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RECLAMO CIUDADANO

A oscuras en la tierra del oro verde

Trabajadores heridos en los enfrentamientos de Bocas del Toro afrontan un calvario por el dolor que les causa vivir con perdigones en el cuerpo.

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Los enfrentamientos en 2010 entre los trabajadores y miembros de la Policía Nacional dejaron 2 obreros muertos y 600 lesionados, entre ellos varios con heridas de perdigón. Los enfrentamientos en 2010 entre los trabajadores y miembros de la Policía Nacional dejaron 2 obreros muertos y 600 lesionados, entre ellos varios con heridas de perdigón.

Los enfrentamientos en 2010 entre los trabajadores y miembros de la Policía Nacional dejaron 2 obreros muertos y 600 lesionados, entre ellos varios con heridas de perdigón. Foto por: Archivo

Gabriel Zurdo está perdiendo la vista. CORTESÍA Gabriel Zurdo está perdiendo la vista. CORTESÍA

Gabriel Zurdo está perdiendo la vista. CORTESÍA

La imagen muestra los 160 perdigones de plomo que tiene incrustados Armando Baker. CORTESÍA La imagen muestra los 160 perdigones de plomo que tiene incrustados Armando Baker. CORTESÍA

La imagen muestra los 160 perdigones de plomo que tiene incrustados Armando Baker. CORTESÍA

La vida está siendo tormentosa y dolorosa para Armando Baker con 160 perdigones de plomo incrustados en su cuerpo, los cuales invaden su hígado, riñones e intestinos.

Este hombre, quien en 2010 era trabajador de la empresa productora de banano Bocas Fruit Company, en la provincia de Bocas del Toro, decidió participar en julio de ese año en las protestas contra la Ley No. 30, también llamada “ley chorizo”, que afectaba las libertades sindicales del país.

En aquel momento, Baker era un joven fuerte de 29 años de edad que simpatizaba con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y Empresas Afines.

Como muchos bocatoreños, su futuro laboral giraba en torno a sembrar y empacar bananos. Ese es el destino de muchos chicos que nacen en esa provincia, donde 5 de cada 10 personas son pobres, según el mapa de pobreza presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas este año.

Por eso es que el banano es considerado por ellos mismos como su “tesoro”, su “oro verde”, pues es la única actividad económica que les permite ganarse algunos dólares para subsistir en Bocas del Toro que, sin contar a las comarcas indígenas, es la región con más carencias en Panamá.

Durante la manifestación Baker recibió varios impactos con perdigones que le impedían caminar. Cuenta que el diagnóstico de los médicos era que no volvería a caminar porque la mayoría de las heridas las sufrió muy cerca de la columna vertebral.

“Con mucha voluntad me recuperé. El gobierno de aquel entonces nos reprimió de la peor forma posible, se lamenta el hombre que ahora tiene 36 años de edad, y quien recibe una pensión vitalicia de $800, la cual fue aprobada en mayo 2015 a través de la Ley No. 28 que brindaba beneficios a los trabajadores heridos.

Junto con Baker fue lesionado Ramón Jiménez, uno de los 62 obreros que perdieron la vista parcialmente. Reportes estadísticos del Movimiento 8 de Julio, el cual defiende los derechos de estas personas, también dan cuenta de otras dos víctimas que perdieron completamente sus ojos, debido a las heridas con los perdigones.

Para Jiménez, ningún subsidio le devolverá su visión, y lamenta que además de los traumas físicos también han quedado secuelas psicológicas en ellos. “Muchos nos llaman tuertos y se ríen. Esto no es fácil”, dice.

Una de las quejas de este grupo es la falta de médicos especialistas en esa provincia, donde solo hay un oftalmólogo. Debido a ese problema, a muchos no les queda otra opción que venir a la ciudad de Panamá cuando tienen alguna complicación.

Estas personas consideran que eso deteriora su salud, y estiman que entre 2010 y 2017 han fallecido, por diversas causas, 11 de los heridos.

Precisamente, en estos siete años, Gabriel Zurdo sostiene que su estado físico no es el mismo con tres perdigones en su cabeza. “Yo sigo en la bananera aún, pero no es lo mismo porque más la paso en el hospital que trabajando”, manifiesta.

Subraya que aunque él no perdió su visión durante la manifestación, a medida que pasaban los años comenzó a afrontar dificultades del lado derecho de su ojo, donde tiene los perdigones. “Ya no veo por allí y tengo mareos y dolor de cabeza”, cuenta.

BALANCE DE LA TRAGEDIA

Jacinto Quintero, presidente del Movimiento 8 de Julio, señaló que fueron 600 heridos por perdigones, algunos más graves que otros, de los cuales 82 reciben una pensión vitalicia de $800, debido a que perdieron órganos y la vista. Eso incluye a las viudas de los dos trabajadores que murieron en las protestas: Antonio Smith y Virgilio Castillo.

El resto recibe una pensión de $200 que es revisada cada tres años por una Comisión de Salud para determinar si la persona después de ese tiempo mejoró o empeoró. En este último caso pasará a recibir la de $800.

“Esto ha traído numerosos problemas, y hemos tenido que aprender a convivir con los perdigones de plomo en el cuerpo”, dijo.

Sobre el cumplimiento de la Ley 28 de mayo 2015, que contempla beneficio a estas personas, detalló que se está cumpliendo a medias. Quintero enfatizó que deben darle seguimiento al estado de salud de los afectados.

Precisó que dentro de la norma el Estado se compromete a que ante el desabastecimiento de uno o varios fármacos, necesarios para la atención y tratamiento de los afectados, se gestionará la compra directa.

También se debe crear una Comisión de Seguimiento para atender las necesidades de estas personas, que debe estar integrada por autoridades y trabajadores; así como una Comisión Médica Evaluadora Interinstitucional, integrada por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, para garantizar la atención médica.

Eso implica habilitar una clínica para estos trabajadores en Changuinola.

RESPUESTA ESTATAL

Simón Batista, representante del Gabinete Social del Ministerio de la Presidencia, dijo que en esta gestión se ha tratado de dar una respuesta inmediata por medio de la ley, y este año se incluyen a las últimas 125 personas que recibirán la pensión de $200.

“No había una ley, y ahora se le da una garantía”, aportó el funcionario, quien argumentó que próximamente inaugurarán en Changuinola la clínica para la atención expedita de los trabajadores.

En tanto, Rigoberto Wong, director regional de la Caja de Seguro Social y coordinador de la Comisión Médica que da seguimiento a este grupo, aportó que evidentemente se quería “hacer daño” a estas personas al dispararles tantos perdigones.

Añadió que se trata de hacer lo mejor posible en coordinar la ayuda médica a estas personas, y que en muchos casos tienen que enviarlos a la ciudad, dependiendo de la complicación.

Sobre las secuelas, manifestó que los perdigones no se pueden extraer y que algunos pueden vivir con eso. Aunque reconoció que como no hay estudios de plomo en la sangre, no pueden precisar cuál sería la consecuencia de esos cientos de perdigones en el cuerpo de una persona.

Hoy sábado hay una marcha en Changuinola para recordar el incidente. Además, en ese distrito es Día de Duelo Nacional.

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