de que uno esté o no de acuerdo con el trino (tuit), la sanción tiene que ser de su propia gente o de su grupo político o del ciudadano que votó por esa persona, pero no puede ser -desde ningún punto de vista- la vía penal.

¿Basta la sanción social para el perjudicado?

Colombia debe entrar en un debate de despenalización de estas figuras (calumnia e injuria) y de utilización de sanciones de carácter civil. Que quien se sienta afectado pueda ir donde un juez y decir: ´quiero demostrar mi daño y el vínculo de causalidad que se generó de esa expresión con mi daño´ y, al mismo tiempo, quiero demostrar la mala fe de quien emitió esa expresión´.

Respecto a estos delitos, hay mensajes masivos que trascienden culturas. ¿Cómo perseguir penalmente esto?

Las nuevas tecnologías y estos nuevos medios plantean un desafío para cualquier juez penal.

La imputación deshonrosa es un tipo penal tan abstracto que está dependiendo del criterio que tenga un juez penal hoy, es decir, si pertenece a una iglesia cristiana, o si es laico, o si no tiene religión, o si considera si eso está bien o mal para una sociedad. Él determina si debe mandar a la cárcel o no a una persona. Más allá de las tendencias ideológicas, lo que hay que defender es cuál es el derecho que se está poniendo en juego. Hay que despenalizar esas dos figuras, porque eso es abstracto y da para cualquier cosa.

¿Qué opina del cerco informativo que el expresidente Ricardo Martinelli implantó a algunos medios como La Prensa?

La libertad de expresión tiene dos fundamentos: uno es el que pueda la gente recibir información de cualquier índole y la otra variable es que las personas puedan expresar sus opiniones. Una dimensión pasiva y activa.

Si hay una manifestación de ese tipo se está alterando una de esas variables, y los informes de la CIDH le darían razón a quien vaya a interponer una petición por esa figura. Está claro que cuando yo estoy impidiendo que la información le llegue al ciudadano, estoy afectando la misma idea de sociedad democrática, afecto el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por esos aspectos ya han sido condenados varios Estados latinoamericanos.

En casos de adquisiciones masivas de medios como lo hizo Martinelli durante su mandato presidencial, ¿qué se puede hacer?

Hay unos derechos que se infringen al yo apoderarme de los medios de comunicación. El derecho no solamente de los mismos medios, sino al mismo tiempo de la gente. Habría posibilidades de peticiones o de reclamos o de quejas ante el SIDH. La CIDH se ha pronunciado ya sobre esos temas.

En la medida que los países sean mucho más ricos habrá presidentes de la República que puedan comprar medios de comunicación. No hay fórmula mágica, una de las reglas es que desaparezcan las persecuciones penales; la opinión no se debe aplastar.

HISTORIADOR, ABOGADO Y COLUMNISTA

Perfil.

Abogado, escritor, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Posee un máster en derecho público de esta casa de estudios. Además, es doctor en derecho público por la Universidad de Nantes, Francia y magíster en historia por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fue elegido en 2011 miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Academia Colombiana de Historia. Es columnista del diario colombiano ´El Tiempo´, especializándose en temas de libertad de expresión y reforma constitucional. Es autor de varios libros de derecho.

Panamá, país penalizador

En Panamá, la injuria puede ser sancionada con una pena de 60 días multa en su forma simple y hasta de un año de prisión si se transmite a través de un medio de comunicación (oral o escrito) o mediante un sistema informático.

La calumnia se castiga en esa forma pero las penas son más altas. El Código Penal castiga con un mínimo de 90 días multa y hasta con un año y medio de prisión. El rigor de la sentencia condenatoria y la posibilidad de aplicación del sistema de pagar los días multas para evitar el ingreso a prisión depende de la gravedad del daño valorada, por el criterio del juez.

En algún momento se pretendió aprobar en el país un proyecto que castigara adicionalmente al medio de comunicación, pero la idea no prosperó. No obstante la ley penal tiene excepciones.

El Código Penal, en el título de los Delitos contra el honor, señala que cuando los ofendidos sean funcionarios de elección popular, gobernadores o estén descritos en el artículo 304 de la Constitución Política, tales como el presidente y vicepresidente de la República, los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Electoral, los ministros, el contralor, los procuradores, entre otros, “no se impondrá sanción penal”, mas se puede exigir responsabilidad civil.

Esta excepción data de reformas en la legislación penal, aprobadas en 2008.

Para Guido Rodríguez, expresidente del Fórum de Periodistas, el artículo 175 del Código Penal anterior criminalizaba el periodismo, ya que penalizaba conjuntamente al periodista que transmitiera una información, cuando la fuente hubiera falseado la información. “La labor de los periodistas es, entre otras cosas, recoger declaraciones”, recalcó.

YAHIR LEIS ALVARADO

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